ÁLVARO URIBE VÉLEZ Y LA FALTA DE MEMORIA HISTÓRICA SOBRE SUS ACTOS
NOTA DE REDACCIÓN:
Diciembre 21, 2013
Alvaro Uribe Vélez, en plena campaña electoral para el 2014, se ha lanzado como candidato al Senado por el Centro Democrático, y quiere usar como armas en contra del otro candidato de la burguesía y actual presidente Juan Manuel Santos, las negociaciones de paz en la Habana con las Farc y un supuesto indulto para los miembros de esta guerrilla, que saldría como resultado de estas conversaciones, olvidando dos importantes eventos de nuestra historia en los cuales Uribe fue protagonista, como: primero, su actuar como senador y amigo del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, indultando al M19 ( hace 21 años) y segundo, al entablar como presidente, negociaciones con las FARC, dentro del marco de un Acuerdo Humanitario (hace 6 años) este último en parte presionado por la opinión pública nacional e internacional, puesto que ya había realizado pactos de desmovilización y aplicación de la ley de justicia y paz, para beneficiar únicamente a los grupos asesinos paramilitares.
Como nota intermedia recordemos que se investiga de parte de la fiscalía colombiana las supuestas razones del M19, para que el 6 de noviembre de 1985, (bajo el gobierno de Belisario Betancur, por quien Pablo Escobar había llamado a votar para presidente desde Medellín), realizara la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, en donde se lanzaría una proclama de protesta por el asesinato de los miembros de los grupos insurgentes que se habían acogido al proceso de paz del entonces presidente Betancur y en esa operación militar, Pablo Escobar pudiera robar los expedientes que había en la sede de la Corte Suprema de Justicia y que preparaban para su extradición a los EE.UU. El mismo senador Juan Manuel Galán afirmó con respecto a la presencia de Jose Obdulio Gaviria, familiar de Escobar, y de Ever Bustamante, ex M19, en la lista al senado de Uribe: "Recuerdo una frase en un momento muy difícil de la oposición al doctor Uribe cuando el presidente Gaviria dijo que en la Casa de Nariño seguían llorando la muerte de Pablo Escobar."
También vale la pena mencionar las últimas acusaciones de Uribe en contra de Santos en esta campaña; donde el actual presidente es acusado por Uribe de tener un "carrusel para elecciones" el cual consiste en entregar cargos y puestos a cambio de votos, olvidando que todavía es Uribe investigado por lo mismo con la Yidispolítica, cuando entregó notarias con el mismo fin electoral y es investigado además por la financiación de grupos paramilitares en su primera campaña presidencial y para su reelección. Por eso traemos dos artículos que harán refrescar la memoria de este asesino colombiano que ha olvidado su actuar bajo las conveniencias de sus políticas, sobre el pueblo colombiano que tiene memoria de papel y olvida tan fácilmente tanto así, que aún toma partido a favor de alguno de estos dos sinvergüenzas, que no representan a su clase, sino a la burguesía capitalista y a las multinacionales.
Como nota intermedia recordemos que se investiga de parte de la fiscalía colombiana las supuestas razones del M19, para que el 6 de noviembre de 1985, (bajo el gobierno de Belisario Betancur, por quien Pablo Escobar había llamado a votar para presidente desde Medellín), realizara la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, en donde se lanzaría una proclama de protesta por el asesinato de los miembros de los grupos insurgentes que se habían acogido al proceso de paz del entonces presidente Betancur y en esa operación militar, Pablo Escobar pudiera robar los expedientes que había en la sede de la Corte Suprema de Justicia y que preparaban para su extradición a los EE.UU. El mismo senador Juan Manuel Galán afirmó con respecto a la presencia de Jose Obdulio Gaviria, familiar de Escobar, y de Ever Bustamante, ex M19, en la lista al senado de Uribe: "Recuerdo una frase en un momento muy difícil de la oposición al doctor Uribe cuando el presidente Gaviria dijo que en la Casa de Nariño seguían llorando la muerte de Pablo Escobar."
El día en que Álvaro Uribe pidió el indulto total al M-19
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| El 20 de mayo de 1992, el entonces senador liberal Álvaro Uribe Vélez, se convirtió en el promotor de una proyecto de indulto total para los miembros de la guerrilla del M-19. Foto: FUCSIA. |
Artículo elaborado por, Rodrigo Urrego Bautista y publicado el pasado 20 de mayo del 2013.
Hace 21 años, el entonces senador puso la ‘primera piedra’ de una ley que “perdonó” a esa guerrilla.
No es la primera vez que el expresidente Álvaro Uribe es protagonista en la discusión sobre los beneficios jurídicos a los miembros de organizaciones armadas ilegales. En su gobierno promovió la ley de justicia y paz, que concedió penas alternativas a los paramilitares a cambio de verdad, justicia y reparación a favor de las víctimas.
Hoy, como principal crítico del proceso de paz que el Gobierno adelanta con las FARC defiende su tesis que los acuerdos no deben conducir a la impunidad de los delitos atroces cometidos por esa guerrilla. Sin embargo, hace 21 años, su postura era diferente.
El 20 de mayo de 1992, el entonces senador liberal Álvaro Uribe Vélez, se convirtió en el promotor de un proyecto de indulto total para los miembros de la guerrilla del M-19. Esa ley incluyó el perdón incluso por uno de los delitos atroces cometidos por esa guerrilla: la toma del Palacio de Justicia en la que murieron 11 magistrados de la Corte Suprema y otros nueve del Consejo de Estado.
Todo sucedió cuando uno de los jueces de orden público, en ese entonces denominados ‘jueces sin rostro’, profirió un polémico fallo judicial que tuvo en vilo el proceso de paz que culminó con la desmovilización y la reincorporación de la guerrilla del M-19.
La ley de indulto, firmada en 1989 por el presidente Virgilio Barco, excluía del perdón para los delitos atroces. Y con ese argumento la justicia se basó para llamar a juicio a Antonio Navarro y a otros 25 dirigentes del M-19, algunos de ellos eran compañeros de curul de Uribe en el Senado, al calificar la toma del Palacio de Justicia como un delito atroz.
Aquella decisión judicial tuvo a las puertas de la cárcel a los exconstituyentes Antonio Navarro Wolff, Germán Rojas Niño, Marco Antonio Chalita, Otty Patiño y Rosemberg Pabón; a los entonces senadores Vera Grave, Evert Bustamante; al representante a la Cámara Ramiro Lucio. También a otros exmilitantes de la guerrilla como Gustavo Petro, Clara Elena Enciso, María Rosalba Vásquez, Jaime Navarro Wolff, y Carlos Alonso Lucio.
Como aquella decisión judicial ponía en riesgo el proceso de paz con el M-19, en la noche del miércoles 20 de mayo de 1992 hubo una enorme tensión política en la plenaria del Senado, pues no existían normas para evitar dicha decisión judicial la decisión de la justicia.
Fue en ese momento cuando el senador liberal le propuso a la plenaria del Senado conformar una comisión para encontrarle una salida legal a ese limbo jurídico. Uribe, casi al filo de las 8:00 de la noche, tomó la palabra y le propuso al Congreso encontrar esa opción.
“Desígnese por la mesa directiva una comisión accidental, con representación de todas las fuerzas políticas, la cual buscará un acuerdo con el Gobierno para tramitar con celeridad un instrumento jurídico que haga claridad en el sentido que la amnistía y el indulto aplicados al proceso de paz, incluyen aquellos delitos tipificados en el holocausto de la Corte, a fin de que no subsistan dudas sobre el perdón total en favor de quienes se han reintegrado a la vida constitucional”.
Ese fue el texto de la propuesta del senador Uribe Vélez y que la plenaria del Senado aprobó de forma unánime. Y fue la “primera piedra” para que el Gobierno y el Congreso tramitaran la que Antonio Navarro llamó como “la ley de reindulto”.
Tras su discurso Álvaro Uribe hizo parte de esa comisión de senadores que se reunió con entonces ministro de Gobierno Humberto de la Calle (hoy jefe del equipo negociador del gobierno Santos en La Habana), con el ministro de Justicia Fernando Carrillo (hoy ministro del Interior) y con los senadores Parmenio Cuéllar (actual senador del Polo), Pedro Bonnet, Carlos Corsi, Hernán Motta, Floro Tunubalá, Eduardo Pizano, Fabio Valencia y Jorge Valencia Jaramillo.
En una semana diseñaron el proyecto de ley y el 28 de mayo de ese año 92 lo radicaron en la secretaría del Senado. Uribe Vélez firmó el documento en calidad de coautor. En ese proyecto se invocaron “razones políticas” para evitar que la plana mayor del M-19 terminara en la cárcel por su responsabilidad en algunos delitos cometidos durante la toma cruenta del Palacio de Justicia en 1985.
En el proyecto pidieron extinguir la acción penal contra los acusados mediante la aplicación de los principios de favorabilidad y cosa juzgada, en los procesos judiciales en que encuentran involucrados. El proyecto que se convirtió en ley en 1993 señalaron que el “beneficio” sólo puede cobijar a los procesados en juicios que tengan como antecedente la expedición de una ley de amnistía o que faculte al Gobierno para conceder indultos, o prevea la cesación de procedimiento en desarrollo de una política de paz.
En la exposición de motivos, Uribe Vélez y los demás autores de esta ley justificaron esta norma en que la Constitución de 1991 “ha concebido la paz como un derecho ubicado dentro del capítulo de los derechos fundamentales y como un deber de obligatorio cumplimiento (…) La consecución de la paz es la principal justificación del proyecto”, señalaba aquel documento.
Hoy Álvaro Uribe Vélez es uno de los principales críticos de la ley marco para la paz, aprobada por el Congreso el año pasado y que se ha convertido en la principal hoja de ruta para las negociaciones con el gobierno y las FARC. Su principal crítica es que los autores de delitos atroces vayan a quedar sin castigo y puedan participar en política. Una tesis que hace 21 años no contempló para garantizar la consecución de la paz, uno de los deberes garantizados en la Constitución.
Documento publicado en la revista Semana el 04 de junio 2007.
El presidente Álvaro Uribe nombra a Rodrigo Granda ‘gestor de paz’ a pesar del rechazo de las Farc
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| Rodrigo Granda salió de prisión este lunes por orden del presidente Álvaro Uribe. Según el jefe de Estado, el guerrillero será un vocero para buscar el acuerdo humanitario, pero ni él lo ha aceptado ni las Farc lo reconocen como tal. |
El Jefe del Estado le contó al país que liberó al llamado ‘canciller’ de este grupo guerrillero por una solicitud que le hizo el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy. Conferencia Episcopal ofrece su sede para la permanencia temporal de Granda
La Ley de Murphy es sencilla: si algo tiene que salir mal, saldrá mal. Y ese parece ser el destino de los últimos movimientos del presidente Uribe para allanar el camino a un intercambio humanitario. Sobre todo después de escuchar las explicaciones del Jefe del Estado para liberar a 180 guerrilleros de las Farc, entre quienes se encuentra Rodrigo Granda, considerado ‘el canciller’ de esa organización insurgente.
Y es que tras la alocución del presidente Uribe, en cadena por todos los canales de televisión, muy pocas cosas quedaron en claro. Por ejemplo, el Primer Mandatario contó que había tomado la decisión de liberar a Granda por una solicitud que le hizo el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy. Sin embargo, aseguró, que no le había preguntado por qué hacer efectiva semejante decisión, ni precisamente por qué ese hombre, sin duda el pez más gordo de la guerrilla que hasta ahora estaba tras las rejas.
Eso sí, el presidente anunció que Granda era desde ahora nombrado como ‘gestor de paz’ a quien se le brindarían todas las garantías para su protección y sus movimientos. Precisamente, la Conferencia Episcopal ratificó el ofrecimiento de su sede en Bogotá para que Granda permanezca allí temporalmente. Y decidió acompañar todas las iniciativas dirigidas a buscar la libertad de los secuestrados, mientras el Gobierno y las Farc privilegien los principios humanitarios sobre cualquier decisión política o territorial que ponga en peligro la vida de los secuestrados.
"Las partes mencionadas cuentan hoy con propuestas técnicas que en su momento fueron avaladas favorablemente, el respaldo de importantes sectores de la comunidad internacional, nuevas posturas y manifestaciones mutuas de voluntad política, el apoyo de la comunidad nacional y la superación de diferencias que en otro momento representaron obstáculos para la concreción de un acuerdo humanitario", dice el comunicado.
Hasta ahí la cosa puede pintar bien: el problema es que ni Granda ha aceptado y, lo más grave, es que las Farc no le han dado el visto bueno para que sea su vocero autorizado para iniciar las gestiones a un intercambio humanitario. Miguel González, abogado de Granda aseguró que éste fue liberado contra su voluntad y que por ello "las posibilidades y las expectativas de un acuerdo humanitario están en serias dudas y están en punto muerto".
Además, Uribe parte de un presupuesto equivocado al afirmar que antes de tomar estas decisiones se las consultó a todos los representantes de las instituciones colombianas. Lo cual suena lógico. Lo sorprendente es que ni siquiera tuvo en cuenta hablarlo con las Farc que son las que tienen los secuestrados. El presidente fue enfático al explicar que él no era como los gobiernos anteriores a su administración que iban corriendo a consultarles o a Manuel Marulanda o a Carlos Castaño.
Es decir es un diálogo de sordos. Porque los que están en guerra y tiene los secuestrados pudriéndose en la selva son los miembros de las Farc. Y es de suponer que a ellos no les va a ablandar el hecho de que el presidente los quiera poner contra la pared al mostrar lo despiadados que son ante la comunidad internacional, en general, y ante el presidente de Francia, en particular.
Es más quienes posiblemente a estas alturas sean los únicos ganadores son las mismas Farc. Porque ya tienen claro con qué guerrilleros cuentan en las cárceles, cuáles son leales y cuáles son traidores a la causa.
Es por esto que el promocionado discurso del Jefe de Estado provocó en el ambiente más desazón y confusión. Con excepción de su insistencia en darle al guerrillero garantías para que facilite un intercambio humanitario, las revelaciones fueron pocas a las publicadas durante el fin de semana por los medios de comunicación.
El presidente empleó la primera parte de su discurso en enunciar las que él considera son acciones generosas de su administración en procura de un acuerdo para la liberación de los 53 militares, policías y políticos secuestrados por las Farc, entre ellos los tres ciudadanos norteamericanos. Luego anunció que por razones humanitarias decidió liberar a los guerrilleros y que en una de sus cuatro más recientes conversaciones con el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, éste le solicitó liberar también a Granda, considerado el ‘canciller’ de las Farc.
Uribe dijo que dicha decisión fue consultada con todas las esferas políticas y judiciales del país y también con sus contrapartes en Paraguay, país en el que Granda es procesado como autor intelectual del asesinato de la hija del ex presidente Raúl Cubas, Cecilia. Aunque dijo desconocer las razones por las que Sarkozy insistió en la liberación de Granda, Uribe accedió a tal petición asegurando que está interesado por su interés par a buscar un acuerdo humanitario. A cambio, Sarkozy se comprometió a promover el apoyo a la política de seguridad de Colombia en la cumbre del G-8 que comienza este siete de junio en Alemania. Aquí otra pregunta: ¿Y es que acaso en el G-8 había dudas de los notables y muy positivos resultados de la política de seguridad del presidente Uribe en el país?
Por si esto fuera poco, el mismo Uribe reconoció en su discurso que no logró convencer a Granda de que renuncie a su condición de guerrillero y lo máximo que obtuvo fue un mensaje con el alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, en el que “dice que quiere trabajar por la paz”.
Aunque el caso de Granda es el más sonado por su importancia en el comité internacional de las Farc, el caso de la excarcelación de los guerrilleros también tiene enredado al gobierno y lo hizo blanco de críticas en distintos sectores de opinión, incluida su propia bancada. En primer lugar, Uribe dijo durante sus primeros cinco años de mandato que no podía hacer el intercambio humanitario debido a que no tenía facultades para excarcelar presos -ese tema es de competencia de la justicia, no del gobierno- para finalmente darse cuenta de que la Ley de Orden Público sí le permite hacerlo. Y en segundo término, le cuestionan que lo haya hecho sin lograr nada a cambio por parte de la guerrilla. Es decir, liberó a los guerrilleros pero no obtuvo el compromiso de que las Farc hagan lo propio con los rehenes, algunos de los cuales llevan casi 10 años en su poder.
Entre las personas que se han mostrado críticas por las decisiones del presidente está Mélanie Delloye, la hija de Ingrid. Sobre las críticas que desde Francia hizo al presidente la joven, Uribe dijo que las entiende como las declaraciones de una niñita dolida por el plagio de su madre. Sin embargo las críticas a la decisión no provienen solo de la familia de Betancourt sino de casi todos los parientes de los plagiados, para quienes la liberación unilateral es más “show mediático” que un verdadero avance hacia la solución de su drama, pues en nada compromete a las Farc.
En ese sentido, los familiares no se explican, por ejemplo, cómo es que el gobierno insiste en nombrar como contraparte para las aproximaciones con las Farc a una persona que no ha sido reconocida como tal por ese grupo. Desde la perspectiva del gobierno francés la medida tiene más fácil explicación, dado que al momento de su captura por uniformados colombianos en territorio venezolano Granda era una especie de mediador par a la liberación de Betancourt, quien por tener nacionalidad francesa es la secuestrada que más le interesa a ese país.
En conclusión, el presidente no convenció a Granda para que se convierta en la clave para desenredar el ovillo, puso a dudar a los familiares de los secuestrados y se encontró con un portazo de las Farc. Lo que ha de salir mal, puede empeorar.
Sin embargo, el presidente puede salirse con la suya si logra que las Farc se ablanden cosa que se ve bastante complicada a juzgar por su rotunda negativa en el comunicado divulgado el domingo “desde las montañas de Colombia”.
La guerrilla de las Farc rechazó la propuesta del presidente Álvaro Uribe de excarcelar a varios centenares de insurgentes con el fin de allanar el camino para buscar un intercambio humanitario. Las Farc aseguran que en realidad el Gobierno busca con esta iniciativa tender una cortina de humo para tapar los escándalos de la parapolítica y de las intervenciones telefónicas ilegales. La respuesta de las Farc fue divulgada a través de la agencia Anncol y se titula “El engaño”.
El siguiente es el texto del comunicado del grupo insurgente.
1. Con la libertad condicionada de presos el Presidente busca ocultar su verdadera intención de impedir que las autoridades judiciales avancen en sus investigaciones a congresistas, militares, personalidades y contra su Gobierno, por evidentes nexos con la narco-para-política y por su responsabilidad en múltiples y espantosos crímenes contra civiles acusados de apoyar a la guerrilla e inútilmente también pretende tender cortinas de humo alrededor del espionaje telefónico ordenado y usufructuado por el mismo y por su cada vez más indignante servilismo ante las imposiciones de la Casa Blanca.
2. Esta farsa uribista es otro engaño a los familiares y amigos de los prisioneros de ambas partes que, además, distorsiona la característica de los presos para abultar las cifras, ya que mete en un solo saco:
a. Guerrilleros, los cuales mantienen su dignidad revolucionaria rechazando el tramposo ofrecimiento y exigiendo el Canje.b. Desertores, que traicionaron a las FARC y por su decisión dejaron de ser guerrilleros, los que naturalmente no son ni pueden ser, parte de ningún Canje.c. Población civil, acusada de guerrillera.
3. El demagógico anuncio de liberar unilateralmente presos nada tiene que ver con un Canje que será el resultado de acuerdos entre el Estado y la insurgencia revolucionaria, donde se definan criterios, tiempos, nombres, garantías, veedurías y mecanismos. Las FARC rechazan las falsas promesas de quienes pretenden convertir el clamor nacional por el Intercambio Humanitario en propaganda para curar las heridas causadas por la política neoliberal y terrorista de un Régimen ilegal como el de Uribe.
4. La concreción de un Canje exige realismo político y seriedad de parte del gobierno y reclama el abandono del doble juego oficial que prevalece ya que mientras se distrae con la propaganda de la liberación de los presos, las tropas oficiales continúan intentando rescates a sangre y fuego sin importarles para nada la vida y la integridad de los prisioneros. Reiteramos hoy, la necesidad de despejar los municipios de Florida y Pradera para concretar allí, los términos de un Acuerdo Humanitario.
Secretariado del Estado Mayor Central - FARC-EP
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