Resolución 970 del ICA: congelar, derogar y reconstruir de manera democrática
Por: Yolima Vargas Garzón | Colombia | 09/06/2013
Después de tres años de protestas ahogadas e incluso una demanda, fue por cuenta del Documental 9.70 que se popularizó en Colombia la Resolución 970 de 2010 expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA. A través de las redes sociales y de los colombianos que estamos en el exterior, las semillas de Colombia llegaron a diferentes rincones del planeta, encontrando eco en historias de otros países que ya pasaron por la misma discusión, que se enfrentaron a normas o leyes muy similares y en los que también se dieron movilizaciones de apoyo a los campesinos, algunas veces con éxito y otras con fracaso.
Producto de la interacción y a pesar de nuestras diferencias culturales y de idioma, empezamos a encontrar coincidencias en cómo a nuestros países han llegado normas fitosanitarias y de derechos de obtentor de variedades vegetales que afectan principalmente al manejo de las semillas, y que fueron creadas bajo las directrices de los convenios de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales – UPOV; ser parte del convenio UPOV 1991 fue una condición interpuesta a Colombia por parte de Estados Unidos y la Unión Europea para la firma de los Tratados de Libre Comercio – TLC.
Países vecinos como México y Argentina llevan varios años de la aplicación de estas normas, y el resultado ha sido la expansión de monocultivos a la mayor parte de las áreas cultivables, control absoluto de la venta y comercialización de semillas en manos de monopolios agroindustriales y la disminución de la población campesina, en algunas regiones al punto de la extinción.
En Colombia existen diferentes opiniones respecto a la conveniencia o no de aplicar normas de “derechos de obtentor de variedades vegetales” a las semillas transgénicas y sobre cómo reglamentar los controles fitosanitarios. Todas las posiciones son respetables y la diversidad de argumentos es constructiva, tanto que del debate han surgido coincidencias: la mayoría cree que tanto las semillas criollas como los pequeños productores deben ser excluidos de esta reglamentación y que la Resolución 970 no es clara en este aspecto, pues además de ambigua tiene zonas grises que se prestan a malinterpretaciones.
El descontento de los colombianos con el ICA, sus métodos y las inconsistencias de la Resolución 970 motivaron al Presidente Juan Manuel Santos a congelarla por dos años, lo cuál es un alivio pero no resuelve el problema de raíz. Lo cierto es que el ICA no ha actuado con transparencia, sus comunicados son confusos, omiten información muy importante y en algunos casos han sido falsos:
Semillas decomisadas y destruidas
Aunque el ICA ha repetido varias veces que no suelen destruir las semillas decomisadas ni tirarlas a basureros, la última edición de Noticias Uno (El ICA destruyó semillas en todo el país) demostró que el caso de Campo Alegre no es la única vez en la historia del ICA que se ordena la destrucción de semillas, y además hizo público el caso de una orden de destrucción de las semillas de una variedad criolla de algodón, incluyendo el material parental, obligando a agricultores en Córdoba y Tolima a sembrar algodón transgénico de Monsanto que no produjo los resultados esperados por lo que muchos se quebraron: “El fracaso del algodón transgénico en Colombia”.
El objetivo de la resolución es el control fitosanitario
En su defensa el instituto ha advertido que el espíritu de la resolución es el control fitosanitario para garantizar que los agricultores tengan semillas de excelente calidad. Pero el Documental 9.70 y ahora Noticias Uno (Semillas certificadas por el ICA salen contaminadas) han denunciado varios casos de contaminación de semillas certificadas que han generado grandes pérdidas a los agricultores, esta vez sin que existan herramientas legales que obliguen a los productores o vendedores de estas semillas a responder.
Una de las mayores críticas que se la hace a la Resolución es que utiliza todo el aparato legal del Estado para reprimir y castigar a los ciudadanos que usen, regalen, intercambien o comercialicen cualquier tipo de semilla, mientras a los productores y vendedores de semillas certificadas no se los obliga a asumir ninguna responsabilidad. El resultado es una Resolución 970 ineficiente para garantizar el control fitosanitario de las semillas del país, esto a pesar de tener procesos de certificación costosos que por demás son inaccesibles a los pequeños productores.
La resolución excluye las semillas criollas y a los pequeños productores
Este es el argumento más polémico.
Los artículos 1 y 2, que no se planean modificar, advierten que la 970 aplica a todos los géneros y especies vegetales cultivables modificados por métodos convencionales y no convencionales, los no convencionales se refieren a los transgénicos, pero en las modificaciones por métodos convencionales caben todas las semillas cultivables incluyendo las criollas. De no ser por los métodos de modificación convencionales la humanidad no habría podido domesticar las plantas silvestres; el banano por ejemplo es el producto de selecciones que disminuyeron el tamaño de sus semillas hasta hacerlas imperceptibles.
El ICA insiste en que la Resolución excluye las semillas criollas y a los pequeños agricultores con 5 o menos hectáreas y lo justifica con una propuesta de actualización a la resolución; esta es una verdad a medias. Si el ICA fuera transparente, en las declaraciones a la prensa habría dicho con claridad cuál es la única adición que planean hacerle a la Resolución 970: “Se excluye del ámbito de aplicación de la presente resolución, aquellas semillas de variedades locales, cuyo fin no sea la comercialización“, es decir que no se excluyen todas las semillas criollas sino solo aquellas “variedades locales” que no se vayan a comercializar, regalar o intercambiar. Pero ¿Qué es una variedad local y cómo garantiza el ICA que en este grupo se incluyan todas las plantas que tradicionalmente cultivan los campesinos? y por otro lado ¿Por qué insisten en convertir en delito que los campesinos obtengan beneficios económicos de la venta de sus cultivos y de las semillas que les pertenecen?
Dice el ICA que a los pequeños agricultores (poseedores de 5 o menos hectáreas) se les permite reservar parte de su cosecha para sembrarla pero no especifica en qué condiciones. Un pequeño productor tiene permiso de resembrar por una sola vez, siempre y cuando demuestre que las plantas de donde provienen las semillas son producto de semillas certificadas y que además se comprometa a que no las regalará, intercambiará o comercializará.
Como lo advierte el Grupo Semillas, sería irresponsable omitir que además de la Resolución 970, existe el Código Penal (Ley 1032 del 2006) que en su artículo 4 advierte que habrá cárcel para aquellos que “usurpen derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles”. Esto quiere decir que un campesino o agricultor podría ser judicializado, multado o encarcelado por cultivar sin permiso semillas certificadas o semillas que a alguien le parezca son similares a las certificadas.
Una cosa son las diferencias ideológicas, allí cabe el debate, la disertación y la construcción de acuerdos, pero algo muy diferente es que el ICA mienta, omita y engañe a los colombianos para obligarnos a creer que sus políticas fitosanitarias y de “derechos de obtentor de variedades vegetales” son convenientes para los campesinos del país y que no benefician a los monopolios agroindustriales. En días pasados la cuenta oficial de Twitter del ICA @ICAColombia me bloqueó censurando mis cuestionamientos, ahora el Instituto utiliza el argumento de la rectificación para amenazar con judicializar a los realizadores del Documental 970 y a Noticias Uno en caso de que no cambien su versión y rectifiquen sus justas denuncias. Pareciera que el ICA quisiera atemorizar a todos los que criticamos sus métodos. ¿Podrá el ICA judicializar a todo el país? Esta actitud represiva y poco crítica por parte del Instituto y del Ministerio de Agricultura solo generará más repudio en la opinión pública que todavía espera una disculpa.
Lo mínimo que merecemos los colombianos por parte de las Instituciones Públicas es transparencia y respeto. Los medios de comunicación y los ciudadanos estamos en todo nuestro derecho de hacer veedurías a la gestión de las Instituciones. Si el modelo que propone el ICA es tan bueno, ¿por qué no nos dicen la verdad sobre cómo funciona y cuáles son los planes al futuro? Así cada cuál en la libertad de su criterio podrá elegir si está o no de acuerdo.
Reitero que es un logro de la protesta social solidaria que el presidente Santos anuncie que se congela la Resolución 970, pero esto no es suficiente. Es necesario derogarla y dar un debate nacional serio sobre las implicaciones que tiene para Colombia hacer parte del Convenio UPOV, de la viabilidad constitucional de que en nuestras leyes estén incluidos los “derechos de obtentor de variedades vegetales” de las semillas y del papel que cumple el ICA. Muchos no entendemos por qué la procuraduría no se ha pronunciado ante la gravedad de las denuncias.
Normas fitosanitarias y de derecho industrial de semillas en el mundo
Estados Unidos Food INC
India Saludo de apoyo de Vandana Shiva al Paro Nacional en Colombia – Pocas compañías se están apoderando de la agricultura mundial
Ghana y República Dominicana: La poderosa agricultura europea
México Ley Semillas – Los deportados del TLC en México
Argentina NonSanto – Hambre de soja
Fuente: http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=I1----&x=20158520
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Manejo local de la biodiversidad y agroecologia
Comunicado a la Opinión Pública de la Alianza por la Soberanía Alimentaria
| | 08/09/2013
Desde las organizaciones de América Latina que participamos de la I Asamblea de la Alianza por la Soberanía Alimentaria, realizada del 5-8 de 2013 de agosto en la ciudad de Bogotá, Colombia. Presentamos nuestro rechazo a las compras ilegales de tierras adelantadas por varias empresas en Colombia tanto nacionales como el ingenio azucarero Rio Paila Castilla y extranjeras. Ha sido de conocimiento público la manera como se apropiaron de los baldíos de la nación, para el desarrollo de enormes proyectos agroindustriales, particularmente el caso de la multinacional Cargill, quien utilizando un sistema de fraccionamiento, compró mediante la creación previa de varias empresas, más de 50 mil hectáreas en el departamento del Vichada para la siembra de maíz y soya.
La ilegalidad de las transacciones realizadas demuestra la violación de la ley colombiana (160/94) que reglamenta el acceso progresivo a la propiedad de las tierras baldías de la nación por parte de los campesinos y trabajadores agrarios sin tierra; también la ley prohíbe de manera tajante la acumulación y concentración de tierras y para ello diseñó una serie de medidas que regulan la compra-venta y limita las adjudicaciones a la Unidad Agrícola Familiar (medida utilizada en Colombia para que una familia campesina pueda vivir de manera digna).
Asimismo, rechazamos que empresas multinacionales como Cargill se asesoren de firmas de abogados como la que presidia Carlos Urrutia (Brigard & Urrutia), quien dimitió recientemente de su cargo como Embajador ante los Estados Unidos, al desatarse este escándalo ya que recomendó a estas compañías la creación de empresas para eludir la legislación colombiana, y así acceder a grandes extensiones de tierras para el desarrollo de agro negocios y la implementación de monocultivos que agudizan la pobreza y desplaza al campesinado hacia la periferia de las ciudades.
Las organizaciones abajo firmantes instamos al gobierno colombiano a que anule la venta de tierras a inversionistas, como Cargill y Rio Paila, quienes se hicieron ilegalmente a las tierras de los campesinos. Como se ha discutido ampliamente en el país, este tipo de transacciones son una evidente infracción a la ley colombiana en vigencia. Así mismo, exigimos al gobierno colombiano a que tenga coherencia entre lo planteado en la mesa de conversación con la guerrilla de las Farc y su política para el campo colombiano; y que no se pretenda, bajo la vieja excusa de “espantar la inversión”, “legalizar” o “sanear” dichas transacciones, como han informado medios de comunicación de Colombia, denunciado parlamentarios en el Congreso de la República y advertido las organizaciones agrarias del país.
Que no se repita el caso de las tierras mal habidas ocurrido en Paraguay, donde según se conoce alrededor de 8 millones de hectáreas de tierras en la dictadura de Stroessner hasta el 2003, en vez de ser destinadas a campesinos pobres, se entregaron a personas relacionadas con el gobierno y empresarios ligados al poder, constituyéndose en una gravísima violación de derechos humanos, tal y como lo señalo la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay.
Bogotá, Colombia, agosto de 2013
Suscribimos:
MAELA, COPROFAM, MESA UNIDAD AGRARIA, RECAR, CITI, RED SOBERANIA ALIMENTARIA, CENTRO AMERICA, ONIC, LA CLOC VIA CAMPESINA, ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS DEL CARIBE, CONO SUR SUSTENTABLE, MARCHA MUNDIAL DE LAS MUJERES, CAOI, ENLACE CONTINENTAL DE MUJERES INDIGENAS, ACCION ECOLOGICA, RALLT, FENSUAGRO, CONGRESO DE LOS PUEBLOS, CENSAT-AGUA VIVA, COALICION DE LOS PUEBLOS POR LA SOBERANIA ALIMENTARIA, WFF, WSPA, AMIGOS DE LA TIERRA AMERICA LATINA, ALIANZA BIODIVERSIDAD, SWISSAID, FIAN, AGROSOLIDARIA COLOMBIA, RED DE MUJERES CAMPESINAS, FORO MUNDIAL, GRUPO SEMILLAS
Más información: Descargar
Modelo de Desarrollo Rural Agroexportador y Anticampesino
| | 12/08/2012
Fuente: www.semillas.org.co
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