LA PRESENCIA DEL FRANQUISMO EN COLOMBIA (3) :
URIBE GATE
URIBE GATE
EL TERRORISMO DE ESTADO DURANTE EL GOBIERNO DE ALVARO URIBE VELEZ (2002-2010)
ALEJANDRO URIBE BEDOYA
alejosuave@hotmail.com
El autor es un escritor e historiador que fue expulsado de varias instituciones de Colombia por sus conocimientos sobre el fascismo. Él fue expulsado de la FLACSO sede México por profesores franquistas españoles y argentinos que le impidieron graduarse como maestro en Ciencias Sociales. Fue vetado en la Universidad Tecnológica de Pereira y expulsado de varios colegios entre ellos el Colegio “Manuel Elkin Patarroyo” de donde lo licenciaron por crear un cine-club antifascista, del Colegio Aquilino Bedoya por defender las comunidades indígenas y del Colegio Agustín Nieto Caballero por crear un sindicato de educadores por contrato. Él ha sido adoptado como refugiado político por el Estado de Ginebra en Suiza y allí continúa sus estudios sobre la sociedad colombiana.
La figura del ex-Presidente Álvaro Uribe Vélez puede ser asociada a la de los dirigentes más recalcitrantes de las extremas derechas. No obstante a los escándalos que rodean a todos los altos burócratas de su gobierno (que yo llamo "Uribe Gate", por su parecido al escándalo del water Gate del presidente Nixon en 1974 en Estados Unidos) vinculados con sicarios paramilitares, el mismo se proclama como de centro y para ahuyentar las huellas de los encarcelamientos de sus auxiliares ha creado en el 2013 un nuevo partido político que ha denominado « puro centro democrático ».
El ex-presidente ha sido un declarado anticomunista, no solo por doctrina, sino por el hecho mismo que su padre, un importante multimillonario, fue secuestrado y asesinado por las FARC, situación sentimental que reforzó en su súper yo la idea de luchar hasta el fin por vengar la muerte de su padre con dineros públicos oficiales, es decir, con la idea de imponer un proyecto de guerra total de exterminio de la guerrilla y otorgarle toda la libertad a las fuerzas armadas para desarrollar la guerra sin control que terminó no solo en una estrecha relación de los generales colombianos con los grupos de exterminación privada, sino en el escandalo ya mencionado de los falsos positivos. Su mandato concordó con el gobierno del ex-presidente George Bush, un fanático de la guerra que le otorgó mucha importancia a la idea de perseguir y exterminar los insurgentes, sin abrir ninguna posibilidad a una solución política, como se ha hecho en varios países del mundo, lo que conllevó a la donación de armamento pesado, especialmente aviones hechos con tecnología de punta, el envío de asesores militares y el aumento considerable de los fondos en dólares para financiar lo que la administración de Uribe Vélez denominó el « Plan Colombia » y que tuvo como trasfondo la vinculación de los guerrilleros a los cultivos del narcotráfico y por ende la destrucción masiva de cultivos de plantas de coca y amapola como estrategia para destruir los recursos económicos de la guerrilla, lo que generó no solo una tragedia ambiental, sino también el aumento del número de desplazados y expropiados ya que los paramilitares aprovecharon el hecho para incursionar en el campo y robarse las tierras de los labriegos.
1. LA OBSESION POR LA GUERRA : EL GASTO MILITAR
Para tener una idea del culto a la guerra que rindió el ex-presidente Uribe durante su mandato, tengamos en cuenta que Colombia se transformó con él en el segundo país latinoamericano que más invierte recursos estatales en compra de armamentos. Según los informes del representante colombiano a la reunión de Unasur en mayo del 2012 en Ecuador, Colombia gastó en defensa entre 2006 y 2010, segundo periodo de mandato de Uribe, alrededor de 21.439 millones de dólares. La cantidad de dinero gastada en la guerra durante sus ocho años de gobierno fue exorbitante como lo muestra el siguiente cuadro:
CUADRO 1. GASTOS EN DEFENSA Y SEGURIDAD
Miles de millones de pesos
Miles de millones de pesos
2002
|
% PIB
|
2010
|
% PIB
| |
Ministerio de Defensa
|
6016
|
2,94
|
12.077
|
2,60
|
Policía Nacional
|
2867
|
1,40
|
7.770
|
1,67
|
Ministerio del Interior y de Justicia
|
481
|
0,24
|
969
|
0,21
|
DAS
|
47
|
0,02
|
116
|
0,02
|
Fiscalía
|
211
|
0,1
|
431
|
0,09
|
Defensoría del Pueblo
|
14
|
0,01
|
70
|
0,02
|
Procuraduría General de la Nación
|
52
|
0,03
|
102
|
0,02
|
Otros sectores del nivel central
|
14
|
0,01
|
130
|
0,03
|
Departamentos
|
8
|
0,00
|
15
|
0,00
|
Municipios
|
24
|
0,01
|
35
|
0,01
|
Plan Colombia
|
1016
|
0,50
|
1.100
|
0,24
|
Otros gobiernos extranjeros
|
253
|
0,12
|
250
|
0,05
|
Total
|
11.003
|
5,38
|
23.065
|
4,97
|
Porcentaje del Presupuesto
|
15,33
|
15,11
|
Fuente: Cálculos con base en información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Tomado de :OTERO PRADA, Diego. Conflictos, drogas y Paz.http://www.cronicon.net/paginas/edicanter/ediciones47/nota10.htm
Como puede apreciarse en doce años el gasto militar se duplicó en todos los sectores como parte de su política de « Seguridad Democrática », una copia del estatuto de seguridad del ex-presidente Turbay Ayala con la que se buscó esencialmente la derrota de las FARC y el combate de la delincuencia, inmiscuyendo a los miembros de la sociedad civil como informantes y soldados ; una red de un millón de informantes y en sus inicios bandas paramilitares que el denominó « convivir » y que fueron esenciales en el fortalecimiento de las AUC.
1, LA CRITICA DE LA PAZ
Incondicional aliado americano, Álvaro Uribe Vélez aprovechó la herida dejada por los atentados del 11 de septiembre del 2001 para lanzarse a la presidencia para las elecciones del 2002, obteniendo el triunfo, con los votos de los paramilitares y sus políticos y también mediante una crítica frontal y radical de la política de dialogo abierta por el presidente Pastrana en 1999, llamada los « Diálogos del Caguán », que entró en crisis en enero del 2002, luego de una campaña de desprestigio dirigida por el propio Uribe a través de los medios de comunicación cuando era candidato y que contó con el apoyo de los sectores franquistas criollos más radicales. La promesa de una guerra frontal a la guerrilla se apoyó en esencia en las posibilidades de apoyo total que abrió George Bush después de los atentados del 11 de septiembre y que inicio una etapa de « lucha internacional contra el terrorismo » en la que se impuso la idea de exterminar y perseguir a todos los enemigos de América fueran o no musulmanes radicales y con ello de considerar la persecución contra la guerrilla de Colombia como parte de esa estrategia.
El discurso uribista se fundamentó en esencia en la instrumentalización del nacionalismo y en la firme idea de revivir la guerra fría de épocas pasadas con la intención de luchar contra el comunismo y ganar la guerra interna, motivado por la experiencia de Alberto Fujimori, el presidente peruano que logró exterminar el movimiento guerrillero « Sendero luminoso ». Fue en esencia un retorno a las viejas maneras de los antiguos partidarios del franquismo colombiano de enfrentar los movimientos armados de oposición política. La estrategia consistió en esencia en atacar frontalmente los guerrilleros buscando su exterminación, en establecer un diálogo de paz con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, para recuperar la credibilidad del Estado perdida por las denuncias de vínculos estrechos entre funcionarios estatales, políticos y paramilitares con la Casa Castaño y en desarrollar y profundizar el « Plan Colombia », con la intención de aislar los guerrilleros de la comunidad y rescatar los bastiones de la sociedad civil inconformes con el Estado.
Amigo personal de la comunidad franquista española entre ellos del actual presidente Mariano Rajoy (un radical opositor de la ley de memoria histórica española que obligó a desenterrar los desaparecidos por el franquismo en el pasado), Uribe Vélez implementó un método de gobierno parecido al del ex-presidente Julio Cesar Turbay Ayala que incluyó una vigilancia estricta, al estilo del espionaje fascista, contra sus críticos y opositores llamada popularmente « chuzadas » en la que utilizó sus servicios secretos, especialmente el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) para perseguir y acosar a quienes se atreviesen a contradecirlo. El abrazo de un lenguaje cristiano que evocaba la idea de la defensa de la cristiandad en su cruzada contra el comunismo, es el otro elemento que le dio legitimidad para conquistar en dos ocasiones la voluntad del electorado colombiano de ascendencia católica que se excita fácilmente cuando aparece un mesías que les promete exterminar los enemigos de « la libertad y el orden », consignas propias de la comunidad católica fascista. El ex-presidente Uribe logró gobernar por dos periodos consecutivos manipulando el nacionalismo y la religión y provocando una verdadera tragedia interna en relación a los derechos humanos y ocho años de nerviosismo con sus vecinos limítrofes a los cuales se enfrentó porque eran de izquierda y con los cuales estuvo a punto de desatar verdaderas guerras. Su enfrentamiento con Hugo Chavez no tuvo otra explicación que la inconformidad del uribismo, un movimiento de raigambre oligárquica, con un presidente claramente anti oligárquico. El asilo político a figuras de la oposición a Chavez comprometidas con el golpe militar violento mostró su ascendencia netamente nacional-catolicista y su estilo pinochetista propio de la época de la guerra fría.
2. LAS VICTIMAS SINDICALES, EL DESPLAZAMIENTO FORZADO http://www.youtube.com/watch?v=1XZe6PUs9MA
La desmovilización de las AUC , autodefensas unidas de Colombia, en el 2006 fue uno de los hechos más controvertidos de su administración. Este movimiento terrorista de extrema derecha fue hecho para « quitarle el agua al pez », o sea para exterminar la sociedad civil que tuviera relación o habitara cerca de los guerrilleros, se hizo tristemente célebre por las despiadadas masacres y los inhumanos métodos de tortura y descuartizamiento que emplearon contra los habitantes de campos y ciudades.
Uribe Vélez no quiso construir la paz, solo le interesaba ganar la guerra y el autoritarismo propio de su gobierno llevó al país a una increíble crisis humanitaria que se expresó en un aumento desmesurado del desplazamiento de campesinos hacia las ciudades, las masacres y los linchamientos individuales que disminuyeron por efecto de la desmovilización de las AUC (pero que no cesaron) y una persecución desmedida de las organizaciones sindicales y de derechos humanos. Hay miles de historias violentas, basta mencionar el caso de Luciano Romero, sindicalista de la Nestlé asesinado de 50 puñaladas en septiembre del 2005 por su actividad sindical dentro de la compañía. En total 15 sindicalistas de Nestlé fueron exterminados. La Escuela Nacional Sindical publicó en Internet un completo balance sobre la represión contra sindicalistas durante el gobierno de Alvaro Uribe titulado Violencia antisindical e impunidad durante los 8 años del Gobierno Uribe y las cifras demuestran una considerable baja de la cantidad de dirigentes muertos especialmente después de la desmovilización de las AUC. En las épocas de esplendor del paramilitarismo las victimas llegaron en su tope máximo de 277 en 1996 y después de la desmovilización de las AUC el tope máximo se dio en el 2008 con 52 víctimas, lo que corresponde a 2 sindicalistas asesinados por mes. El informe testifica sin embargo, un aumento considerable de las amenazas, del desplazamiento forzado, de los atentados, de la tortura y una persistencia de las detenciones arbitrarias, los allanamientos y las desapariciones. Entre 2002 y 2010, en total 36 sindicalistas fueron desaparecidos en Colombia y el fenómeno demuestra una persistencia increíble de métodos clásicos de la represión franquista que fueron superados en los demás países de América Latina. 95 casos de detenciones arbitrarias, 565 casos de homicidios, 534 casos de desplazamiento forzado, 29 casos de secuestro y 36 de desapariciones, son cifras que muestran los niveles elevados de represión que a raíz de la desaparición de las AUC, tuvieron como responsables en muchos casos a los miembros de las fuerzas armadas y en otros a nuevos grupos pro-franquistas que surgieron de las antiguas AUC compuestos por paramilitares que no aceptaron la desmovilización o que después de haberse desmovilizado se reencontraron de nuevo en las filas del sicariato antisindical.
Esta importante información es complementada con otro informe practico que demuestra la existencia en Colombia de una doctrina del terror propia de la época de la guerra fría : el acoso y la vigilancia estricta sobre los sindicalistas considerados como enemigos de guerra y que el informe resume así :
« En los últimos meses se ha establecido la manera como el DAS fue utilizado para atacar las actividades legítimas de los sindicatos en Colombia. Las violaciones cometidas desde el DAS fueron: 1- Entrega de listas de sindicalistas a los paramilitares para que fueran asesinados. 2- Interceptación ilegal de las comunicaciones de líderes sindicales, sindicalistas, defensores de derechos humanos, magistrados deAltas Cortes, periodistas y líderes de oposición. 3- Ingreso a sedes sindicales y sustracción de información utilizada como material de inteligencia. 4- A través de funcionarios del DAS que hacían parte de los esquemas de protección, se utilizó la información para hostigar a sus protegidos, e incluso para crear falsas pruebas en procesos judiciales. 5- El DAS realizó inteligencia ofensiva: amenazó y hostigó directamente a líderes sindicales, sindicalistas, defensores de derechos humanos, magistrados de Altas Cortes, periodistas y líderes de oposición ».
La política de seguridad democrática que hizo estallar la guerra a alto nivel, le dio continuidad al desplazamiento forzado que continuó en términos generales, al mismo ritmo con respecto a las cifras de años pasados como puede notarse en el siguiente cuadro, tomado del boletín número 78 del COHDES del 19 de diciembre del 2011 :
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES
Datos Comparativos Acción Social – CODHES
Variable: Número de Personas Desplazadas 1997 – 2011 (I)
Fuente: SIPOD – Acción Social, a junio 2011 / SISDHES - CODHES, a junio 2011
Tomando las cifras de CODHES nos encontramos con alrededor de 2.700.000 desplazados durante los ocho años de Gobierno de Uribe Vélez, prácticamente la mitad del total de los colombianos desplazados desde finales de la década del noventa, una verdadera tragedia que se transformó en un problema social para las ciudades grandes e intermedias que vieron crecer los tugurios y las grandes áreas de miseria de donde surgieron además una importante cantidad de falsos positivos y una trágica mortandad de jóvenes exterminados por grupos de limpieza social. Queda por juzgar y la historia debe hacerlo, la actitud negligente del Estado que con su política de guerra expresada en su estrategia de seguridad democrática, bajaron las tasas de delitos, pero evidentemente generó esta hecatombe urbana, que pudo ciertamente ser evitada si las estrategias de represión hubiesen sido reemplazadas por estrategias de diálogo y negociación política. Las consecuencias del desplazamiento forzado para el país, son simplemente la desorganización de todo el tejido urbano que anárquicamente ve ocupar sus espacios por personas desempleadas que arriban espontáneamente huyendo de la violencia y que presionan un mercado de trabajo que no puede absorberlos en un contexto de abandono estatal y de represión urbana.
Es incierto aún establecer la cantidad de tierras robadas durante el gobierno de Uribe, ella es otra trágica consecuencia de su política de tierra arrasada en los campos y lo cierto es que uno podría dividirlas en dos tipos de robos, los robos provocados por actores del gobierno que reivindicaban la defensa de la nación frente al peligro guerrillero, o sea las tierras robadas por el paramilitarismo y sus aliados y las tierras robadas por los guerrilleros a grandes o medianos terratenientes acusados de ser auxiliares de paramilitares, es incierta la cantidad de tierras expropiadas por uno y otro actor, lo cierto es que la política de guerra de Uribe Vélez genero una verdadera lucha de clases en el campo en donde la expulsión del oponente y su ruina fue el objetivo de ambos actores armados. El gobierno de Santos ha hecho un inventario de 700.000 hectáreas robadas, es incierta hasta ahora una cuantificación real, las investigaciones más objetivas hablan de 6 millones de hectáreas robadas y en los 78 municipios más castigados se han identificado 150.806 predios de personas que huyeron de los actores armados, fenómeno que nunca le preocupó a Uribe Vélez quien asumió una actitud despectiva cuando las ONG’s de derechos humanos lanzaron fuertes críticas frente a la ineptitud y negligencia de su gobierno inundado de para políticos y para funcionarios.
El sector de los Derechos Humanos fue lógicamente el más afectado por la política de seguridad democrática de Uribe Vélez, un corto balance así lo testifica : « Según cifras del Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos (Somos Defensores), entre los años 2002 y 2009 unos 1.057 defensores de derechos humanos fueron víctimas de todo tipo de agresiones tales como asesinatos, amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, torturas, uso arbitrario del sistema penal, entre otros. De acuerdo con el Programa, en dicho periodo se presentó un promedio de 16 asesinatos y 132 ataques contra defensores por año. (…) Las estadísticas también indican que el año más crítico para los defensores lo constituyó el 2009, cuando se registraron 179 agresiones discriminadas en 99 amenazas, 32 asesinatos, 17 atentados, 15 detenciones arbitrarias, 3 heridas, 10 usos arbitrarios del sistema penal y un caso de tortura. » Agencia de prensa (IPC)Situación de defensores de derechos humanos empeoró a lo largo del gobierno Uribe. JUEVES, 05 DE AGOSTO DE 2010
El sector de los Derechos Humanos fue lógicamente el más afectado por la política de seguridad democrática de Uribe Vélez, un corto balance así lo testifica : « Según cifras del Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos (Somos Defensores), entre los años 2002 y 2009 unos 1.057 defensores de derechos humanos fueron víctimas de todo tipo de agresiones tales como asesinatos, amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, torturas, uso arbitrario del sistema penal, entre otros. De acuerdo con el Programa, en dicho periodo se presentó un promedio de 16 asesinatos y 132 ataques contra defensores por año. (…) Las estadísticas también indican que el año más crítico para los defensores lo constituyó el 2009, cuando se registraron 179 agresiones discriminadas en 99 amenazas, 32 asesinatos, 17 atentados, 15 detenciones arbitrarias, 3 heridas, 10 usos arbitrarios del sistema penal y un caso de tortura. » Agencia de prensa (IPC)Situación de defensores de derechos humanos empeoró a lo largo del gobierno Uribe. JUEVES, 05 DE AGOSTO DE 2010
El conflicto entre el ex-presidente y los líderes de derechos humanos de organizaciones no gubernamentales, fue uno de los más marcados durante los ocho años de gobierno. Uribe se negó a colaborar con las organizaciones y se enfrentó a ellas desconociendo su importante papel en la cualificación de la democracia. No solamente fueron encarcelados líderes de derechos humanos por orden estatal, sino que además el presidente lanzó públicamente sobre las organizaciones verdaderos insultos que las estigmatizaron frente a la sociedad civil y es evidente que esa es una de las varias causas de la violencia que soportaron las organizaciones de derechos humanos. « Hablantinosos”, “voceros del terrorismo”, “traficantes de derechos humanos”, “compinches”, “áulicos”, “politiqueros” y hasta “chismosos” han sido los adjetivos más recurrentes del presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, para atacar durante sus ocho años de gobierno a los defensores de derechos humanos. », es la frase con la cual la página web de una importante ONG en Colombia comenzó su balance sobre la relación entre Uribe Vélez y las ONGs de derechos humanos. http://www.colectivodeabogados.org/Defensores-de-derechos-humanos,1861
El hecho más importante de resaltar en este análisis fue la consideración de las ONGs que lo criticaban o denunciaban la violaciones derechos humanos de su gobierno, como el « bloque intelectual de las FARC », digo importante, porque la expresión utilizada por Uribe Vélez denota un retorno claro a la época de la guerra fría, una involución hacia el franquismo puro cuando los dictadores no admitían ninguna crítica y consideraban las reclamaciones entorno a sus actos represivos , bajo la perspectiva de la teoría de la conspiración, es decir, la negación directa de lo que existe en la práctica, del hecho que se sucede en la práctica, aun existiendo este, para considerar la denuncia como un intento de desestabilización del poder y no una intención clara de aportar a la solución de un problema, lo que normalmente haría de la democracia un sistema político más estable porque obviaría la idea del « Estado abusivo », contrario a la democracia misma, lo que evidentemente defendió el ex-presidente. Nuestra hipótesis de que durante el transcurso del gobierno del ex-presidente Uribe Vélez se construyó un « Estado abusivo »( liderado por un dirigente que se disgustaba cuando las ONGs desde hechos prácticos le demostraban la existencia de este tipo de Estado) se demuestra en esa manera vulgar como el presidente trataba los dirigentes de derechos humanos en cada uno de sus discursos.
La idea de asimilar sus críticos a la guerrilla, de que los dirigentes de derechos humanos son « el bloque intelectual de las FARC », es una estrategia maniqueista comúnmente utilizada por la extrema derecha internacional ; la utilizó la extrema derecha americana durante los debates de la primera elección presidencial que le dio el triunfo al presidente Obama, quien fue asimilado o comparado a un comandante de Al Qaeda por haber propuesto un diálogo con los musulmanes ; la utilizaron constantemente los americanos en la época de la guerra fría para caracterizar a todo opositor a la cultura occidental como un agente del comunismo ; la utilizó la extrema derecha judía para justificar el asesinato de Itzjac Rabin, quien fue asimilado como un Palestino terrorista por proponer una solución política al problema palestino. Lo delicado del asunto, es que esas palabras Macartistas si son una clara motivación a grupos de extrema derecha para atentar contras la ONGs y es quizá eso lo que explica la violencia y la represión que se ejerció contra las organizaciones de derechos humanos y seguramente en una sociedad más democrática ese tipo de lenguaje llevaría al juzgamiento del ex-Presidente, porque detrás de las palabras se ocultaron claramente mensajes subliminales que incitaban a los colombianos a practicar « el ajuste de cuentas » contra los « guerrilleros de civil », palabra común entre los paramilitares en la década del noventa cuando arremetieron contra los líderes de derechos humanos, provocando entre ellos una verdadera masacre. Esta manera de tratar su oponente, es en esencia una práctica del terrorismo de Estado de una manera camuflada puesto que el presidente aprovechaba los momentos de estado de espíritu más conmovedores para incitar a la persecución de los líderes de derechos humanos, por ejemplo, después de una acción guerrillera, cuando las mentes de las gentes denotan cierta solidaridad hacia las víctimas. Lo que muestra cierta intencionalidad irracional del ex-presidente es su protesta contra las ONGs cuando ellas denuncian hechos claramente violatorios de los derechos humanos y de la constitución misma, como era la participación de sus soldados en el linchamiento de ciudadanos o en el robo de tierras.
Esa irracionalidad de Uribe Vélez provocó una verdadera tragedia y es el testimonio claro del renacer impertinente de un autoritarismo desligado de los mismos mandatos constitucionales que hace que el poder vire hacia la autocracia y que los actores equilibradores y claramente medicinales de la democracia se opaquen y la enfermedad del « abuso » se imponga como una forma de Estado.
3. LAS CIFRAS DEL TERROR ESTATAL
Este excelente cuadro del Centro de Investigación y Educación Popular, muestra con detalle las cifras que comprometieron el Estado en actos de represión. Es claro con respecto a las cifras que las ejecuciones extrajudiciales fueron una constante durante los ocho años de gobierno de Uribe Vélez y el censo del CINEP muestra claramente una elevada cifra de participación del Estado en linchamiento de civiles durante su primer mandato, que se desacelera durante el segundo, pero que nunca desaparece, claramente fue el año 2007 el más grave y la continuidad de los asesinatos de las fuerzas estatales muestra una elevada magnitud de violencia aplicada contra ciudadanos indefensos.
Otro dato que aterra, es la práctica de la desaparición forzada por agentes estatales, fenómeno que es parte del pasado en la mayoría de los países de América Latina, pero que en Colombia, debido a la presencia del franquismo continúa siendo un problema difícil de resolver. Aún la práctica de la tortura física es altamente recurrente en el país y es preocupante que métodos propios de la época de la edad media todavía se impongan. Los atentados que no provocaron la muerte de la víctima, que los investigadores del CINEP caracterizan como « heridos » fueron también una constante durante este periodo de gobierno, lo que denota una prolongación en la historia de los viejos métodos del nacional-catolicismo de la época del Frente Nacional.
Queda sobre el tapete la discusión de la responsabilidad presidencial en estos hechos. Para el ex-presidente Uribe Vélez la responsabilidad debe ser individual ya que él se encontraba en su oficina trabajando, mientras sus funcionarios abusaban de la población. Esta « teoría del buen burocrata », es el mecanismo que utilizan todos los jefes políticos de extrema derecha en Colombia para justificar las acciones del « Estado abusivo » y lo evidente es que cifras tan demostrativas como estas de la barbarie y el terror de Estado no han tocado jamás ningún presidente, ningún gobernador, ningún alcalde. La búsqueda de los responsables individuales opaca siempre el papel de los autores intelectuales y de los que « mandan a matar » o « pagan por matar » que en este caso son los verdaderos responsables de las acciones violentas del Estado, porque en la mayoría de los casos estas se ejecutan respondiendo a estrategias militares, políticas y empresariales que buscan claramente efectos a favor de los verdugos.
4 .LOS FALSOS POSITIVOS
Uno de los escándalos más demostrativos de la barbarie estatal en Colombia, es el que concierne al de los « falsos positivos ». Este escándalo estalló después de que el ex-presidente Alvaro Uribe Vélez terminó su mandato en agosto del 2010 y hace referencia al hecho de que durante su gobierno, los miembros activos de las fuerzas armadas asesinaron más de tres mil colombianos disfrazándolos de guerrilleros para cumplir con las exigencias de sus jefes de presentarles un balance de sus muertos cada mes para garantizarles su empleo o para ganar ascensos en el escalafón militar. El caso de los falsos positivos es el ejemplo más patético y claro de terror de Estado. Esta masacre fue simplemente permitida por el gobierno de Alvaro Uribe Vélez quien en su obsesión por exterminar a las FARC dio a los militares carta abierta para que hicieran libremente la guerra, sin ningún control (con todas las condecoraciones) y con justeza el presidente debería ser juzgado por ineptitud y negligencia como gobernante. Sin embargo, esto no ha sido posible, el presidente Uribe Vélez se pasea campante entre cocteles y fundando nuevos partidos, esgrimiendo la idea de que tanto los escándalos de corrupción y de violencia durante su gobierno fueron hechos a sus espaldas y el no tiene ninguna responsabilidad individual. En Colombia, la palabra negligencia no hace parte del andamiaje que permita acusar a un gobernante y la mayoría de actos de barbarie ejecutados por los miembros del Estado dejan por fuera los altos jefes que siempre esgrimen la idea de que las responsabilidades son individuales. Todavía peor, los delitos o las violaciones a las normas constitucionales hechas por presidentes no son castigados en Colombia por las entidades judiciales, sino por las corporaciones políticas, son lo que se llama juicios políticos hechos exclusivamente por el congreso, donde los uribistas son claramente mayoría y las posibilidades de un juicio por la negligencia presidencial es imposible, los partidos dominantes han creado una bien tejida red que permite dejar la corrupción presidencial fuera de las posibilidades de la justicia, aprovechando que son mayoría en el congreso. Esa es la razón por la cual a diferencia de otros países del mundo, los expresidentes que en Colombia han tenido una clara participación en la violación de los derechos humanos no han sido juzgados, hablamos por ejemplo de Guillermo León Valencia, Julio Cesar Turbay, Belisario Betancur o Alvaro Uribe Vélez, expresidentes escandalizados por masacres y crímenes de lesa humanidad que tampoco han sido perseguidos por los tribunales internacionales por sus vínculos estrechos con los intereses americanos.
Los negocios de la muerte, como podríamos denominar este escándalo de los falsos positivos, fueron acompañados por una radical política de persecución contra los opositores al régimen y el hecho simbólico más importante de la persecución estatal sobre la cultura, fue la detención arbitraria en México y la extradición hacia Colombia del Doctor en Historia y profesor universitario Miguel Angel Beltrán, quien fue hecho prisionero en una acción conjunta entre los organismos de inteligencia colombiana y de México. El historiador y escritor fue maltratado durante su detención en ciudad de México, acusado de ser un jefe internacional de las FARC, lo que generó una amplia solidaridad de la comunidad de profesores universitarios de México y Colombia. El doctor en Historia fue encarcelado en la carcel de la Picota durante dos años, por orden directa del ex-Presidente Uribe Vélez quien dirigió un discurso exclusivo a la nación para explicar un nuevo triunfo de las Fuerzas Armadas en su lucha contra el terrorismo según sus propias palabras. El profesor universitario fue liberado por las declaraciones de un informante de la seguridad mexicana que arrepentido por haber enviado un hombre inocente a la cárcel, confesó que fue contratado para hacer un montaje alrededor del opositor colombiano y que el intelectual era inocente. http://www.youtube.com/watch?v=IKEpMtfqqbs
Los negocios de la muerte, como podríamos denominar este escándalo de los falsos positivos, fueron acompañados por una radical política de persecución contra los opositores al régimen y el hecho simbólico más importante de la persecución estatal sobre la cultura, fue la detención arbitraria en México y la extradición hacia Colombia del Doctor en Historia y profesor universitario Miguel Angel Beltrán, quien fue hecho prisionero en una acción conjunta entre los organismos de inteligencia colombiana y de México. El historiador y escritor fue maltratado durante su detención en ciudad de México, acusado de ser un jefe internacional de las FARC, lo que generó una amplia solidaridad de la comunidad de profesores universitarios de México y Colombia. El doctor en Historia fue encarcelado en la carcel de la Picota durante dos años, por orden directa del ex-Presidente Uribe Vélez quien dirigió un discurso exclusivo a la nación para explicar un nuevo triunfo de las Fuerzas Armadas en su lucha contra el terrorismo según sus propias palabras. El profesor universitario fue liberado por las declaraciones de un informante de la seguridad mexicana que arrepentido por haber enviado un hombre inocente a la cárcel, confesó que fue contratado para hacer un montaje alrededor del opositor colombiano y que el intelectual era inocente. http://www.youtube.com/watch?v=IKEpMtfqqbs
El caso Miguel Angel Beltrán, es quizá el ejemplo típico de como la estrategia de los falsos positivos se extendió a la comunidad académica y la pregunta sigue siendo: Cuanto ganaron los jefes militares por esta arrestación de un hombre inocente ? quienes fueron ascendidos ? se devolvió el dinero otorgado a los responsables del montaje, que de todas maneras era dinero de los contribuyentes colombianos ? Lo cierto del caso fue que la inconformidad del gobierno con el intelectual surgió luego de un intenso espionaje de sus clases en la Universidad Nacional en donde al estilo clásico de Carlos Castaño antes de ejecutar los intelectuales que lo criticaban, los militares infiltraron espías que se hacían pasar por estudiantes y pasaban un informe meticuloso de las palabras contra el gobierno que emitía el profesional o de las argumentaciones en contra del sistema, hasta el inicio de la obra teatral que llevó al académico a la cárcel, por obra directa de funcionarios de Uribe Vélez. El descaro presidencial terminó con la increíble declaración del ministro de defensa Rodrigo Rivera Salazar quien repudió la decisión de los jueces y los incitó a retornar a la cárcel al intelectual, después del cumulo de pruebas que demostraban su inocencia. Quienes vean el video de YouTube pueden escuchar claramente la denuncia del académico sobre el caso de su colega, el Sociólogo Alfredo Correa asesinado un mes después de recobrar la libertad.
Al lado de este trágico suceso, presenciamos la continuidad de los hechos de exterminio de la población civil expresados en desapariciones, asesinatos individuales y masacres de campesinos, pobladores, dirigentes de derechos humanos y de sindicalistas opositores al gobierno, todo en medio de un esquema social de pobreza y desplazamiento. Herencia del franquismo ? claro que sí.
Los escándalos de « Parapolítica » que estallaron en Colombia desde el 2007, hacen relación a los vínculos de los políticos colombianos que apoyaron a la elección del ex-presidente Uribe Vélez y que ganaron las elecciones con los votos aportados por el movimiento terrorista de extrema derecha « Autodefensas Unidas de Colombia », creado y dirigido por los hermanos Castaño, responsables de una impresionante masacre de colombianos y del robo masivo de tierras de campesinos. Estos políticos eran senadores, representantes a la cámara, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y evidentemente también un importante grupo de militares, entre ellos generales, oficiales de alto rango y soldados o policías de base que ayudaban directamente al grupo extremista.
Los escándalos de la relación entre paramilitares y dirigentes uribistas estallaron en el año 2006, cuando se conoció la estrategia política diseñada por dirigentes de las AUC en el 2001 denominada « refundar la patria », proyecto que consistía en desatar una oleada de masacres y asesinatos de dirigentes políticos y comunitarios de izquierda para « limpiar » la sociedad colombiana de lo que ellos llamaron « los guerrilleros escondidos » y a su vez, infiltrar el aparato estatal y ponerlo al servicio de los paramilitares y crear una inmensa red de funcionarios públicos, militares, empresarios y líderes políticos para crear un Estado franquista. El escándalo estalló 6 años después en el 2007 cuando públicamente fue dado a conocer « El pacto de ralito » que establecía « El plan Birmania », una confesión del jefe paramilitar « Jorge 40 » de un acuerdo para crear un para-Estado de narcotraficantes, entre siete representantes a la cámara, cuatro senadores, dos gobernadores y cinco alcaldes con el Estado mayor de las AUC. En el primer gobierno de Uribe Vélez, las AUC iniciaron un proceso de paz y se desmovilizaron definitivamente en el 2006. El gobierno creó el proyecto de « Justicia y Paz », que buscaba en esencia hacer que los paramilitares confesasen sus responsabilidades en los crímenes. La confesiones paramilitares fueron trágicas para sus colaboradores uribistas en la medida en que jefes paramilitares y militantes de base comenzaron a involucrar altos dirigentes políticos del país, inclusive al mismo presidente y algunos de sus ministros, incluyendo al actual presidente Juán Manuel Santos. Claramente, los paramilitares desmovilizados hicieron enojar al Presidente quien decidió frente al escándalo de la parapolítica extraditar a sus jefes máximos a los Estados Unidos, en una acción vengativa que perjudicó ella misma a las victimas quienes apenas empezaban a conocer con detalles las responsabilidades estatales en la muerte de sus familiares o en la expropiación de sus tierras, conocimiento que se vio impedido por la extradición de los jefes de extrema derecha.
Casi 70 congresistas fueron involucrados en este escándalo, uribistas en su mayoría y con varios cargos de importancia como el de la presidente del Congreso Nancy Patricia Gutierrez.http://es.wikipedia.org/wiki/Parapol%C3%ADtica
El escándalo tocó también la policía secreta (DAS), su jefe Jorge Noguera Cortés fue detenido y condenado, debido a las declaraciones del jefe de informática capturado por colaboración con las AUC que lo involucró como uno de los importantes cuadros de ayuda al paramilitarismo. Todo este escándalo de la parapolítica deja en claro el hecho de que sí había un proyecto franquista que buscaba en esencia que esa inmensa red de narcotraficantes y neofranquistas creada por los hermanos Castaño ascendiera al poder y controlara la sociedad colombiana. Es cierto, que el hecho de que el escandalo estallara favorecía a muchos políticos que veían en el ascenso al poder de un tipo de movimiento fascista de esta modalidad un riesgo para su propia existencia.
El « dejar hacer, dejar pasar », no prospero en el país, debido en esencia al hecho de que el mismo ex-presidente Uribe se perfilaba como una figura autoritaria que arrasaba en las elecciones y consolidaba una hegemonía apoyada por un movimiento paramilitar macabro que basaba su accionar en crímenes, asesinatos, tráfico de drogas y compra de votos justificando todo su accionar en la idea de la defensa de la cristiandad, la democracia y las buenas costumbres frente a la amenaza de la subversión, una especie de lenguaje de la bondad que ocultaba un estilo « Borgia » propio de la época de la edad media : crímenes, pillaje, corrupción en nombre de Dios. En Colombia entre 2002 y 2006, las AUC desarrollaron milimétricamente todo su proyecto de exterminio bajo la mirada despectiva y tolerante del Presidente, quien se ocupó en esencia en atacar las FARC, sin tocar los frentes paramilitares, de fumigar las zonas de influencia de cultivo de coca y amapola de la guerrilla, sin fumigar las zonas cocaleras de las AUC. Fue con toda evidencia un periodo trágico, miles de colombianos perdieron la vida exterminados por los grupos de limpieza social.
6. EL FUERO MILITAR Y EL TERROR DE ESTADO
El escándalo provocado por las denuncias de las organizaciones de derechos humanos, como Humans Rights, Amnistía Internacional y claro que las colombianas, en relación a los vínculos entre paramilitares y militares hizo que el segundo periodo de gobierno de Uribe Vélez (2006-2010) fuera toda una discusión sobre el terrorismo de Estado en Colombia. La tranquilidad propia del primer mandato fue sustituida por las noticias constantes sobre la participación de miembros del Estado en las masacres, persecuciones y asesinatos selectivos de los paramilitares. La institución militar en Colombia no ha sido castigada con la fuerza que fueron castigados los políticos en el proceso de la parapolítica, debido en esencia a la celosa protección que el ex-presidente Uribe Vélez le dio a sus militares que lo condecoraron como general de cinco soles, por mantener la moral de los militares en alto, es decir, por no ejercer vigilancia alguna sobre los actos de sus cuadros. En Junio del 2010 el coronel Plazas Vega, genocida que provocó la masacre del Palacio de Justicia en 1985, fue condenado a 30 años de prisión y el mismo ex-presidente en vez de felicitar la jueza que dictó la sentencia por su acto de justicia, en una alocución televisada y rodeado por los generales advirtió sobre su inconformidad frente a la decisión.
En agosto del 2012 fue condenado a 30 años de prisión el general Rito Alejo del Rio, por el asesinato de un campesino y por sus vínculos estrechos con el paramilitarismo en el Chocó, el general fue el hombre más homenajeado por Uribe Vélez, lo que demuestra la inevitable negligencia del presidente en torno al control del Terrorismo de Estado. Por lógica, ningún general fue investigado durante el gobierno de Uribe Vélez por sus vínculos con paramilitares, las investigaciones comenzaron en el transcurso del gobierno de su sucesor Francisco Santos, y además de la condena de Rito Alejo del Rio, hoy se atienden en juzgados, las acusaciones contra doce generales y 800 militares mencionados por paramilitares en los procesos de justicia y paz y por el mismo jefe Mancuso, recluido en una cárcel de los Estados Unidos. El escándalo más patético de la relación entre paramilitares y militares fue el que estalló en diciembre del 2012, cuando el general Mauricio Santoyo fue condenado por la corte de Virginia en Estados Unidos a 13 años de prisión por sus vínculos con paramilitares, el general fue ni más ni menos que el jefe de seguridad del ex-Presidente Uribe Vélez, él fue extraditado por el presidente Juan Manuel Santos luego de la confesión de paramilitares encarcelados en Estados Unidos, quienes lo vincularon además con el tráfico de drogas. Ya habíamos mencionado como en septiembre del 2011 el jefe de la policía secreta de Colombia (DAS) durante el gobierno de Uribe, su mano derecha, Jorge Noguera fue condenado a 25 años por su colaboración activa a los paramilitares.
En agosto del 2012 fue condenado a 30 años de prisión el general Rito Alejo del Rio, por el asesinato de un campesino y por sus vínculos estrechos con el paramilitarismo en el Chocó, el general fue el hombre más homenajeado por Uribe Vélez, lo que demuestra la inevitable negligencia del presidente en torno al control del Terrorismo de Estado. Por lógica, ningún general fue investigado durante el gobierno de Uribe Vélez por sus vínculos con paramilitares, las investigaciones comenzaron en el transcurso del gobierno de su sucesor Francisco Santos, y además de la condena de Rito Alejo del Rio, hoy se atienden en juzgados, las acusaciones contra doce generales y 800 militares mencionados por paramilitares en los procesos de justicia y paz y por el mismo jefe Mancuso, recluido en una cárcel de los Estados Unidos. El escándalo más patético de la relación entre paramilitares y militares fue el que estalló en diciembre del 2012, cuando el general Mauricio Santoyo fue condenado por la corte de Virginia en Estados Unidos a 13 años de prisión por sus vínculos con paramilitares, el general fue ni más ni menos que el jefe de seguridad del ex-Presidente Uribe Vélez, él fue extraditado por el presidente Juan Manuel Santos luego de la confesión de paramilitares encarcelados en Estados Unidos, quienes lo vincularon además con el tráfico de drogas. Ya habíamos mencionado como en septiembre del 2011 el jefe de la policía secreta de Colombia (DAS) durante el gobierno de Uribe, su mano derecha, Jorge Noguera fue condenado a 25 años por su colaboración activa a los paramilitares.
Lo que más impacta de este hecho que tiene relación con la judicialización de militares, es la decisión del ex-presidente Uribe de construir toda una zona residencial de vacaciones en lo que se llama la reclusión militar de Tolemaida, un municipio ubicado en el Departamento del Quindío que acogió todos los militares acusados de delitos graves de lesa humanidad, asesinatos y masacres. La solidaridad presidencial se hizo ver y lo que antes era una prisión se convirtió en un impresionante club social de militares condenados : « SEMANA descubrió que muchos de los 269 oficiales, suboficiales y soldados que pagan allí por homicidios, masacres, torturas y secuestro entraban y salían como Pedro por su casa, tienen negocios dentro y fuera de la prisión y no viven en celdas sino en cabañas. Como si lo anterior fuera poco, muchos de ellos siguen activos y recibiendo sueldos y otros beneficios, pese a tener en firme condenas que llegan a los 40 años. Hay hasta presos que pasaron vacaciones en San Andrés y Cartagena. » http://www.semana.com/nacion/articulo/tolemaida-resort/237791-3
La convicción final del presidente de que los victimarios fueron patriotas falsamente acusados y víctimas de un complot de los enemigos de la democracia infiltrados en la justicia, lo llevó a implementar este tipo de medidas de convertir la vida de los agresores en algo cómodamente soportable propio del respeto que se le debe dar a quienes sirven a la patria. Algo claramente condenable que debería hacer parte del pliego de cargos necesario a hacer para presionar sobre un juicio al ex-presidente, porque a todas luces es una burla a la democracia y una incitación a los militares mismos a matar colombianos para disfrutar después de unas bellas vacaciones.
7. LAS CHUZADAS
Hacía mucho tiempo no se presenciaban en Colombia actos de represión característicos de la épocas del franquismo, como el espionaje estatal a gran escala sobre periodistas e intelectuales. Este tipo de actitudes propias de la época del franquismo cuando se quemaban libros y se allanaban universidades, fueron revividas por el gobierno de Uribe Vélez a través de lo que popularmente se llamó « las chuzadas », acción policiaca que consistió en hacer seguimientos, interceptar comunicaciones y desatar el acoso sicológico contra críticos del paramilitarismo u opositores al gobierno, como periodistas, académicos, dirigentes sindicales y de derechos humanos y congresistas e inclusive contra jueces de la corte suprema de justicia. La interceptación de correos electrónicos, el seguimiento a familiares y a víctimas y lo más vergonzoso dentro de una democracia, « manuales para hacer amenazas » característico de grupos mafiosos de ataque denotan una lenta evolución del Estado en Colombia hacia una maquina represiva propia de las dictaduras. Noticias uno y su director Daniel Coronel fue una de las primeras víctimas del gobierno uribista, Hollfman Morris, otro destacado periodista corrió la misma suerte, Carlos Lozano y Gonzalo Guillen fueron acosados, perseguidos, por su actividad periodística. Gustavo Petro, actual alcalde de Bogotá y Piedad Córdoba, destacada dirigente política, fueron acosados y espiados por la entidad estatal DAS, que prácticamente dedicó su tiempo en el transcurso de la administración de Uribe Vélez a acosar los opositores a su gobierno, en un escándalo sin precedentes que envió después del fin de la presidencia de Uribe a sus más altos funcionarios, a la cárcel o al exilio. En julio del 2011, el ex-secretario general de la presidencia de Uribe, Bernardo Moreno fue detenido por espionaje y persecución de miembros de la corte suprema de justicia y fue ordenada su libertad en marzo del 2013, no por inocencia, sino porque no representa un peligro para su proceso que continúa. En octubre del 2010 fue capturado y presto en prisión el subdirector de contra-inteligencia del DAS, Jorge Alberto Lagos, condenado a doce años de prisión, en diciembre del mismo año fue capturado el ex-jefe de inteligencia Fernando Tabares, condenado a 8 años de prisión respectivamente. En junio del 2012 se conoció la sentencia contra Luz Marina Rodríguez directora operativa del DAS y Bernardo Murillo, jefe del grupo anticorrupción, ambos condenados a prisión domiciliaria. la Fiscalía investiga a los ex directores del organismo Jorge Noguera, Andrés Peñate, Joaquín Polo y María del Pilar Hurtado, esta última asilada en Panamá, curiosamente por victimaria, o sea por perseguir dirigentes en un hecho sin precedentes en la historia del asilo político en el mundo. Es lo que impresiona de este escándalo sobre « las chuzadas », todos los jefes del DAS investigados, eso denota una política clara de represión constante y de acoso sobre órganos tan importantes como la corte suprema de justicia y el Congreso Nacional, así que contra dirigentes políticos, periodistas y líderes de los derechos humanos.
8. CONCLUSION : ES POSIBLE JUZGAR A URIBE VÉLEZ?
La figura de Alvaro Uribe Velez continua haciendo estragos en la sociedad colombiana. El dirige una enorme red de dirigentes politicos, gremiales, oficiales del ejército, sacerdotes, periodistas, lideres comunitarios y estudiantes universitarios que se oponen tajantemente a los dialogos de paz abiertos en Noruega por el gobierno del presidente Santos con las FARC. Simpatisantes de la guerra, la idea de vengar la muerte de su padre, hasta las ultimas consecuencias continua vigente en su cabeza, después de la impresionante cantidad de civiles, militares y guerrilleros muertos durante su gobierno, producto de la prolongación del enfrentamiento armado. El exterminio de los jefes máximos de las FARC como « el mono jojoy », Alfonso Cano o Raul Reyes, no ha bastado para cambiar su apreciación entorno al conflicto y su idea de llevar la confrontación armada hasta las ultimas consecuencias, esto es hasta la exterminación total de los guerrilleros, se ha convertido en una obsesión que amenaza con prolongar la guerra y continuar con un conflicto sanguinario que debilita la estabilidad y el progreso de la sociedad colombiana.
Las 261 demandas que reposan en la cámara de acusaciones contra el ex-presidente, representa un record evidente en la historia de Colombia y el hecho sin precedentes de que sea su nombre el que más aparezca como acusado en el Congreso Nacional, el único que puede juzgarlo. http://www.kienyke.com/historias/los-expedientes-olvidados-contra-alvaro-uribe/
Las más viejas demandas que datan del 2006, no han sido tratadas y las explicaciones son ridículas « no hay tinta para hacer fotocopias ». Se trata en efecto de un sabotaje político de los aliados del expresidente que no se ocupan de tratar el caso, puesto que ellos mismos son mayoría en la cámara de representantes y lo evidente es que falta esperar hasta que se presente dentro de 10 o quince años, ese revolcón esperado, el ingreso de nuevos dirigentes que hagan justicia y sean capaces de cobrar la desidia y la negligencia del gobierno de Uribe Vélez.
« Nosotros somos falsos positivos de la corrupción », fue su expresión cuando en agosto del 2011, la prensa le pidió una explicación entorno a los escandalos de corrupción de su gobierno, lo que calificó de shows publicitarios. La actitud vengativa lo ha llevado a imponer demandas contra quienes se atrevieron a denunciarlo publicamente y el conflicto entorno a la figura de Uribe Vélez goza hoy en el 2013 de plena actualidad.
Para nosotros los estudiosos de las Ciencias Sociales, es una certeza que lo que se ha creado en Colombia es una manera de administrar el Estado, que yo he denominado la visión del « Estado abusivo ». Abusivo porque el Estado se transforma en una maquina de abuso, la definición del verbo abusar según el diccionario de la lengua española es, « Usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente de algo o de alguien », y la definición extrapolada a la figura del Estado,significa el uso excesivo, injusto, impropio e indebido del poder y del gobierno y todo se puede corroborar en esa impresionante capacidad de aplicar la violencia que demostró el ex-presidente Uribe Vélez. La vigencia del Estado abusivo, no es una creación del gobierno de Uribe Vélez, sino exactamente una tradición heredada del pasado y aprendida del franquismo, con las mismas caracteristicas y los mismos métodos pero camuflada en las elecciones. El Estado abusivo, es sin embargo un concepto muy abstracto porque el Estado es una colectividad administrada por grupos humanos abusivos ellos mismos que más concretamente se expresa en una comunidad de abusadores que disfruta de una sociedad civil de abusados o sea de victimas del andamiage de represión y muerte que se crea, sociedad civil que se transforma en un concepto abstracto puesto que en las democracias delegativas la delegación de la representavidad de los elegidos se hace a través del concenso de la sociedad civil expresado en votos y más especificamente en un triunfo electoral que transforma la sociedad civil en un ente abusador puesto que delega la representatividad a un grupo social que se compromete a abusar del poder, lo aplaude, grupo social al cual el ciudadano que triunfa en las elecciones aclama y respalda en las calles con gritos de simpatía. Para el caso del uribismo, el Estado mostró toda su capacidad de abuso esencialmente durante los primeros cuatro años, periodo en el cual los parapoliticos gozaron de libertad plena para ayudar al proyeco Birmania de las AUC que culminó en la tragedia de las fosas comunes que ya describimos y cuya sanción por la sociedad civil se debió efectuar durante las segundas elecciones que culminaron en la aclamación mayoritaria del Estado abusivo con el triunfo de Uribe Vélez en el 2006, un triunfo arroyador a pesar de las denuncias de abusos, las enormes movilisaciones de masas de las victimas y aun las condenas internacionales,es decir la advertencia de organisaciones internacionales de control de la evidencia clara de un abuso del poder que transformó las elecciones del 2006 en un plebicito para legitimar ese abuso.
La lucha para esconder ante la sociedad civil las conductas abusivas transforman al lider en un falsario, es decir en un individuo que abandona la ética y los valores naturales e inclusive la disciplina con la cual debe relacionarse con la sociedad civil y en Uribe Vélez su expresión falsaria se nota en la intención de opacar la verdad con mentiras, de insistir en que nada sucedió, en que no es responsable individual de los actos de otros que él mismo dirigia y en que todo es una conspiración y un show publicitario aún sabiendo que lo que sucedió es algo medible, cuantificable, que se encuentra en videos y testimonios orales plenamente revisables por jueces que deciden enviar a los que lo acompañaron en el gobierno a la carcel porque son culpables, mientras el ex-presidente mismo ve los culpables como victimas de la persecusión o como el mismo los denomina « falsos positivos de la corrupción » en una increible demostración de infantilismo que busca en esencia impedir el fin de su carrera politica. Las consecuencias de estos comportamientos y la tolerancia social y politica de ellos es nefasta para la sociedad puesto que ella aniquila la tolerancia y la claridad como se deben conducir los procesos politicos y la sociedad civil misma se va consumiendo en un infantilismo que la subdesarrolla y la atrasa porque ella misma no toma distancia frente al abuso, sino que se convierte con la impunidad en un agente acelerador y reproductor del problema.
En sociedades transparentes el lider debería pedir perdón a la sociedad y arrepentirse del abuso, Uribe Vélez debería el mismo dirigirse a la sociedad y aceptar su responsabilidad, pero es evidente que en paises como Colombia esta no ha sido por tradición una manera de relación ética entre los lideres y la sociedad civil. Turbay Ayala nunca pidió perdón a los familiares de los masacrados entre 1978 y 1982 y el mismo tuvo la convicción de que fue el presidente perfecto, como la tenía el general Franco al morir después de haber dejado como herencia miles de fosas comunes que no permitió destapar, tampoco lo hizo Belisario Betancur después de ordenar la masacre del Palacio de Justicia y menos Andrés Pastrana que jamás se motivó a atacar la Casa Castaño y permitió la masacre de miles de Colombianos, mucho ménos pediría Uribe Vélez perdón al país por su negligencia, ineptitud y contubernio cuando el mismo sigue pensando que su terrorismo de Estado es una expresión de la justicia y perfección humana. Peor aún, el fenómeno de la indolencia frente a las tragedias humanas que se provocan es algo que en Colombia se ha transmitido de una generación a otra y es necesario para el bien de la sociedad hacer una ruptura generacional, como la han hecho recientemente un buen numero de descendientes de los jefes nazis que han pedido perdón a las victimas y se averguenzan ellos mismos de los actos de sus padres, algunos de ellos han cambiado inclusive su apellido, otros desde jóvenes y como una forma de protesta frente a las masacres de sus padres se hicieron esterilisar por verguenza a crear una nueva descendencia y en un documental sobre este tema el nieto de un importante lider nazi después de ver la catástrofe provocada por su abuelo dijo que él lo mataría con sus propias manos si su abuelo resucitara, en un acto que exprime una inconformidad clara frente a la barbarie de los verdugos. El hijo de Laureano Gómez, Alvaro Gómez siempre se sintió orgulloso de su padre a pesar del impresionante desangre que provocó en su época de presidente en los inicios de la década del cincuenta del siglo pasado, el mismo sentimiento cobijó a Pastrana y el mismo cobija a los hijos del ex-presidente Uribe Vélez y a los descendientes de Turbay Ayala.
La arrogancia y las actitudes casi infantiles orientadas a mentir en torno a hechos demostrados por los jueces que han enviado a la carcel a un buen numero de altos funcionarios de su gobierno, denotan un lider desesperado que se niega a reonocer el mal que él y su grupo le hicieron a la sociedad colombiana. La época de esplendor del uribismo que llegó a arrasar en las elecciones con porcentajes de votación nunca antes vistos en la historia colombiana por un presidente, ha llegado a su fin y de su movimiento solo queda un porcentaje no importante de ciudadanos que aún lo celebran y que son nostalgicos de aquella época en la que recibían salarios del Estado como informantes, con pocos servicios a prestar o en la que se enriquecieron facilmente producto de los chanchullos, los serruchos y las mordidas que les dieron la posibilidad de vivir comodamente, sin mucho que hacer. La época del uribismo finalizó y la sociedad colombiana marcha hacia una etapa diferente en la que los ciudadanos han comprendido la necesidad de poner fin al maniqueismo de la corrupción. Los colombianos pasaron por esa etapa, por la que pasó la Rusia de Yeltsin o la Argentina de Menem y la apertura de los dialogos de paz en medio de todos esos actos de justicia que se han hecho motiva la ciudadanía a créer en el Estado y a reconstruir la sociedad. No falta mucho para que las cosas mejoren, pero es cierto que aún hay temores, la fuerza del paramilitarismo renacido en las Aguilas Negras o las Bacrim, el poder de los nuevos narcotraficantes avidos de dominación y la anciedad del mismo presidente Uribe de retornar a la politica son obstáculos que amenazan la estabilidad del país.
Es cierto que la justicia colombiana ha dado un salto cualitativo importante y el fenómeno del Terrorismo de Estado presente en el transcurrir de la historia del país va a mostrar cifras reducidas al final del mandato del Presidente Juan Manuel Santos, cifras que mostrarán la eficacia de las decisiones de justicia cuando se toman con seriedad. Sin embargo, hay problemas latentes a resolver que solo una reforma constitucional puede hacer, como es el problema del fuero militar, de la doctrina y la estructura de las fuerzas armadas, de la legislación electoral que aprueba la formación de hegemonías politicas imposibles de controlar, del control de la mafia y sus dinéros que se inmiscuyen en la politica, de la relación entre la contratación estatal y los dirigentes politicos, entre otros. Todo dependerá sin duda de la manera como finalice el proceso de paz con las FARC y de las reformas sociales que se aprueben para finalizar la guerra, la discusión sigue abierta y esperamos que este obscuro pasado de terrror y violencia que los colombianos han soportado, sea superado.
ANEXOS.
- ALGUNOS CASOS DE MASACRES
2. DOCUMENTO
1. INTEGRANTES DE LA ALIANZA URIBISTA INVOLUCRADOS EN PARAPOLÍTICA Y OTROS DELITOS:
http://quimeran.blogspot.ch/2011/08/integrantes-de-la-alianza-uribista.html
Por Mario Ojeda
Aceptación de cargos
- JUAN FELIPE SIERRA, empresario antioqueño incluido en la “Lista Clinton”; se acogió a sentencia anticipada el 12 de julio de 2011. Amigo del ex jefe de Fiscalías de Medellín Guillermo León Valencia Cossio, condenado por nexos con paramilitares.“Sierra aceptó tener nexos con el narco paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario” (“El Tiempo”, 12.07.2011).
Condenados
- ANDRÉS FELIPE ARIAS, ex ministro de Agricultura, antioqueño, conservador, condenado por la Procuraduría General de la Nación con destitución y 16 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos, entre otras causas por la asignación irregular de subsidios del programa Agro Ingreso Seguro (AIS). “El programa no ha estado exento de polémicas. Esta semana, la Fiscalía General formuló cargos contra siete ex funcionarios y 15 beneficiarios de este programa. La fiscal general, Viviane Morales, encontró la posible comisión de siete conductas penales y por eso determinó formular cargos” (“El Tiempo”, 25.02.2011). La Contraloría General de la República había ordenado el embargo de los bienes del ex ministro, dentro de la investigación fiscal en su contra por los contratos de publicidad de Agro Ingreso Seguro. “La medida cobija a otras 18 personas, entre estas se encuentra el sucesor de Andrés Felipe Arias en el Ministerio de Agricultura, Andrés Fernández” (“El Tiempo”, 25.02.2011). “El ex ministro (Arias) también tendrá que enfrentar el próximo jueves 21 de julio una audiencia de imputación de cargos en el Tribunal Superior de Bogotá, por el mismo caso” (“El Tiempo”, 19.07.2011).
- JUAN CAMILO SALAZAR, ex viceministro de Agricultura, sancionado con 11 meses de suspensión por la Procuraduría por el escándalo de Agro Ingreso Seguro; investigado por la Fiscalía General de la Nación por el mismo caso.
- ANDRÉS FERNÁNDEZ, ex viceministro de Agricultura, sancionado con 11 meses de suspensión por la Procuraduría por el escándalo de Agro Ingreso seguro.
- FRANCISCO FERNEY TAPASCO GONZÁLEZ, ex diputado liberal de Caldas, acusado como supuesto autor intelectual, con su hijo el ex representante Dixon Ferney Tapasco Triviño (ya condenado por parapolítica), del asesinato del periodista Orlando Sierra, subdirector del diario “La Patria” de Manizales en 2002 (“El Tiempo”, 29.09.2010). Acusado de parapolítica, “el político, que se acogió a sentencia anticipada, confesó sus alianzas con el frente Cacique Pipintá, que operó en Caldas”, siendo condenado por un juez de Manizales a pagar 60 meses de prisión y una multa de 4333 salarios mínimos. “En la lectura de la sentencia, el juez compulsó copias a la Fiscalía para que investigue la posible participación de Tapasco en los asesinatos de Jorge Moreno e Iván de Jesús Galeano, ultimados en el 2006 en Neira (Caldas)” (“El Tiempo”, 16.07.2011).
- HUGO HELIODORO AGUILAR NARANJO, capturado el 2 de julio de 2011. “Ex gobernador de Santander entre 2004 y 2007, quien aspiraba a repetir en 2010. Después de ser uno de los fundadores del partido Convergencia Ciudadana logró un cupo oficial en el Partido de la U, gracias a la gestión que hizo a su favor el ex presidente Álvaro Uribe Vélez” (“Lasillavacía.com”, noviembre de 2010). “Coronel (r), tiene 10 investigaciones activas por peculado, delitos contra la administración pública, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, abuso de función pública, celebración indebida de contratos y falsa denuncia contra persona determinada” (revista “Semana”, 18.03.2010). Su hijo, el médico santandereano Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, “a pesar de que nunca ha participado en política, obtuvo 49.382 votos”,siendo elegido en 2010, por el PIN, al Senado (revista “Semana”, 18.03.2010). Destituido en enero de 2011 por la Procuraduría, e inhabilitado por 20 años para ocupar cargos públicos. “Según la Procuraduría, la llegada de Aguilar a la Gobernación en las elecciones del 2003 fue presionada por los “paras” del Bloque Central Bolívar y el Magdalena Medio. La decisión dice que el polémico ex mandatario regional, reconocido porque como coronel estuvo en el comando que abatió al capo Pablo Escobar en 1993, "promovió y colaboró con las Autodefensas Unidas de Colombia" y "puso su investidura a disposición de dicha estructura armada ilegal" (“El Tiempo”, 31.01.2011). “Solicitó el retiro del servicio con el grado de teniente coronel, pero el ex presidente Álvaro Uribe, en junio del 2006, le concedió grado honorario de coronel efectivo. Ríchard Aguilar (su hijo) fue cónsul en Chile en el pasado gobierno” (“El Tiempo”, 04.07.2011).
- ROBERT MENDOZA BALLESTEROS, ex representante liberal por el Chocó en reemplazo de Edgar Ulises Torres. “Se declaró culpable de haber establecido un pacto con grupos paramilitares para llegar al Congreso” (“El Espectador”, 20.06.2011). Condenado el 29 de junio de 2011 a tres años y un mes de prisión y al pago de 1027 salarios mínimos.
- LUIS GUILLERMO GIRALDO HURTADO, el ex senador, ex embajador y ex secretario del Partido de la U, enfrenta cargos por fraude y falsedad como ex jefe del Comité pro Reelección de Álvaro Uribe Vélez. “El caso contra Giraldo estuvo a punto de terminar por cuenta de un preacuerdo al que había llegado a mediados de 2010(junio) con la Fiscalía, en el que se declaraba culpable y aceptaba una condena de 54 meses de prisión con el beneficio de casa por cárcel. Sin embargo, el acuerdo que no fue aceptado por el Tribunal Superior de Bogotá, que consideró que la Fiscalía no es competente para fijar si la pena debe ser pagada con el beneficio de prisión domiciliaria” (“El Tiempo”, 10.01.2011). Fue condenado por el Consejo Nacional Electoral a pagar una multa de 54 millones de pesos. Continúa la investigación que le adelanta la Fiscalía General de la Nación.
- JUAN CARLOS MARTÍNEZ SINISTERRA, ex senador del Partido Convergencia Ciudadana, Departamento del Valle. El 18.09.2009 la fiscalía General de la Nación le profirió medida de aseguramiento por el delito de concierto para delinquir por sus presuntos nexos con los paramilitares (“El Liberal”, 19.09.2009), siendo condenado el 8 de junio de 2011 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a noventa meses de prisión. “En el fallo, la Corte también compulsa copias para que se investigue a cuatro testigos y a miembros de su defensa, por presunta manipulación y falsedad de versiones durante el juicio” (“El Tiempo”, 08.06.2011). “Martínez también fue denunciado por el ex zar anticorrupción y actual senador por Cambio Radical Rodrigo Lara, quien dijo que su caso y el del actual gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, eran una demostración de la infiltración del narcotráfico en la política” (“El Tiempo”, 09.12.2009). Su suplente, Hemel Hurtado Angulo elegido senador por el PIN en 2010. Su primo Jairo Hinestroza Sinisterra, elegido en 2010 a la Cámara por el Departamento del Valle y el PIN. “A pesar de estar preso, sigue moviendo las fichas de la política del Valle. Él es considerado como uno de los jefes del PIN, partido que nació el año pasado y que recogió las fuerzas de varios movimientos afectados por las investigaciones de la infiltración 'para' en la actividad política”(“El Espectador”, 01.02.2011)
- LUÍS HUMBERTO GÓMEZ GALLO, ex senador conservador, tolimense, ex presidente del Congreso. Renunció a su curul para evitar ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia; fue detenido y puesto en libertad por la Fiscalía en agosto de 2008. En octubre de 2009 la Corte Suprema de Justicia reasumió su caso. Detenido nuevamente por orden de la Corte en enero de 2010. En marzo de 2011 también investigado por el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Condenado, por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir agravado (parapolítica) el 25 de mayo de 2011, a 9 años de cárcel y a pagar una multa de 1.110 salarios mínimos vigentes. “Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema argumentaron en la acusación que los votos que forzaron los 'paras' llevaron al Senado a Luis Humberto Gómez Gallo en las pasadas elecciones junto con su compañero de fórmula, el ex representante a la Cámara Gonzalo Angarita. La Corte estableció en la investigación que ambos políticos pactaron con los paras apoyo para obtener altos resultados electorales en los municipios de Valle de San Juan, San Luis, Rovira e Ibagué, y agregó que en las dos primeras poblaciones era clara la influencia del Bloque Tolima”(“El Tiempo”, 25.05.2011). “Es señalado, además, de recibir 300 millones a un narco”(“El Tiempo”, 26.05.2011).
- BERNARDO MORENO VILLEGAS, ex secretario general de la Presidencia de la República durante el gobierno de Uribe Vélez, y candidato a la Embajada de Colombia en Chile en mayo de 2010; destituido por la Procuraduría y condenado a 18 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos por el escándalo de las “chuzadas” (espionaje) a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros de la oposición política, periodistas independientes y ONGs. Acusado por concierto para delinquir, interceptación ilegal de comunicaciones, abuso de función pública y falsedad en documento público.
- JOSÉ MARÍA CONDE ROMERO, ex representante a la Cámara por Sucre por el Partido Colombia Democrática en reemplazo de Erick Morris condenado a seis años de prisión. Detenido el 08.06.2010 “por parapolítica…Había sido llamado a indagatoria por el delito de concierto para delinquir” (“El Tiempo”, 08.06.2010). “Conde Romero fue vinculado con los grupos paramilitares por Jairo Castillo Peralta, alias "Pitirry", un oscuro personaje que se convirtió en testigo clave del proceso de la parapolítica que está refugiado en Canadá y con cuyos testimonios también mando a la cárcel al ex congresista Mario Uribe Escobar…Otro que mencionó a Conde Romero fue el cabecilla paramilitar Edward Cobos Téllez, alias "Diego Vecino"” (“El Tiempo”, 19.01.2011). Condenado por la Corte Suprema de Justicia, el 6 de abril de 2011, a cinco años de cárcel.
- CIRO RAMÍREZ PINZÓN, boyacense, miembro del Partido Conservador, senador de la República desde 1998 hasta 2008, año en que fue capturado por parapolítica. El 10 de marzo de 2011 la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 90 meses de cárcel.
- GUILLERMO LEÓN VALENCIA COSSIO, conservador, ex director de Fiscalías en Medellín, detenido en septiembre de 2008, señalado como narcotraficante e incluido en 2010 en la “Lista Clinton” por las autoridades de los EE.UU. “La Corte Suprema de Justicia lo juzga por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, violación de asuntos sometidos a reserva, destrucción de documento público y utilización de información privilegiada al tratar de favorecer a John Fredy Manco Torres, alias ’el Indio’, excluyéndolo de manera intencional del organigrama de las Autodefensas Gaitanistas para evitar su identificación y posterior judicialización.
Sin embargo, este acto sería solo la punta de lanza de toda una estrategia aplicada por Valencia Cossio para favorecer desde su cargo el proyecto paramilitar y garantizar la impunidad de sus crímenes en Antioquia. A esta conclusión llegó la investigación Memoria de la impunidad en Antioquia: lo que la justicia no quiso ver frente al paramilitarismo, adelantada durante un año por un equipo de trabajo del Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Corporación Jurídica Libertad a través de la revisión de expedientes, entrevistas y revisiones de prensa. Una lectura de este libro permite entender cómo el hermano del ex ministro del Interior y Justicia Fabio Valencia Cossio, Guillermo, recurrió a dos prácticas de impunidad específicas: la configuración de “equipos amistosos” de fiscales y la rotación de fiscales. De acuerdo con los hallazgos de la investigación, Guillermo León Valencia Cossio contaba con un grupo de fiscales de su confianza que evitaban la judicialización de paramilitares” (“La Silla Vacía”, 03.02.2011). El 10 de marzo de 2011 la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 15 años de cárcel y a pagar una multa superior a 12000 salarios mínimos. “Los magistrados lo condenaron a 156 meses (13 años) por concierto para delinquir, y a dos años más por los otros dos delitos por los que fue condenado hace un mes:enriquecimiento ilícito y ocultamiento de documento público. La multa supera los 6 mil millones de pesos” (“El Tiempo”, 10.03.2011).
- JOSÉ DOMINGO DÁVILA ARMENTA, ex gobernador del Magdalena, capturado en 2008. Condenado por concierto para delinquir agravado por la Corte Suprema de Justicia, a 7½ años de prisión y a pagar 6500 salarios mínimos. Seguirá siendo investigado por delitos de lesa humanidad (“El Tiempo”, 23.02.2011).
- MARIO URIBE ESCOBAR, ex senador antioqueño y ex presidente del Partido Colombia Democrática, primo del presidente Uribe y uno de sus principales socios políticos; renunció a su investidura. Este partido tiene a sus tres senadores procesados por parapolítica, uno de ellos (Álvaro García) ya condenado a 40 años de prisión. Uribe Escobar fue detenido en febrero de 2010 por orden de la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir agravado, “el delito madre de la parapolítica”. Ya había estado detenido antes por orden de la Fiscalía que dictó orden de captura en su contra el día 22 de abril de 2008; ese mismo día Uribe Escobar se refugió en la embajada de Costa Rica intentando evadir la justicia al solicitar asilo político que le fue negado.
“El ex parlamentario fue elegido senador en las elecciones de 1994, gracias a que su primo y jefe del partido político, Álvaro Uribe, abandonó su curul, con el fin de inscribir su candidatura a los comicios regionales de ese año, en los que alcanzó su nombramiento como gobernador de Antioquia.
Uribe Escobar, fundador de Colombia Democrática, fue reelegido en 1998 y llegó a ser presidente del Senado entre 2000 y 2001. En 2002, a nombre del mismo movimiento, fue reelecto al Senado y apoyó la candidatura de su primo a la máxima magistratura del Estado.
En 2006, fue elegido por tercera vez consecutiva en representación del mismo partido, del cual es presidente, y volvió a brindarle su respaldo a Uribe Vélez en la campaña reeleccionista, siendo uno de los artífices de la reforma constitucional que le dio vía libre al mandatario para lanzar su candidatura; además, fue el ponente de la primera versión de la Ley de Justicia y Paz” (“El Espectador”, 24.02.2010).
El 21 de febrero de 2011 “la Corte Suprema de Justicia condenó al ex senador Uribe Escobar a 7 ½ años de cárcel y a una sanción pecuniaria de más de 3.400 millones de pesos, equivalentes al pago de 6.500 salarios mínimos mensuales vigentes.
Mario Uribe Escobar, además de ser sentenciado por el delito de concierto para laconformación de grupos paramilitares, será sometido a otra investigación penal preliminar por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos de lesa humanidad perpetuados por las Autodefensas” (“El Espectador, 21.02.2011).
- CARLOS ENRIQUE PADILLA PEÑA, ex concejal de Ciénaga (Magdalena), condenado a 19 años de prisión por asociarse con las AUC para manejar mediante el terror el comercio del mango en el Departamento del Magdalena (“El Espectador”, 16.02.2011).
- OSCAR DE JESÚS LÓPEZ CADAVID, conservador, ex gobernador del Guaviare, detenido por orden de la Fiscalía en marzo de 2009. Incluido en marzo de 2010 por los Departamentos de Estado y del Tesoro de los EE.UU. en la Lista Clinton. “La Sala Penal (de la Corte Suprema de Justicia) condenó al ex gobernador del Guaviare Óscar de Jesús López por concierto para delinquir agravado, al comprobarse que tuvo nexos con paramilitares en esa zona del país” “La Corte también pidió que se inicie una nueva investigación contra el ex gobernador, por su participación en los delitos perpetrados por las AUC en la región. Ante la gravedad de los hechos, la Corte -además de la pena- (siete años de cárcel) niega la posibilidad de la libertad condicional o del beneficio de casa por cárcel para el ex mandatario que tendrá que pagar una multa de 6.500 salarios mínimos” (“El Tiempo”, 19.01.2011 y 20.01.2011).
- FERNANDO LONDOÑO HOYOS, ex ministro del Interior y de Justicia del presidente Uribe. “Londoño presentó su carta de renuncia como ministro del Interior luego que la Superintendencia de Sociedades le impusiera una sanción por adquirir indebidamente 145 millones de acciones de la firma Invercolsa por un monto 9.000 millones de pesos en mayo de 1997, acciones que luego aparecieron a nombre de una compañía panameña llamada Afib y de la que aun no se conocen sus dueños.
En febrero de 2007 el Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá ordenó a Londoño restituir las acciones de Invercolsa adquiridas ilegalmente, ya que la Procuraduría General de la Nación afirmó que el ex ministro presentó una certificación falsa que aseguraba que él había sido empleado de la compañía. Por ello, el Juzgado determinó que Fernando Londoño Hoyos no adquirió ni fue poseedor de buena fe de los 145 millones de acciones de Invercolsa S.A. y ordenó que en término de 5 días el ex ministro Londoño debía restituir a ECOPETROL, South American Gulf Oil Company y Explotaciones Cóndor S.A. los dividendos recibidos de Invercolsa por cada uno de los períodos en que los percibió. Decisión que fue apelada por el ex ministro y en 2005 una sala de conjueces del Consejo de Estado dejó sin efectos la sentencia, ante lo cual ECOPETROL y la Procuraduría siguieron insistiendo. Finalmente la Corte Constitucional les dio la razón, si bien las acciones no han sido devueltas…
El 12 de noviembre de 2004 Fernando Londoño Hoyos fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por 15 años ya que la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Edgardo Maya Villazón, encontró que Londoño hizo uso indebido de su cargo como Ministro del Interior y de Justicia al hacer gestiones que favorecieron los intereses del consorcio italiano Recchi, del que había sido su apoderado judicial. En el fallo la Procuraduría concluyó que: "el ex ministro incurrió en conflicto de intereses y usó abusivamente su autoridad como segundo hombre más importante de la República después del Presidente" (Wikipedia, 06.05.2010).
El 17 de enero de 2011, “La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá ordenó al ex ministro del Interior Fernando Londoño Hoyos devolver un paquete de 145 millones de acciones de la firma Invercolsa. En segunda instancia, la Corporación confirmó la determinación del Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá, que había encontrado que la adquisición de las acciones había sido precedida de la presentación de un certificado laboral que contenía información falsa por parte de la Presidencia de Invercolsa
Enrique Vargas Ramírez, cabeza de la compañía entonces, era investigado como el gestor de la emisión de este tipo de documentación, pero el proceso precluyó el 14 de abril de 2008.
En ese entonces el Consejo de Estado había requerido a la Fiscalía General de la Nación a través de una compulsa de copias para que iniciara la actuación en contra de Vargas.
El mismo Tribunal Superior había confirmado la inexistencia de la relación contractual entre Londoño Hoyos e Invercolsa, en sentencia emitida el 28 de julio de 2002, que reiteró la postura esbozada por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá el 27 de octubre de 2000. “ (…) Él obró como representante de la sociedad ‘Fernando Londoño Abogados Asociados Ltda.’ ante la sociedad ‘Invercolsa, que existió un contrato de mandato con representación de naturaleza comercial entre las sociedades ‘Fernando Londoño Abogados Asociados Ltda.’ e ‘Invercolsa, S.A., y por último que la Sociedad ‘Fernando Londoño Abogados Asociados Ltda’ (…) en desarrollo y para la ejecución del mismo contrato comercial, lo delegó para actuar como Presidente de Invercolsa S.A. lo que necesariamente excluye la existencia del contrato de trabajo aseverado en la demanda para el año 1991.”, sostuvo el Tribunal en su momento”. (“El Espectador”, 17.01.2011).
- RAMÓN ANTONIO VALENCIA DUQUE, miembro de Alas Equipo Colombia, capturado en Medellín; senador en reemplazo del ex senador Álvaro Araujo Castro quien está acusado de concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo. “El ex jefe 'para' Éver Veloza, alias 'H.H', mencionó a Antonio Valencia ante los fiscales de Justicia y Paz. Según 'HH', los bloques Bananero y Élmer Cárdenas de las AUC crearon un movimiento político denominado 'Por una Urabá Grande y Unida', del que supuestamente se favoreció Valencia. El proyecto político, dijo 'HH' durante una versión libre, fue manejado por un ex candidato a la Asamblea de Antioquia del que también habría hecho parte el senador antioqueño Rubén Darío Quintero” (“El Tiempo” del 29.04.2010).
En diciembre de 2010 “la Corte Suprema de Justicia lo encontró responsable de concierto para delinquir agravado, delito madre de la parapolítica. Valencia Duque se había acogido a sentencia anticipada y confesó que tuvo vínculos políticos con el grupo paramilitar que comando Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo condenó a tres años y nueve meses de prisión y a pagar una multa de 167 millones de pesos (3.250 salarios mínimos)” (“El Tiempo, 14.12.2010).
- MIGUEL ALFONSO DE LA ESPRIELLA BURGOS, ex senador de Córdoba del Partido Colombia Democrática; aceptó los cargos reconociendo ser parte de la llamada “ala política” de las AUC; fue condenado a 45 meses de prisión. Según la Procuraduría, utilizó su cargo para promover y auspiciar a los paramilitares, por lo que en diciembre de 2010 fue destituido y sancionado con 20 años sin poder ocupar cargos públicos. "Está demostrado que el señor Miguel Alfonso de la Espriella Burgos, en su calidad de Senador durante los periodos 2002-2006; 2006-2007, promovió y auspició al citado grupo al margen de la ley como 'retribución' al apoyo de esa organización para acceder a esa dignidad pública", aseguró la Procuraduría. De la Espriella reconoció hacer parte del ala política del grupo ilegal, hecho que es corroborado con las declaraciones del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Según Mancuso, posterior al pacto de Santafé de Ralito se efectuó un acuerdo político para que el señor Miguel de la Espriella fuera al Congreso de la República, donde sería el interlocutor político de este grupo ilegal.
"Otros testimonios recaudados también dan cuenta de los vínculos del entonces Senador con las AUC y de su trabajo en el Congreso de la República a favor de los intereses paramilitares, pues su función era precisamente buscar escenarios que permitieran al colectivo criminal un acercamiento con el gobierno nacional encaminado a un cese de hostilidades a cambio de algunos beneficios como los obtenidos por la Ley de Justicia y Paz", dice el ministerio público”” (“El Tiempo”, 13.12.2010).
- JORGE NOGUERA COTES, fue el jefe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante el primer periodo presidencial del presidente Álvaro Uribe. Durante el segundo periodo de Uribe fue nombrado cónsul en Milán. El ex jefe de informática del DAS Rafael García lo acusa de poner el organismo de inteligencia estatal al servicio de los jefes paramilitares. En octubre de 2010 fue destituido y sancionado con 20 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos, por la Procuraduría, por el escándalo de las “chuzadas”. Por su parte, “la Fiscalía asegura que las pruebas demuestran que Jorge Noguera Cotes, desde su cargo en la dirección del DAS colaboró con las autodefensas y entregó información sobre sindicalistas y miembros de ONG de derechos humanos que terminaron siendo asesinados después por los paramilitares”(“El Tiempo”, 02.12.2010).
- MARIO ARANGUREN RINCON, ex director de la DIAN, detenido desde el 31.05.2010. “El ex director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Mario Aranguren, comparece ante un juez con funciones de Control de Garantías por la presunta entrega ilegal al DAS de datos reservados sobre movimientos financieros e información contable de magistrados, dirigentes políticos y miembros de ONGs.
En la audiencia pública, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia le imputará cargos por los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, y concierto para delinquir” (“El Tiempo”, 26.05.2010). En octubre de 2010 fue sancionado por la Procuraduría con la destitución y 18 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos.
- YIDIS MEDINA, con Teodolindo Avendaño, personajes de la denominada “yidispolítica”, otra de las caras de la corrupción política en Colombia. Confesó haber recibido dádivas a cambio de apoyar la reforma constitucional para la reelección del presidente Uribe. Por ello, la Corte la condenó a tres años y nueve meses de prisión, pena que paga en su casa por ser madre cabeza de familia. La ex parlamentaria dijo que el ministro de Protección Social, Diego Palacio, y el embajador de Colombia en Italia, Sabas Pretelt, que por la época de los hechos era ministro del Interior y de Justicia, le ofrecieron prebendas a cambio de que respaldara a Uribe. El 1° de octubre de 2010, la ex representante a la Cámara fue condenada a 4 años y dos meses de prisión y a pagar una multa de 578 millones de pesos, por el Tribunal Superior de Bogotá, por“enriquecimiento ilícito”, “tras haber aceptado el manejo de unas notarías en Barrancabermeja, Santander, a cambio de favorecer la reelección presidencial. Yidis Medina recibió una rebaja en la pena por haberse allanado a los cargos que se le endilgaban, producto de los réditos económicos que le significó la conducción de esas notarías” (“El Espectador”, 01.10.2010).
- RUBÉN DARÍO QUINTERO, senador por el Partido Cambio Radical. Primer congresista antioqueño vinculado al escándalo de la parapolítica. Detenido el 21 de marzo de 2008 y liberado posteriormente por vencimiento de términos. Recapturado por el CTI el 27 de septiembre de 2010 y el mismo día condenado por la Corte Suprema de Justicia a 90 meses de prisión y a pagar 6.500 salarios mínimos (más de 3.300 millones de pesos).
- MIGUEL ÁNGEL RANGEL SOSA, ex representante a la Cámara por el Departamento de Bolívar y el Partido de la U, detenido en enero de 2009. En julio de 2010 la Procuraduría pidió su condena por parapolítica. "Está probada su responsabilidad en el compromiso que tuvo con las autodefensas para apoyar su proyecto político en el sur de Bolívar", dijo en audiencia un representante de la Procuraduría. (“El Tiempo”, 14.07.2010). Condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en septiembre de 2010, a 7 ½ años de prisión por concierto para delinquir agravado (“El Tiempo”, 16.09.2010).
- SABAS PRETELT DE LA VEGA, destituido e inhabilitado por 12 años por la Procuraduría General de la Nación en agosto de 2010. “La Fiscalía lo acusa por "dar u ofrecer" prebendas para lograr apoyos al proyecto de la reelección presidencial en el 2004.
Pretelt de la Vega era ministro del Interior y de Justicia en el 2004, cuando se discutió y aprobó el proyecto que revivió la reelección presidencial en Colombia. Según denuncias que investigó la Corte, parlamentarios como Yidis Medina y Teodolindo Avendaño recibieron prebendas a cambio de su apoyo a ese proyecto de ley, que finalmente fue aprobado…En la condena a Yidis, la Corte Suprema aseguró que el trámite de esa ley fue ilegal y por eso pidió a la Fiscalía que investigara a Sabas Pretelt y al actual ministro de la Protección, Diego Palacio.” (“El Tiempo”, 13.05.2010).
También, “el exministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, rendirá versión libre ante la Fiscalía por supuestos nexos con el paramilitarismo.
El ente acusador busca esclarecer si el también ex embajador en Italia se reunió con ex líderes de las autodefensas, a fin de incluirlos en el debate público sobre la reelección”(“El Espectador”, 02.03.2011).
- HUMBERTO BUILES CORREA, antioqueño del Partido Cambio Radical, ingresó al Senado en reemplazo de Reginaldo Montes que fue detenido dentro del mismo proceso, Builes es un reconocido empresario nacido en el Municipio de San José de la Montaña, en el norte de Antioquia; senador durante el período 2002-2006; fue detenido el 8 de abril de 2008, por vínculos con alias “el Alemán”; condenado en agosto de 2010 a 7 años de prisión por concierto para delinquir agravado por la Corte Suprema de Justicia.
- ALIRIO VILLAMIZAR AFANADOR, ex senador conservador de Santander, condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 8 de julio de 2010, a 117 meses de prisión. “Adicionalmente, el dirigente fue sentenciado la pago de una multimillonaria multa de casi 45.300 millones de pesos, equivalente a la liquidación de 87.495 salarios mínimos mensuales vigentes y a una inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por espacio de 96 meses” (“El Espectador”, 08.07.2010). Había sido detenido el 01.09.2009, “señalado de recibir cargos burocráticos a cambio de su voto a favor de la reelección. En un allanamiento a su casa en Bucaramanga fueron hallados casi mil millones de pesos en efectivo” (“El Tiempo”, 01.09.2009). El 9 de marzo de 2010, la Procuraduría le solicitó al Consejo de Estado decretar la pérdida de investidura para el senador Villamizar. Destituido por la Procuraduría en enero de 2011, e inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos. El 28 de abril de 2011 la Corte Suprema llamó a indagatoria al ex senador Villamizar para que explique por qué tenía en su cuenta más de cinco mil millones de pesos.
- ÁLVARO MORÓN CUELLO, ex representante por el Departamento del César e integrante del Movimiento Alas Equipo Colombia. Condenado en julio de 2010 por la Corte Suprema de Justicia, por parapolítica, a ocho años y cuatro meses de cárcel.
- FABIO ARANGO TORRES, ex representante a la Cámara por Vaupés y el Partido Cambio Radical. “La Corte Suprema lo halló culpable del delito de corrupción al sufragante. Le fue impuesta una pena de 72 meses de prisión y una multa de 196 salarios mínimos mensuales legales vigentes (98 millones de pesos) por haber comprado votos a favor del candidato de su grupo político, José Leonidas Soto, para la elección a la Gobernación del Departamento. La pena deberá cumplirla el congresista en la cárcel, pues la Corte negó su solicitud de prisión domiciliaria (“El Tiempo, 08.07.2010). “El 11 de octubre de 2002 el Consejo de Estado declaró la nulidad de su elección como Representante a la Cámara, teniendo en cuenta las irregularidades con las que obtuvo apoyo de algunos votantes del municipio de Taraira, Vaupés” (revista “Semana” 08.07.2010).
- SILFREDO MORALES ALTAMAR, “A seis años y ocho meses de cárcel fue condenado el ex representante a la Cámara por las negritudes Silfredo Morales, por irregularidades en la celebración de convenios contractuales cuando estuvo al frente de la Alcaldía de Marialabaja, Bolívar” (“El Espectador”, 18.05.2010).
- JOACO BERRIO VILLARREAL, ex gobernador de Bolívar, cargo al que renunció el 14.05.2010; ex integrante del Partido Cambio Radical; suspendido por varios meses e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 18 años por la Procuraduría; investigado por la Fiscalía por presuntos dineros recibidos de DMG para su campaña a la Gobernación.
- JORGE IVÁN CASTRO PACHECO, político del Magdalena, miembro del Movimiento Colombia Viva; detenido por parapolítica en 2008, condenado en mayo de 2010 a siete años y seis meses de prisión. Había ingresado al Senado en reemplazo deDieb Maloof quien había sido detenido por el escándalo, renunció y en su reemplazo ingresó Vicente Blel quien a los pocos meses también tuvo que renunciar por el mismo escándalo. Pacheco fue investigado por sus nexos con alias Jorge 40; su hermano alias 'Tuto Castro' fue la mano derecha de '40'. En julio de 2010 la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación por “crímenes de lesa humanidad” (“El Tiempo”, 13.07.2010).
- HERNANDO MOLINA ARAUJO, ex gobernador del Cesar. Permaneció en la cárcel La Picota de Bogotá desde el 17 de mayo de 2007 hasta enero de 2010, cuando salió con libertad provisional decretada por la Corte Suprema de Justicia. Capturado nuevamente en Valledupar, en mayo de 2010, al ser condenado a siete y medio años de prisión por la Corte. “Molina Araujo era investigado por nexos con el ex jefe para extraditado, Rodrigo Tovar Pupo, alias 'jorge 40'” (“El Espectador”, 06.05.2010).
- JUAN CARLOS ABADÍA, miembro del Movimiento Popular Unido, del detenido Juan Carlos Martínez Sinisterra ex senador del Partido Convergencia Ciudadana. Abadía fue destituido por la Procuraduría e inhabilitado por 10 años, en mayo de 2010, por su participación en política cuando se desempeñaba como gobernador del Valle del Cauca.“La Procuraduría afirma que Juan Carlos Abadía "planeó y concertó" una reunión en Palmira para que el precandidato conservador Andrés Felipe Arias hiciera proselitismo con alcaldes… La destitución de Abadía supone, en todo caso, un duro golpe para el proyecto político que lideran en el Valle el papá del gobernador, Carlos Herney Abadía, y el ex senador Juan Carlos Martínez, que está preso por parapolítica. Esa unión, que no es nueva, logró sorprendentes resultados del partido PIN en el departamento” (“El Tiempo”, 06.05.2010).
- ÁLVARO ARAUJO CASTRO, era senador de la República y líder del Movimiento Alas Equipo Colombia cuando fue detenido; tiempo después renunció al fuero como congresista para ser juzgado por la justicia ordinaria y no por la Corte Suprema de Justicia. Araujo es uno de los políticos implicados más cercanos al presidente Álvaro Uribe Vélez; su vinculación al proceso causó en su momento la renuncia de su hermana la canciller María Consuelo Araujo. Se le acusó de concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo en contubernio con los paramilitares de alias “Jorge 40”. En marzo de 2010 fue condenado a nueve años y tres meses de prisión, y una multa de casi 3.700 millones de pesos; “luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia comprobara la alianza política que había establecido con el Bloque Norte de las Autodefensas, para obtener una curul en el legislativo. El tribunal consideró que el ex parlamentario cesarense sí había incurrido en los delitos de concierto para delinquir y constreñimiento al elector que se le endilgaban en la acusación, al valerse de la influencia que ejercían los paramilitares en la región Caribe de Colombia, con fines electorales. En concepto de la corporación, los vínculos que el hoy condenado mantuvo con Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", fueron determinantes para la obtención de 19 mil votos con los que lo respaldaron los sufragantes del Cesar en los comicios de 2002” (“El Espectador”, 18.03.2010).
- MOHAMED DUQUE GARCÍA, en marzo de 2010 candidato por el Valle y por el Partido de Integración Nacional (PIN) a la Cámara de Representantes, condenado a 56 meses de cárcel por porte ilegal de armas.
- JORGE LUIS ALFONSO LÓPEZ, ex alcalde de Magangué, destituido e inhabilitado por 20 años por la Procuraduría. “La Procuraduría dice que el hijo de 'La Gata', que es hermano del hoy aspirante al Congreso Héctor Julio Alfonso López, "atentó de manera abierta y desproporcionada contra la transparencia y la moralidad que debía salvaguardar en ejercicio de la función pública".” (“El Tiempo”, 25.02.2010).
- ÁLVARO GARCÍA ROMERO, ex senador del Partido Colombia Democrática, renunció a su investidura; llevaba más de 25 años en el Congreso de la República; condenado a 40 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2010.“Los nueve magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema encontraron responsable al ex congresista de los delitos de homicidio agravado, peculado y concierto para delinquir agravado, el delito madre de la parapolítica…La Corte ordenó su captura a finales del 2006. En la acusación contra el ex senador, se hace un descarnado recuento de cómo los grupos paramilitares de Sucre nacieron bajo "la anuencia y complicidad de ganaderos y políticos del departamento" a mediados de la década pasada” (“El Tiempo”, 23.02.2010). Su hermana, Teresita García Romero, elegida en marzo de 2010 al Senado de la República por el PIN, “fue cónsul en, Frankfurt Alemania (durante el gobierno del presidente Uribe) pero nunca ha participado en cargos de elección popular. Obtuvo 48,636 votos por ser la hermana y heredera del fortín político de Álvaro García Romero” (revista “Semana, 18.03.2010).
- ELEONORA PINEDA, ex alcaldesa del Municipio de Tierralta y ex representante a la Cámara por el Departamento de Córdoba y el Partido Convergencia Ciudadana, condenada por concierto para delinquir agravado. De los promotores y firmantes del Pacto de Ralito. En libertad el 30 de enero de 2009 por buena conducta y confesión del delito, después de pagar 19 meses de prisión en la cárcel el Buen Pastor de Bogotá.
- DIXON FERNEY TAPASCO, ex representante liberal por Caldas, “Tapasco renunció a su curul luego de que la Corte ordenara su captura por sus presuntos vínculos con el grupo paramilitar y fue procesado por la Fiscalía. En este momento responde en juicio por estos hechos. Le sucedió Enrique Emilio Ángel, quien también fue detenido por orden de la Corte. Lo mismo ocurrió con los que lo seguían en la lista: Jairo Alberto Llano y Carlos Arturo Gálvez” (“El Tiempo”, 31.08.2009). Condenado por concierto para delinquir agravado, en febrero de 2010, a 7 años de prisión y a pagar una multa de 6500 salarios mínimos. Llamado a indagatoria, conjuntamente con su padre Francisco Ferney Tapasco González, en septiembre de 2010, como supuestos autores intelectuales del asesinato del periodista Orlando Sierra, subdirector del diario “La Patria” de Manizales en 2002 (“El Tiempo”, 29.09.2010).
- MANUEL GUILLERMO CUELLO BAUTE, “el ex superintendente de Notariado y Registro que fue condenado a prisión por corrupción en el escándalo en el que él mismo denunció que el gobierno le pidió premiar a los congresistas que votaron a favor de la reforma constitucional para permitir la primera reelección de Uribe otorgándoles cuotas en notarías” (revista “Semana”, 18.03.2010). Destituido por la Procuraduría en noviembre de 2010 e inhabilitado por 17 años para ejercer cargos públicos (“El Espectador”, 12.11.2010).
- VICENTE BLEL, bolivarense, miembro del Movimiento Colombia Viva, senador de la República en tres períodos consecutivos (1994-2006). En 2006 no le alcanzó la votación para ocupar una curul en el Congreso de la República pero ingresó a esa corporación en reemplazo de Jorge Castro Pacheco que había reemplazado a Dieb Maloof quien también fue vinculado cuando este fue capturado, renunció a su cargo, para que su investigación pasara en manos de la Fiscalía, después de que en octubre de 2007 la Corte Suprema de Justicia lo llamara a indagatoria. Condenado en enero de 2010 a siete años de prisión por concierto para delinquir agravado. La Procuraduría General había solicitado que se condenara al ex senador Blel al considerar que existían suficientes pruebas que demostraban que el político, según dijo, recibió apoyo de las AUC. "El ex Senador promovió a la organización armada al margen de la ley, con el fin de que continuara imponiendo, por la fuerza, su pensamiento político en la región, legitimándola en el sentido de que ejercía dominio en la zona, de manera tal que sin su aval no era posible a los candidatos el libre y legítimo ejercicio de la actividad proselitista", dijo la Procuraduría.
- GONZALO GARCÍA ANGARITA, fórmula a la Cámara de Representantes del senador Humberto Gómez Gallo por el Tolima y por el Partido Conservador. Condenado por la Corte Suprema de Justicia a 90 meses de prisión por parapolítica. “En la sentencia se ordena además investigarlo por su presunta responsabilidad en una masacre de los paras del bloque Tolima y el asesinato de un ganadero de esa región”(“El Tiempo”, 25.05.2011).
- ROCÍO ARIAS, fue representante a la Cámara por Antioquia y reconoció el apoyo económico de grupos paramilitares para llegar a ocupar dicho cargo en el Congreso en el año 2002. El 22 de enero de 2008 se entregó ante la Fiscalía reconociendo su cercanía con los jefes de los grupos paramilitares, especialmente alias “Macaco” y alias "Don Berna". En julio del mismo año fue condenada a 45 meses de prisión, pagando finalmente 28. Arias dio varios nombres de congresistas que presuntamente se habrían beneficiado de alianzas con paramilitares. En marzo de 2010, fue destituida por la Procuraduría como representante a la Cámara por el período 2006-2010 e inhabilitada por 20 años para ejercer cargos públicos.
- SALVADOR ARANA SUS, ex gobernador de Sucre (2001-2003) y ex embajador en Chile (2003-2004) nombrado por el presidente Uribe. Por meses permaneció prófugo de la justicia hasta que fue capturado el 29 de mayo de 2008. Investigado por la muerte de Eudaldo León Díaz, alcalde de "El Roble", quien en un consejo comunitario realizado en Corozal, Sucre en marzo de 2003 le dijo al presidente Álvaro Uribe Vélez que lo iban a matar. Eudaldo Díaz se resistía a ser controlado por los paramilitares que mandaban en la región y le dijo a su familia que si algo le pasaba el responsable sería Salvador Arana.Según la Corte Suprema de Justicia, “el ex gobernador habría hecho parte de un grupo criminal organizado de poder que ejecutó la eliminación sistemática de personas en Sucre.
El alto tribunal analiza evidencia recogida por sus investigadores y remitida a la Fiscalía, que señala que Arana fue el creador de los grupos paramilitares que azotaron a Sucre durante años y que dejaron una estela de muertos, entre campesinos y miembros de organismos judiciales” (“El Tiempo”, 22.11.2009). Por sus crímenes fue condenado, en diciembre de 2009, a 40 años de prisión.
- CÉSAR LUCAS GENNECO, ex gobernador del Cesar, condenado a 10 años de cárcel por fraccionamiento de contratos.
- RUBÉN DARÍO SALAZAR, representante, condenado a 5 años y 4 meses de cárcel por el delito de concusión por la Corte Suprema de Justicia, y a “muerte política” por el Consejo de Estado. El 1° de septiembre de 2009 aceptó cargos. Antes había sido condenado también por la Corte Suprema de Justicia por compra de votos y trasteo electoral.
- SANDRA ARAVELLA, ex representante por el Partido Cambio Radical y el Departamento de Guainía. Condenada a seis años de cárcel por falsedad en documento público. Con investigación preliminar por parapolítica.
- RICARDO ELCURE CHACÓN, ex senador del Partido Colombia Democrática, Departamento de Norte de Santander, condenado a seis años de prisión por concierto para delinquir agravado; se entregó a la justicia luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia profiriera orden de captura en su contra. “Este parlamentario fue quien reemplazó al ex senador Mario Uribe, primo del Presidente, quien renunció a su curul en el Senado luego de su llamamiento a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia, dentro del escándalo de la parapolítica.
Con la detención de Elcure ya son 32 los legisladores tras las rejas por sus vínculos con grupos de autodefensas.
Sin embargo, otros 30 congresistas se encuentran con investigación preliminar por su presunta relación con organizaciones de extrema derecha para obtener beneficios electorales” (“El Espectador”, 21.04.2008).
- MURIEL BENITO REVOLLO, ex representante a la Cámara por el Departamento de Sucre y el Partido Conservador, se sometió a sentencia anticipada. Condenada a 47 meses de prisión. Había sido denunciada años atrás por sus vínculos con el paramilitarismo por el entonces representante Gustavo Petro; Benito Rebollo había negado las acusaciones diciendo que Petro solo buscaba difamarla y ganar protagonismo. La Fiscalía había ordenado su detención en noviembre de 2006.
- ERIC JULIO MORRIS TABOADA, ex alcalde y ex gobernador de Sucre, representante a la Cámara por el Partido Colombia Democrática. Condenado a pagar seis años de prisión y 344 millones de pesos de multa.
- ALFONSO ANTONIO CAMPO ESCOBAR, ex representante por el Magdalena, miembro del Partido Conservador. Sentenciado por el Juzgado Sexto Especializado de Bogotá, a seis años de presidio por concierto para delinquir, constreñimiento al sufragante y alteración de resultados electorales. Además, se le impulso multa por más de 1.600 millones de pesos. Había renunciado a su fuero de congresista. En diciembre de 2009 la Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó por 20 años. En julio de 2010 la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación por “crímenes de lesa humanidad”(“El Tiempo”, 13.07.2010).
- TRINO LUNA MORÓN, ejercía como gobernador del Departamento del Magdalena cuando fue detenido. Fue el primer condenado dentro del proceso de la parapolítica después de acogerse a sentencia anticipada aceptando el cargo de concierto para delinquir agravado por sus nexos con los paramilitares alias “Jorge 40” y Hernán Giraldo Serna de quienes recibió el apoyo para llegar a ser gobernador del Magdalena en las elecciones de 2003 donde fue candidato único. Fue condenado a 3 años y seis meses de cárcel y a pagar una multa de 10 mil salarios mínimos mensuales[.
En marzo de 2010, Manuel Julián Mazenet Corrales, ex secretario de Educación del Magdalena, quien cuenta con el apoyo político de Trino Luna, fue elegido senador por el PIN con 47.667 votos (revista “Semana”, 18.03.2010).
- NELSON STANP BERRÍO, ex diputado de Sucre. Multa de 430 millones de pesos y prisión por tres años.
- TEODOLINDO AVENDAÑO, condenado a ocho años de cárcel por cohecho y enriquecimiento ilícito en relación con la aprobación de la reelección presidencial.
- IVÁN DÍAZ MATEUS, condenado a seis años de cárcel, era el titular de la curul que ocupó Yidis Medina, la mujer que cambió su voto a favor de la reelección, “fue sentenciado por la Corte Suprema por el delito de concusión, acusado de presionar a Yidis Medina para votar en el referendo reeleccionista”.
- EDILBERTO CASTRO, ex gobernador del Meta.
- MIGUEL ÁNGEL PÉREZ, ex gobernador del Casanare. A seis años de prisión; aunque fue condenado por enriquecimiento ilícito de particulares y por fuera del escándalo de la parapolítica, fue una de las primeras investigaciones en hacerse en contra de un político vinculado a las autodefensas.
- JORGE LUÍS CABALLERO CABALLERO, ex representante a la Cámara por el Departamento del Magdalena y el Partido Apertura Liberal. Estuvo prófugo de la justicia y se entregó en 2007. Fue condenado a seis años y medio de prisión. En diciembre de 2009 la Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó por 20 años. En julio de 2010 la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación por “crímenes de lesa humanidad” (“El Tiempo”, 13.07.2010).
- JOSÉ FRANCISCO ZÚÑIGA, ex alcalde de Santa Marta, Magdalena, condenado por un juez Especializado de Santa Marta, a cuatro años y dos meses de cárcel, por los delitos de concierto para delinquir agravado y constreñimiento al elector.
- LUÍS EDUARDO VIVES LAUCUTURE, Magdalena, ex senador por el Partido Covergencia Ciudadana; renunció a su investidura. Condenado por la Corte Suprema de Justicia a 67 meses de cárcel por los delitos de concierto para promover grupos armados, y alteración de resultados electorales. Se le impuso además, una multa de 618 millones de pesos. En diciembre de 2009 la Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó por 20 años. Salió de la cárcel en febrero de 2010. En julio de 2010 la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación por “crímenes de lesa humanidad” (“El Tiempo”, 13.07.2010).
- KARELLY PATRICIA LARA VENCE, ex representante a la Cámara por el Partido Cambio Radical y ex alcaldesa del Municipio de Fundación (Magdalena), condenada a seis años de prisión por la Corte Suprema de Justicia en agosto de 2009, por el delito de concierto para delinquir agravado.
- MAURICIO PIMIENTO BARRERA, ex gobernador del Departamento del César y ex senador del Partido de la U. Renunció a su investidura. La Corte Suprema de Justicia lo condenó por el delito de concierto para delinquir y por sus vínculos con alias Jorge 40 quien, según la sentencia, favoreció electoralmente a Pimiento para alcanzar su escaño en el Senado. Recibió una pena de prisión de siete años y una multa de 923 millones de pesos. Está libre desde diciembre de 2009. En julio de 2010 la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación por “crímenes de lesa humanidad” (“El Tiempo”, 13.07.2010).
- DIEB NICOLÁS MALOOF CURE, ex senador del Movimiento Colombia Viva, renunció a su investidura; condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por parapolítica. En diciembre de 2009 la Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó por 20 años. En julio de 2010 la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación por “crímenes de lesa humanidad” (“El Tiempo”, 13.07.2010).
- REGINALDO MONTES, ex senador de Bolívar, miembro del Partido Cambio Radical, condenado por la Corte Suprema de Justicia a seis años y dos meses de prisión y una sanción económica de 923 millones de pesos. Signante del Pacto de Ralito (1997). Recuperó la libertad en octubre de 2009.
- ENRIQUE EMILIO ÁNGEL BARCO, ex representante liberal, caldense. El 15 de julio de 2008 aceptó cargos y se sometió a condena anticipada. Condenado por parapolítica a 45 meses de prisión.
- JUAN MANUEL LÓPEZ CABRALES, ex representante por el Departamento de Córdoba y el Partido Liberal que alcanzó la votación más alta de su partido para las elecciones de 2006. Renunció a su investidura, fue condenado por parapolítica por la Corte Suprema de Justicia a seis años y dos meses de cárcel, y una sanción económica de 600 millones de pesos. Signante del Pacto de Ralito. El 23 de marzo de 2010 decía El Tiempo: “Está próximo a salir de la cárcel por mayoría de pena cumplida”. Su esposa, Arleth Patricia Casado, elegida en 2010 al Senado por el Partido Liberal con la votación más alta de dicho partido: 111.752 votos. “El aval que recibió Casado por parte del partido resultó muy polémico y causó que la senadora liberal Cecilia López, decidiera mantenerse al margen de las elecciones al Congreso acusando a las directivas de afincarse en la vieja política” (revista “Semana”, 18.03.2010).
- VÍCTOR GUERRA DE LA ESPRIELLA, ex congresista, condenado en mayo de 2007 a 6 años y 3 meses de prisión por parapolítica, salió libre el 1° de diciembre de 2009. “Se le concedió al acumular, con estudio y trabajo en prisión, las tres quintas partes de la pena. La decisión de concederle el recurso de Hábeas Corpus la tomó el Consejo Seccional de la Judicatura.
De la Espriella había sido condenado, en mayo de 2007, a seis años y tres meses de prisión. El beneficio lo logró gracias a haber tomado cursos de formación agrícola, informaron fuentes judiciales. De la Espriella fue uno de los firmantes del llamado 'Pacto de Ralito', entre miembros de grupos paramilitares y dirigentes políticos” (“El Tiempo”, 01.12.2009).
- RODRIGO BURGOS, ex representante conservador, condenado por parapolítica a prisión durante 3 años y 11 meses.
- EMILIO ENRIQUE ÁNGEL BARCO, ex representante liberal de Caldas. Condenado por parapolítica a 3 años y nueve meses de cárcel.
A juicio
- JUAN PABLO SÁNCHEZ, representante liberal por Caldas, detenido en Bogotá el 31.08.2009. “Sánchez Morales fue señalado por el ex jefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez', quien aseguró que éste, desde 2006, mantenía estrechas relaciones con las Autodefensas” (“El Espectador”, 31.08.2009). “Sánchez, de 27 años, se posesionó como representante a la Cámara el pasado 2 de julio como quinto renglón en la lista por el Departamento de Caldas del Partido Liberal, con sólo 792 votos. Su investidura la obtuvo como reemplazo del representante Jairo Alberto Llano, también capturado por nexos con 'paras' cuando fue alcalde de Villamaría” (“El Tiempo”, 31.08.2009).Su juicio se reanudó el lunes 23 de mayo de 2011.
- MARIO SALOMÓN NADER, ex senador liberal del Departamento de Córdoba. “El dirigente liberal estaba en la lista de más de 20 dirigentes mencionados por alias ‘el Alemán’, que habrían recibido apoyo de parte del Bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas, dirigido por Rendón Herrera. En declaración rendida ante la Corte Suprema de Justicia, el ex comandante paramilitar dio cuenta de los supuestos vínculos que estableció con otros dirigentes de Córdoba como el ex congresista de Cambio Radical Reginaldo Montes, condenado a seis años de prisión; así como el ex diputado Mario Buendía, la ex candidata a la Cámara Mari Bechara, el ex senador liberal Juan Manuel López, también condenado a siete años de prisión, y el conservador José De los Santos Negrette (“El Espectador”, 17.09.2010). Llamado0 a juicio por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 18 de mayo de 2011 (“El Tiempo”, 18.05.2011).
- JAVIER CÁCERES LEAL, detenido el 14 de septiembre de 2010 por el delito de concierto para delinquir agravado. Ex presidente del Congreso, bolivarense, senador por el Partido Cambio Radical. “Repetirá curul después de conseguir la votación más alta de su partido, 74.675 votos. Cáceres tiene una investigación preliminar en la Corte Suprema de Justicia, proceso 32009, por tráfico de influencias en Etesa, según denunció la revista Cambio” (revista “Semana”, 18.03.2010). En marzo de 2011 también investigado por el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
- MANUEL NULE, MIGUEL NULE, GUIDO NULE, Y MAURICIO GALOFRE, investigados por peculado y otros cuatro delitos sobre los cuales no aceptaron responsabilidad: fraude procesal, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y cohecho.
- JUAN JOSÉ CHAUX MOSQUERA, ex representante por el Cauca y ex senador por el Partido Liberal, detenido el 18 de mayo de 2009 en el aeropuerto Eldorado de Bogotá, en operación adelantada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía. El 23 de marzo de 2011, “la Fiscalía acusó al ex gobernador del Cauca y ex embajador en República Dominicana Juan José Chaux por presuntas alianzas con paramilitares del bloque Calima. Chaux fue señalado por el jefe “para” Ever Veloza, alias “HH”, quien dijo que el dirigente era el "representante político" del grupo paramilitar. Incluso aseguró que llegó a la Gobernación del Cauca en el 2003 por el apoyo que le brindaron las autodefensas. Chaux fue uno de los asistentes a la polémica visita del asesinado ex jefe paramilitar “Job” a la Casa de Nariño en el 2008” (“El Tiempo”, 24.03.2011).
- MIGUEL PINEDO VIDAL, ex senador del Magdalena por el Partido Cambio Radical. Detenido el 31 de marzo de 2008 por parapolítica. En marzo de 2011 investigado por el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Estando en libertad condicional fue llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia el 23 de marzo de 2011.“El alto tribunal encontró pruebas de sus vínculos con el bloque Tayrona de las autodefensas. El ex presidente del Congreso Miguel Pinedo Vidal fue acusado por concierto para delinquir por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La Corte encontró pruebas sólidas de, al menos, dos reuniones que Pinedo y algunos de sus más cercanos colaboradores sostuvieron con el ex jefe paramilitar Hernán Giraldo, alias 'El viejo'” (“El Tiempo”, 23.03.2011).
- CÉSAR PÉREZ GARCÍA, expresidente de la Cámara de Representantes, liberal, detenido el jueves 22 de julio de 2010. La Corte Suprema de Justicia le abrió investigación por “crímenes de lesa humanidad” (“El Tiempo”, 13.07.2010). “Lo investigará la Corte por la masacre en Segovia (Antioquia), el 11 de noviembre de 1988. En este caso, Pérez García es señalado como determinador” (“El Tiempo”, 13.05.2010).
- WILLIAM MONTES, ex senador conservador del Departamento de Bolívar
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