La Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia (Oidhaco), red que aglutina a más de 30 organizaciones internacionales, planteó esta exigencia en un comunicado en la víspera de que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, firme una "Ley de Víctimas" del conflicto armado en el país.
Para la plataforma, esta legislación supone un avance en cuanto a que reconoce por primera vez la existencia de millones de víctimas del conflicto armado, pero considera que es "insuficiente" y "discriminatoria", dado que "no garantiza que todas las víctimas puedan acceder a la verdad, justicia y reparación".
"Oidhaco pide a la Unión Europea escuchar las voces de esas víctimas y sus llamados de atención sobre la ley, antes de definir sus políticas hacia Colombia", indicó el portavoz de la organización, Vincent Vallies.
Precisó que la nueva ley sólo contempla la reparación económica para víctimas a partir del año 1985, y la restitución de tierras a partir de 1991.
"¿Qué pasará con todas las víctimas de despojo anterior?", se preguntó.
Por otro lado, criticó que la norma contemple un "contrato de transacción" que "incita a las víctimas que hayan recibido indemnización administrativa a renunciar a demandar judicialmente al Estado".
Igualmente, lamentó que, en los casos donde haya proyectos agroindustriales en las tierras objeto de restitución, "se privilegie la continuidad de estos proyectos sobre el derecho de las víctimas a la restitución".
Por ello, Oidhaco pidió a la UE que impulse "mecanismos fiables que garanticen que empresas con capital europeo no se beneficiarán directa o indirectamente del despojo de tierras en Colombia".
Señaló la importancia de esa reivindicación ante la ratificación en los próximos meses del tratado de libre comercio que han negociado la UE y Colombia.
Para la organización, el asesinato el día 7 de Ana Fabricia Córdoba, líder de campesinos que reclaman tierras usurpadas y prima de la ex senadora Piedad Córdoba, "es una muestra más de la falta de medidas eficaces de protección para las comunidades y las organizaciones que les acompañan en sus exigencias del derecho al territorio".
La muerte de Ana Fabricia por disparos de un sicario eleva a 49 los líderes de desplazados que han sido asesinados desde 2002, de los cuales doce murieron desde que Santos llegó al cargo en octubre del año pasado.
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