@semillas2 | Colombia | 10/09/2013
Red de Semillas Libres de Colombia
Colombia es uno de los países del mundo con mayor agrobiodiversidad, expresada por miles de variedades nativas y criollas que están en las manos de millones de agricultores de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. Las semillas son “Patrimonio de los pueblos, al servicio de la humanidad” y han sido el fundamento para su soberanía y autonomía alimentaria; por lo cual deben continuar en manos de los agricultores.
En Bogotá los días 2 y 3 de octubre de 2013 reunidas 80 organizaciones indígenas, afrocolombianas, campesinas y sociales de diferentes regiones del país realizamos el primer Encuentro Nacional de la Red de Semillas Libres de Colombia, donde planteamos y acordamos construir estrategias y acciones para la defensa de las semillas. En este contexto se inscriben los siguientes puntos de posición que consideramos fundamentales para las comunidades y que deben incluirse en las políticas gubernamentales sobre semillas:
1. Todas las normas de semillas que operan en Colombia, se sustentan en el Convenio internacional de la Unión para la Protección de Obtentores Vegetales (UPOV), aprobado mediante la Decisión 345 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones, que protege los Derechos de los Obtentores Vegetales (DOV). Posteriormente la ley 1032 de 2006, en el artículo 4, penaliza la usurpación de los (DOV); y en 2010 el ICA expidió la Resolución 970, que controla la producción, uso y comercialización de semillas. Finalmente en 2012 se aprobó la ley 1518 que implementa el Convenio UPOV 91, norma que fue derogada recientemente por la Corte Constitucional. Estas normas violan los derechos sobre el patrimonio genético de la nación, los derechos colectivos de los pueblos para el libre uso, producción y comercialización de las semillas y criminalizan el uso de las semillas por los agricultores y han sido proferidas sin realizar consulta previa libre e informada con poblaciones étnicas y campesinas.
2. No aceptamos ninguna norma de propiedad intelectual aplicada sobre las semillas (patentes y derechos de obtentores vegetales), puesto que permiten su privatización y el control corporativo, mediante el monopolio de los mercados. Las normas de semillas y sus modificaciones en los últimos años en Colombia, responden a presiones desde los países industrializados para que adecuen las leyes nacionales a las normas de propiedad intelectual y al control que ejercen las empresas semilleras. Es así como normas de semillas fueron aprobadas en el marco de los Tratados de Libre Comercio, lo que conlleva a que solo se beneficien las grandes transnacionales semilleras y no a los pequeños agricultores.
3. Exigimos la derogatoria de la resolución 970 y rechazamos cualquier norma que pretenda sustituirla. La 970 fue expedida con el argumento de lograr la sanidad y calidad de las semillas, pero en realidad, lo que permite es entregar el control monopólico de las semillas a las empresas y volver obligatorio el uso y la comercialización de semillas certificadas y registradas, como también criminaliza y prohíbe la producción y comercialización de semillas criollas. En el borrador de la nueva norma el ICA pretende incluir un párrafo adicional que dice; “Se excluye del ámbito de aplicación de la presente resolución, aquellas semillas de variedades locales, cuyo fin no sea la comercialización”. Este cambio en la norma lo que pretende es controlar y prohibir que las semillas criollas puedan ser usadas, intercambiadas o comercializadas por los agricultores, y que estas se mantengan confinadas en las parcelas de los agricultores y no puedan ser entregadas a terceros o comercializadas. Asimismo es inaceptable la forma como el ICA pretende realizar la consulta para proyectos sobre semillas que afecten a estas comunidades, que definió hacerla a través de internet.
4. Rechazamos los decomisos de semillas y judicializaciones a agricultores que el ICA está realizando en diferentes regiones del país. Entre 2010 y 2012 se decomisó más de 4.167.225 kilogramos de semillas, de acuerdo con información oficial del ICA. Consideramos ilegales estos decomisos, porque se está violando los derechos de los agricultores. En la resolución 970 del ICA, se establece que el agricultor sólo podrá reservar de su cosecha semillas de las empresas, por una sola vez, en parcelas de máximo cinco hectáreas y no puede entregarla a terceros bajo ningún título; además debe demostrar que en su último cultivo sólo ha usado semilla legal certificada. Esta determinación es inaceptable y va en contravía de los “Derechos del Agricultor”, consagrado en el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos (TIRFAA), de la FAO que señala: “Nada de lo que se dice en este artículo se interpretará en el sentido de limitar cualquier derecho que tengan los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender material de siembra o propagación conservado en las fincas, con arreglo a la legislación nacional y según proceda” (Art. 9, inciso 9.3)
5. Rechazamos los cultivos y alimentos transgénicos que el Gobierno Nacional ha autorizado para la siembra y el consumo en el país y exigimos que se revoquen las autorizaciones para todos estos organismos transgénicos. Existen suficientes evidencias científicas en el mundo que muestran los impactos ambientales, socioeconómicos y sobre la soberanía alimentaria de los pueblos, la salud humana y animal. Así mismo rechazamos la contaminación genética que generan los cultivos transgénicos sobre las semillas criollas. Es evidente el fracaso del algodón transgénico en el país, puesto que los agricultores de Córdoba y Tolima han tenido millonarias pérdidas por las pésimas semillas de algodón transgénico que les han vendido las empresas multinacionales.
6. Exigimos que no se obligue a los agricultores la utilización de semillas certificadas y registradas en los programas y proyectos gubernamentales de fomento agrícola y como requisito para acceder a los créditos financieros.
7. Exigimos que el gobierno ejerza un fuerte control sobre las empresas transnacionales que se apropian de las semillas certificadas y patentadas, que monopolizan el mercado, la disponibilidad de semillas e imponen precios especulativos, como en los casos de semillas de algodón, arroz y papa. Igualmente deben realizarse estrictos controles de la calidad y sanidad de las semillas de las empresas, para que no afecten las semillas y la agricultura campesina.
8. Exigimos que las políticas públicas sobre semillas se aborden integralmente y se orienten a favorecer los sistemas vivos de semillas, su libre circulación, uso, manejo y cuidado bajo el control de los pueblos y comunidades, promoviendo la agroecología y la investigación participativa para el desarrollo de semillas de buena calidad, acordes con sus necesidades y condiciones ambientales, culturales y socioeconómicas.
9. Las comunidades indígenas, afro y campesinas de Colombia nos comprometemos a conservar, proteger y compartir nuestras semillas; esta es la mejor forma de resistir contra el despojo y la mejor forma de preservar la biodiversidad. Continuaremos trabajando dentro de nuestros propios sistemas de propagación de semillas. Las semillas en manos de las y los agricultores son un elemento fundamental para que las poblaciones rurales y urbanas garanticemos nuestra soberanía y autonomía alimentaria ante la crisis climática actual. Es por ello que como Red de Semillas Libres de Colombia y de América estamos guardando, intercambiando las semillas, no solo para nosotros, sino como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad.
Por cada semilla que nos decomisen, haremos que estas germinen y florezcan de nuevo, se multipliquen, se esparzan y caminen libremente con los agricultores por los campos de Colombia.
Más información
http://www.semillas.org.co/
Red de Semillas Libres de Colombia
Colombia es uno de los países del mundo con mayor agrobiodiversidad, expresada por miles de variedades nativas y criollas que están en las manos de millones de agricultores de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. Las semillas son “Patrimonio de los pueblos, al servicio de la humanidad” y han sido el fundamento para su soberanía y autonomía alimentaria; por lo cual deben continuar en manos de los agricultores.
En Bogotá los días 2 y 3 de octubre de 2013 reunidas 80 organizaciones indígenas, afrocolombianas, campesinas y sociales de diferentes regiones del país realizamos el primer Encuentro Nacional de la Red de Semillas Libres de Colombia, donde planteamos y acordamos construir estrategias y acciones para la defensa de las semillas. En este contexto se inscriben los siguientes puntos de posición que consideramos fundamentales para las comunidades y que deben incluirse en las políticas gubernamentales sobre semillas:
1. Todas las normas de semillas que operan en Colombia, se sustentan en el Convenio internacional de la Unión para la Protección de Obtentores Vegetales (UPOV), aprobado mediante la Decisión 345 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones, que protege los Derechos de los Obtentores Vegetales (DOV). Posteriormente la ley 1032 de 2006, en el artículo 4, penaliza la usurpación de los (DOV); y en 2010 el ICA expidió la Resolución 970, que controla la producción, uso y comercialización de semillas. Finalmente en 2012 se aprobó la ley 1518 que implementa el Convenio UPOV 91, norma que fue derogada recientemente por la Corte Constitucional. Estas normas violan los derechos sobre el patrimonio genético de la nación, los derechos colectivos de los pueblos para el libre uso, producción y comercialización de las semillas y criminalizan el uso de las semillas por los agricultores y han sido proferidas sin realizar consulta previa libre e informada con poblaciones étnicas y campesinas.
2. No aceptamos ninguna norma de propiedad intelectual aplicada sobre las semillas (patentes y derechos de obtentores vegetales), puesto que permiten su privatización y el control corporativo, mediante el monopolio de los mercados. Las normas de semillas y sus modificaciones en los últimos años en Colombia, responden a presiones desde los países industrializados para que adecuen las leyes nacionales a las normas de propiedad intelectual y al control que ejercen las empresas semilleras. Es así como normas de semillas fueron aprobadas en el marco de los Tratados de Libre Comercio, lo que conlleva a que solo se beneficien las grandes transnacionales semilleras y no a los pequeños agricultores.
3. Exigimos la derogatoria de la resolución 970 y rechazamos cualquier norma que pretenda sustituirla. La 970 fue expedida con el argumento de lograr la sanidad y calidad de las semillas, pero en realidad, lo que permite es entregar el control monopólico de las semillas a las empresas y volver obligatorio el uso y la comercialización de semillas certificadas y registradas, como también criminaliza y prohíbe la producción y comercialización de semillas criollas. En el borrador de la nueva norma el ICA pretende incluir un párrafo adicional que dice; “Se excluye del ámbito de aplicación de la presente resolución, aquellas semillas de variedades locales, cuyo fin no sea la comercialización”. Este cambio en la norma lo que pretende es controlar y prohibir que las semillas criollas puedan ser usadas, intercambiadas o comercializadas por los agricultores, y que estas se mantengan confinadas en las parcelas de los agricultores y no puedan ser entregadas a terceros o comercializadas. Asimismo es inaceptable la forma como el ICA pretende realizar la consulta para proyectos sobre semillas que afecten a estas comunidades, que definió hacerla a través de internet.
4. Rechazamos los decomisos de semillas y judicializaciones a agricultores que el ICA está realizando en diferentes regiones del país. Entre 2010 y 2012 se decomisó más de 4.167.225 kilogramos de semillas, de acuerdo con información oficial del ICA. Consideramos ilegales estos decomisos, porque se está violando los derechos de los agricultores. En la resolución 970 del ICA, se establece que el agricultor sólo podrá reservar de su cosecha semillas de las empresas, por una sola vez, en parcelas de máximo cinco hectáreas y no puede entregarla a terceros bajo ningún título; además debe demostrar que en su último cultivo sólo ha usado semilla legal certificada. Esta determinación es inaceptable y va en contravía de los “Derechos del Agricultor”, consagrado en el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos (TIRFAA), de la FAO que señala: “Nada de lo que se dice en este artículo se interpretará en el sentido de limitar cualquier derecho que tengan los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender material de siembra o propagación conservado en las fincas, con arreglo a la legislación nacional y según proceda” (Art. 9, inciso 9.3)
5. Rechazamos los cultivos y alimentos transgénicos que el Gobierno Nacional ha autorizado para la siembra y el consumo en el país y exigimos que se revoquen las autorizaciones para todos estos organismos transgénicos. Existen suficientes evidencias científicas en el mundo que muestran los impactos ambientales, socioeconómicos y sobre la soberanía alimentaria de los pueblos, la salud humana y animal. Así mismo rechazamos la contaminación genética que generan los cultivos transgénicos sobre las semillas criollas. Es evidente el fracaso del algodón transgénico en el país, puesto que los agricultores de Córdoba y Tolima han tenido millonarias pérdidas por las pésimas semillas de algodón transgénico que les han vendido las empresas multinacionales.
6. Exigimos que no se obligue a los agricultores la utilización de semillas certificadas y registradas en los programas y proyectos gubernamentales de fomento agrícola y como requisito para acceder a los créditos financieros.
7. Exigimos que el gobierno ejerza un fuerte control sobre las empresas transnacionales que se apropian de las semillas certificadas y patentadas, que monopolizan el mercado, la disponibilidad de semillas e imponen precios especulativos, como en los casos de semillas de algodón, arroz y papa. Igualmente deben realizarse estrictos controles de la calidad y sanidad de las semillas de las empresas, para que no afecten las semillas y la agricultura campesina.
8. Exigimos que las políticas públicas sobre semillas se aborden integralmente y se orienten a favorecer los sistemas vivos de semillas, su libre circulación, uso, manejo y cuidado bajo el control de los pueblos y comunidades, promoviendo la agroecología y la investigación participativa para el desarrollo de semillas de buena calidad, acordes con sus necesidades y condiciones ambientales, culturales y socioeconómicas.
9. Las comunidades indígenas, afro y campesinas de Colombia nos comprometemos a conservar, proteger y compartir nuestras semillas; esta es la mejor forma de resistir contra el despojo y la mejor forma de preservar la biodiversidad. Continuaremos trabajando dentro de nuestros propios sistemas de propagación de semillas. Las semillas en manos de las y los agricultores son un elemento fundamental para que las poblaciones rurales y urbanas garanticemos nuestra soberanía y autonomía alimentaria ante la crisis climática actual. Es por ello que como Red de Semillas Libres de Colombia y de América estamos guardando, intercambiando las semillas, no solo para nosotros, sino como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad.
Por cada semilla que nos decomisen, haremos que estas germinen y florezcan de nuevo, se multipliquen, se esparzan y caminen libremente con los agricultores por los campos de Colombia.
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