Hedelberto López Blanch
Rebelión
04-03-2008
Los Tratados de Libre Comercio (TLC) han sido diseñados por las naciones desarrolladas con el objetivo explícito de controlar económica, financiera y hasta políticamente a los países menos desarrollados que en una lid de paridad, no pueden competir con compañías foráneas que poseen tecnologías modernas y abundante capital. Es la versión del colonialismo moderno.
Bajo es esquema, ya resultaría innecesario lanzar agresiones o invasiones armadas contra otros países para dominarlos, pues por medio del control económico y financiero las compañías transnacionales, apoyadas por sus Estados originarios, poseerán fuerza y poder hasta para imponer presidentes afines, bajo la amenaza de imponer sanciones y desestabilizar completamente a un gobierno.
El premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, quien entre 1997 y 2000 fue economista jefe del Banco Mundial, ha alertado en varias ocasiones los riesgos que entrañan los TLC, al aumentar las desigualdades sociales y agudizar la pobreza en los núcleos rurales.
En una reciente ponencia expuesta en un seminario realizado en Lima, bajo el título “Perspectiva de la economía internacional 2008: Desafíos para América Latina y el Perú” explicó que se debe prestar mucha consideración en aprovechar las nuevas aportaciones, pero también los nuevos riesgos que surgen con los TLC Puso como ejemplo el Tratado firmado en 1994 entre México, Estados Unidos. y Canadá (TLCAN) y señaló que después de suscribirse los salarios en la nación azteca son más bajos, la pobreza rural aumentó y la desigualdad creció. Según Stiglitz, eso se debe a que tras la firma del acuerdo «se destruyeron empleos más rápido que los que se crearon (...) y los pobres mexicanos, que eran los agricultores maizeros, no pudieron competir con los maizeros estadounidenses», quienes reciben altas subvenciones estatales. El premio Nobel considera que «un TLC no es un TLC. Es solo un nombre y en Washington existe la costumbre de poner el nombre contrario a las cosas
En otro foro realizado en Ecuador, Stiglitz fue más explícito al considerar que el modelo económico genera más pobres y que sus consecuencias en el ámbito social no han sido analizados por los organismos responsables del equilibrio comercial mundial como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Adujo que la globalización ha sido diseñada para promover mayores ganancias del sistema financiero y para que haya una mayor transferencia de dinero desde los países en desarrollo a los industrializados. Los TLC según el destacado economista, aumentan la desigualdad y es una herramienta utilizada por Estados Unidos para 'dividir a los países subdesarrollados, destruir el multilateralismo e imponer sus industrias', como ocurre en el caso de las patentes medicinales. Estados Unidos al fracasar con su intención de imponer el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en toda la región, se lanzo a crear acuerdos bilaterales con gobiernos afines y bajo su égida económica.
De esa forma, Washington utiliza los TLC y los acuerdos sobre inversiones bilaterales y regionales para lograr concesiones que no es capaz de conseguir en la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde los países en desarrollo pueden unirse y negociar unas reglas más favorables.
Estados Unidos denomina este enfoque “liberalización competitiva” y la Unión Europea también está utilizando las bases de los acuerdos bilaterales como los peldaños hacia futuros convenios multilaterales.
En enero de 2008, la Organización No Gubernamental británica Orfam publicó un informe sobre el efecto de los TLC en los países del Sur donde puntualizó que el avance inexorable de estos tratados sobre comercio e inversiones, negociados en gran medida a puerta cerrada, amenaza con socavar la promesa de que el comercio y la globalización servirían como motores para reducir la pobreza.
Según Orfam, en un mundo cada vez más globalizado, estos acuerdos buscan beneficiar a los exportadores y a las empresas de los países ricos a expensas de agricultores y trabajadores pobres, con graves consecuencias para el medio ambiente y el desarrollo, y privan a los países en desarrollo de su capacidad de dirigir la economía nacional y proteger a sus ciudadanos más pobres.
Y resulta que al sobrepasar las disposiciones negociadas a nivel multilateral, los convenios bilaterales como están diseñados, imponen reglas de mayor alcance y difícil marcha atrás que desmantelan de manera sistemática las políticas nacionales de promoción del desarrollo.
Orfam destaca en su informe titulado, Nuestro futuro por la borda, que Estados Unidos y la Unión Europea están imponiendo reglas sobre propiedad intelectual que reducen el acceso de las personas pobres a las medicinas, aumentan los precios de las semillas y de otros insumos agrícolas poniéndolos fuera del alcance de los pequeños productores, y dificultan el acceso de las empresas de los países en desarrollo a las nuevas tecnologías.
En sentido general, los TLC firmados por Estados Unidos con México, Centroamérica, República Dominicana, Perú, Chile, y Panamá han establecido que una vez rubricados, más de la mitad de las exportaciones agrícolas norteamericanas a esas naciones, disfrutan de cero arancel, como carnes de res y de cerdo, pollo, algodón, trigo, soja, arroz y frutas. Después se van sumando otros como maíz, granos.
El resultado a la vuelta de unos pocos años, como ya ha ocurrido en México con el TLCAN, será la quiebra total de los pequeños y medianos agricultores que no podrán competir con productores norteamericanos debido a las altas tecnologías que utilizan y las millonarias subvenciones que reciben del Estado.
Asimismo, como promedio el 80% de las exportaciones estadounidenses de productos industriales y consumo quedan con arancel cero inmediatamente después de la entrada en vigencia de los acuerdos y el 85% queda libre de impuestos en cinco años.
Como resultado, las industrias nacionales irán desapareciendo paulatinamente y sus poblaciones se dedicarán a vender en las tiendas las mercancías recibidas desde el exterior.
Los TLC establecen que los países firmantes otorgarán acceso a mercados en todos los servicios, como telecomunicaciones, mensajería rápida, servicios de computación, turismo, energía, transporte, construcción e ingeniería, servicios financieros, entretenimientos, seguros y otros.
Además, prevén protecciones y trato no discriminatorio para productos digitales como software, música, texto y vídeos, a la par que fortalecen las patentes estadounidenses, las marcas y los secretos comerciales.
Esa cláusula reafirma el “derecho” de las transnacionales a adueñarse de hasta los más ínfimos sectores servicios en esos países pues como es lógico, sería imposible que algunas de sus empresas pudieran competir con Microsoft, Bechtel, Halliburton, Exxon, Tyco y otros miles de monopolios establecidos en Washington.
Para que no existan dudas de que el resultado final sería dirigir no solo la economía sino hasta a los gobiernos, los documentos establecen marcos legales seguro y predecible para inversores norteamericanos pues tras la entrada de sus capitales en esas naciones no podrán ser cancelados por leyes posteriores. Si eso llegara a ocurrir, los gobiernos deberán abonar sumas millonarias para resarcir las pérdidas ocasionadas.
Se produce así un progresivo desmantelamiento de la gobernabilidad económica, transfiriendo el poder de los gobiernos a las empresas multinacionales y privando a los países en desarrollo de las herramientas que necesitan para desarrollar sus economías y lograr una posición favorable en los mercados mundiales.
Los TLC, en conclusiones, son la nueva estrategia de dominación neocolonial en este mundo globalizado.
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EL PROCESO DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS
LOS PAÍSES ANDINOS NEGOCIAN DE RODILLAS
Coordinador de Recalca*
En un esfuerzo por cambiar la situación que se le ha vuelto desfavorable para la suscripción del TLC, el gobierno colombiano de Álvaro Uribe está moviendo todos sus hilos y acudiendo a las amenazas, la descalificación, la desinformación y el chantaje para conseguir apoyo. Mientras tanto aumentan las discordias, cada día surgen nuevos sectores críticos y se pone de relieve tanto la inconveniencia del tratado como el pésimo papel del equipo negociador en las mesas.
Una semana después de la Ronda de negociaciones del TLC en Cartagena, Regina Vargo declaró en una videoconferencia que el TLC no se había firmado por culpa de los países andinos pues estos no habían entendido que Estados Unidos solo firmaría un tratado que fuera similar a los otros tratados firmados por esa potencia. De hecho los negociadores estadounidenses no tienen mucho margen de maniobra y su legislación exige que la negociación se ciña estrictamente a la autorización expedida por su Congreso. Por la forma rigurosa como el Congreso norteamericano examina estos tratados y debido a que la administración Bush tiene otras prioridades legislativas, a estas horas, no tiene garantizada la aprobación del tratado con Centroamérica, el cual no se ha atrevido a presentar al congreso para su estudio.
Desde el comienzo de las negociaciones Estados Unidos está dispuesto a ofrecer como resultado final las preferencias que ya tienen los países andinos en el ATPDEA, siempre y cuando estos hagan concesiones similares o mayores a las que hizo Centroamérica o Chile. De esta forma estos tratados son el verdadero piso de la negociación y el techo sería el ATPDEA con algunas pocas gabelas adicionales. La negociación ha sido entonces un sainete en el cual los andinos se limitarán a adherir al texto norteamericano.
Sobre el futuro de la negociación el gobierno colombiano de Álvaro Uribe, por boca del ministro de Comercio Exterior ha planteado que la “negociación técnica ya culminó y que ha llegado la hora de negociar el tratado, no en las mesas sino por medios políticos, acudiendo entre otros al Congreso estadounidense y al lobby. En realidad este proceso de apelar a las vías políticas, ya se ha realizado en varias oportunidades. Uribe lo intentó cuando Bush visitó Cartagena y el mandatario colombiano recibió como única respuesta que recordara que el tratado también debería ser aceptable para el Congreso de los Estados Unidos. En otras oportunidades los norteamericanos se han referido al mismo tema afirmando que una cosa es la ayuda y otra el comercio. También han manifestado que en las negociaciones comerciales priman los intereses económicos. El hecho que en una forma aparentemente inconexa, Bush haya propuesto al Congreso la destinación de 600 millones de dólares para una nueva fase del Plan Colombia y de que Colombia haya suscrito un nuevo acuerdo con el FMI, pesa en la negociación ya que el gobierno americano va a argumentar que para la paz y los cultivos ilícitos e incluso para el ajuste económico ya están los dineros y que las negociaciones comerciales son otro problema.
Por otra parte el famoso lobby ante el Congreso Americano enfrenta el problema de que los congresistas de ese país, como es natural, defienden al milímetro los intereses de los sectores productivos que podrían ser eventualmente afectados, vigilan que el tratado tenga ganancias netas para Estados Unidos que sufre el peor déficit comercial de su historia y necesita ante todo aumentar sus exportaciones y tienen otras prioridades más allá de enredarse en negociaciones interminables con países que no acaban de ponerse de acuerdo consigo mismos, que enfrentan una creciente oposición, que están abocados a procesos electorales y oscilan entre arrodillarse o ponerle conejo a algunos aspectos de las exigencias norteamericanas. De esta forma, es un empeño inútil y demagógico plantear que por medio del “lagarteo” Estados Unidos va a variar sus posiciones.
El reconocimiento del gobierno colombiano de que la popularidad de los tratados de libre comercio está cayendo y que este puede ser el último que se firme en varios años, se suma a la creciente oposición al TLC en la región andina. De esta forma, el escenario de la suscripción del Tratado está cambiando y nada nuevo se va a definir en las mesas, todo queda supeditado a decisiones políticas de los gobiernos.
La nueva tesis del gobierno de Colombia es que los que piden que el tratado no se firme, están defendiendo intereses egoístas o sectoriales. Según esta posición el gobierno defiende el bien común más allá de los intereses parciales y por esa razón hay que firmar el tratado. Esta afirmación contradice la evidencia de que el TLC beneficia a unos cuantos sectores exportadores y a las grandes multinacionales norteamericanas y perjudica al resto del país. Hasta ahora aún los estudios oficiales han revelado que el TLC afectará el bienestar de la población, los ingresos fiscales, la soberanía alimentaria, el desarrollo industrial, la capacidad del Estado de promover políticas de desarrollo, comercializa el medio ambiente, entre otros efectos negativos.
TLC
El gobierno de Uribe tozudamente se obstina en firmar a cualquier costo, aun contra la evidencia no solo de su inconveniencia sino de su creciente impopularidad. El mismo embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Alberto Moreno, reconoce que cada día aumenta la oposición a los tratados. La opinión pública observa con desconcierto como al tiempo que el gobierno descalifica la consulta indígena considerándola fruto de la ignorancia y la desinformación, el experto Kenichi Ohmae, autor de cerca de 50 libros y considerado por “The Economist” como uno de los cinco gurus gerenciales del mundo y quien defiende el libre comercio, señaló en una reunión con 500 empresarios que Colombia no se encuentra preparada para firmar un TLC con Estados Unidos y que si este se materializa “sería una especie de colonialismo industrial, un país desarrollado con empresas desarrolladas tomarían el control de empresas claves”.
En la ronda de Washington, que algunos han calificado de minironda, no se dieron noticias nuevas, la negociación se está dispersando y descentralizando. La coordinación de los gobiernos andinos es una entelequia y los asuntos sustanciales como el agro se negocian por separado. Los países andinos fueron con su consabida lista de ofrendas y Estados Unidos no se movió de sus posiciones iniciales. Para forzar la generosidad norteamericana, los andinos en las siguientes rondas de negociación, harán nuevas concesiones y la largueza norteamericana no se verá por ninguna parte.
La población andina prepara nuevas luchas. Los peruanos han promovido inmensas manifestaciones tanto de los sindicatos como de los productores agrarios y aun en el parlamento crecen las voces exigiendo que se pongan límites a las negociaciones y no se firme apresuradamente. En Ecuador todos los días centenares de personas adhieren a la exigencia de que se cite un referendo y la popularidad del TLC cae con el derrumbe de la imagen del primer mandatario Lucio Gutiérrez. En Colombia los indígenas en una votación democrática rechazaron por abrumadora mayoría el TLC y abrieron la compuerta de una exigencia popular de que no se firme y alimentaron significativamente con esta conducta el torrente de la oposición al tratado.
En momentos en los cuales se cocina el relanzamiento del ALCA y ante el aumento de la inconformidad con el TLC, lo que se requiere es una intensificación de la protesta popular y un fortalecimiento de la coordinación andina de los movimientos sociales y la unidad de todos los críticos y opositores al TLC para aguarle la fiesta a estos mandatarios títeres.
*Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el Alca, Recalca
recalca@etb.net.co
www.recalca.org.co
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