En Colombia se viven muchas problemáticas viscerales que a simple vista no parecen tener nada que ver con el medioambiente: el conflicto armado, terrorismo, narcotráfico, corrupción, inmadurez política, la identidad olvidada de Shakira y las reinas de belleza, parecen temas que a simple vista están aparentemente aislados de posiciones intelectuales imprácticas o hasta incómodas como el medioambientalismo. Pero, a manera un poco didáctica y facilista, no olvidemos que la guerra y las drogas destruyen el medio ambiente, que la malversación de fondos y malas decisiones políticas también afectan el verde nuestro país, y que Shakira, como las reinas, a veces se las dan de muy "ambientalmente correctas".
Ese es el caso de la coca. Y la coca es un también un tema de gran importancia ambiental.
En el fondo, la coca es un problema acrecentado a niveles inmanejables por la falta de educación ambiental en el país, una falta de profundidad en la filosofía y política verde. Mientras el cultivo y uso de la hoja de coca son positivos para el pensamiento ambiental, su abuso para producir cocaína, y los cultivos ilícitos en general, son negativos para el movimiento, pues generan impactos nocivos directos y reacciones culturales y socioeconómicas equívocas, además de una malinterpretación política. No sólo encontrar los paralelos entre la plantación, abuso y tráfico de la coca y el medioambiente es crucial para el desarrollo de una política ambiental aplicable, sino también el dilucidar una voz política para la culminación de nuestros fines ambientalmente correctos parte de la proyección política verde sobre temas de gran envergadura como el tema de la coca.
Ya hemos hablado de la importancia de la planta en la cultura amerindia y lo vital que es su reivindicación actual como mecanismo de democratización de la valoración natural indígena (ver Apuntes Ambientales 9 - Coca y Ambiente). ¿Pero qué implicaciones prácticas tienen los principios ambientales ya planteados ante la realidad histórica del país frente a la coca? Antes de ahondar en las expresiones prácticas del movimiento ambiental en torno al tema de la coca, es importar acceder a un recuento histórico para entender las peculiaridades del caso colombiano en contexto.
Breviario histórico de la Coca en Colombia
Cómo se ha dicho la hoja de coca empezó a ser un problema cuando se añadió a una serie de prácticas y facetas culturales indígenas que impedían el desarrollo, que a su vez se catalogaron como primitivas, arcaicas, retrógradas, ineficientes, sucias o antihigiénicas. En Colombia, por ejemplo, el gobierno de Mariano (Luis) Ospina Pérez (1946-1950) hace ilegal la producción de chicha para ganar un mercado potencial a favor de las empresas de cerveza. Esto no se hizo evidente con el mascar de la coca, pero era igualmente desdeñado.
Fue muy pronto, inclusive antes de la gran industrialización cocalera, que tal práctica agrícola autóctona e inofensiva se convirtiera en algo demoníaco. En 1961 la Naciones Unidas (ONU) crean la Convención Única de Drogas Narcóticas del 61 que define las substancias ilegales en el mundo (corrección a la convención pionera de la Liga de las Naciones de Paris, 1931, y preludio a la Convención de Drogas Psicotrópicas de 1971 y de la Convención en contra del Tráfico de Drogas Narcóticas y Psicotrópicas de 1988, enfocada en el crimen organizado)*, a la cual se adhieren Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, entonces grandes productores del alcaloide. Mientras que el mercado fue dominado por los bolivianos, peruanos y ecuatorianos en sus primeras décadas, a principios de los años 80 se gestaban en Colombia una serie de circunstancias que transformarían el conflicto interno del país de carácter evidentemente sociopolítico en una guerra contra las drogas sin precedentes. Mientras la exportación de la cocaína crece y el mundo rico se hace adicto, las drogas compran armas y conciencias políticas, asesinan periodistas, ministros y escritores. Las mafias ponen en jaque al país y los carteles de Medellín y Cali se convierten en el enemigo público número uno. El gobierno responde con leyes de extradición y el ya famoso Bloque de Búsqueda. Aunque el país aspirara un aire en 1993 cuando Pablo Escobar encontrara su deceso, el emergente cartel de Cali, la mafia de los Rodríguez Orejuela, y luego el cartel del Norte del Valle, no dejarían este aire llegar muy hondo. Unos años ochenta y noventa turbulentos dejan al país como uno de los países más peligrosos del mundo y una sociedad entera ahogada en oro blanco que ya no distingue matices de gris.
Con dinámicas de oferta particulares, el control de la droga en Colombia se diversifica, y pasa de las mafias a los grupos al margen de la ley en muy poco tiempo. El conflicto interno del país tiene que ser reinterpretado. En 1998 el gobierno colombiano crea el Plan Colombia para captar la ayuda estadounidense y crear la mayor arremetida militar en contra de los cultivos y producción cocalera en años, lo que, paralelamente, significaba una arremetida contra las guerrillas y paramilitares del país. Con más de 6 billones de dólares en los primeros 4 años, el gobierno Pastrana entrega un país en una mejor posición en cuanto a su control del alcaloide. Este triunfo pasajero de los primeros años del plan, sin embargo, han eludido una aprobación total del mismo. Con 20 billones de dólares en la mano, la supuesta desaparición de los paramilitares y las grandes conquistas militares contra las guerrillas, el gobierno de los últimos años sigue alimentado dinámicas parecidas, pues la estrategia del Plan Colombia parece no haber dado resultados. Colombia sigue siendo el mayor exportador de cocaína en el mundo.
Implicaciones prácticas del ambientalismo en la Coca (y viceversa)
Algunos alegarán que lo más práctico ahora es intentar solucionar el problema con contingencias pragmáticas que le den seguridad al país y reducir el tema ambiental a un pie de página en lo que no podrían ser más que propuestas de contingencia militar ante la amenaza cocalera. Esto se traduce a seguir fumigando con glifosato los cultivos y demonizar todo lo que tenga que ver con coca, como ya lo ha planteado el Plan Colombia. No obstante, el no considerar el tema ambiental puede terminar generando mayores problemas, costos y nuevas dinámicas del conflicto en Colombia.
No sólo los cultivos ilícitos han tenido un eminente impacto ambiental, sino que este impacto, a su vez, ha reforzado el conflicto cocalero en el país. En este sentido, la dimensión ambiental es causa, en tanto a que no se han asumido responsabilidades ambientales en la toma de decisiones, y forzantes del conflicto de la coca en el país. Esto es obvio, pues mientras que el impacto directo de los cultivos genera efectos físicos, geoquímicos y biológicos de gran envergadura, el negocio de la droga disminuye la gobernabilidad de los institutos ambientales nacionales y hace su gestión más difícil. Elementos como el sistema de Parques Nacionales Naturales (PNN), las instituciones de investigación ambiental, no pueden operar de manera correcta. Estas pierden importancia en la coyuntura política actual y de las estrategias para solucionar la problemática de la coca, como el Plan Colombia, se hacen propuestas incompletas. Además, esta política agresiva ha retrasado la reivindicación de algunos valores indigenistas en la democracia nacional.
* Ver la página web de la junta internacional de control de narcóticos, o INCB por sus siglas en inglés: www.incb.org
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