lunes, 23 de julio de 2012

COLOMBIA: Fumigaciones y Éxodos Masivos, ¿El Plan Colombia busca despoblar el Area? (Informe 2003)


Colombia
¿El PLAN COLOMBIA busca despoblar el Área?
Fumigaciones y éxodos masivos

Respirar el aire enardecido por los químicos y enfermar, ver morir a sus animales y constatar que los sembríos y los potreros se acabaron no es cosa fácil. El reclamo ya no tiene eco en las instancias judiciales.

Cuando el año pasado llegaron los vientos cargados de glifosato y guerra a los campos colombianos, muchos campesinos de la Amazonía y la Orinoquía, decidieron acoger la propuesta del gobierno de Andrés Pastrana “de la erradicación no contaminante” y reemplazaron los sembríos de coca con otros cultivos y animales de crianza.


La oferta de la comercialización de sus productos a través de proyectos, especialmente estadounidenses, convenció a los labriegos cuyo único afán era sobrevivir en la grave crisis económica en que se debate Colombia.

Llegaron entonces de mano de la USAID o AID unas agraciadas gallinas “aseñoritadas” cuya manutención resultaba imposible. Los 700 pesos que debían invertir los recientes avicultores en el alimento balanceado para sostener las 10 gallinas entregadas, les resultaban extremadamente onerosos toda vez que las aves en mención resultaron especies exóticas para la simple tierra. Las aves no sabían cómo picotear los granos que arrojaban sus cuidadores en el suelo, peor aún no podían caminar entre la hierba y buscar insectos rastreros para su dieta.


Las “gallinitas AID” pasaron a ser parte de sabrosos sancochos que degustaron las familias en el campo, y el “error” de las especies entregadas fue analizado detenidamente por la AID para no volver a cometerlo. Junto con las gallinas llegaron también semillas y vacas y los curíes (cuyes o conejillos de indias) que fueron trasladados de su tierra fría a tierra caliente y se murieron por el calor.

Los laboriosos campesinos, laboriosos como todo el pueblo colombiano, “echaron pa' lante” y se pusieron a cuidar su vaca y sus nuevos sembríos, confiados en la verdad de la palabra del Estado y de las agencias de cooperación norteamericanas.

Lo que no contaban es que con la llegada del gobierno de Uribe y la arremetida guerrerista de los Estados Unidos, la “sujeción absoluta” a las políticas del norte llevarían a que Colombia acepte las imposiciones estadounidenses -por escrito- para recibir los desembolsos del Plan Colombia y de la Iniciativa Regional Andina.

Así, los Estados Unidos exigieron que la fumigación en Colombia sea realizada al 100%, es decir 150.000 hectáreas por año, con un ritmo superior a las 12.000 hectáreas por mes. Para darnos cuenta de la magnitud de este compromiso solo recordemos que al inicio del gobierno de Pastrana, Colombia tenía la capacidad de fumigar 4.000 hectáreas al mes, tres veces menos que ahora. Tenía dos bases antinarcóticos y la flotilla de aviones para fumigar simultáneamente dos departamentos. Ahora hay 4 bases antinarcóticos y se fumigarán cuatro zonas al mismo tiempo.

La información oficial dice que del 1 de enero al 9 de septiembre de 2002, se fumigaron 92.000 hectáreas de coca, lo que equivale a 11.500 hectáreas mensuales. Este solo dato constituye una alerta para saber lo que viene a continuación para cumplir el primer condicionamiento de los Estados Unidos.

Pero estas fumigaciones, aparte de la extensión que cubren tienen otros presupuestos políticos entregados por el Departamento de Estado: no hay zonas vedadas, ni en términos sociales ni en términos ambientales. No toman en cuenta las franjas de seguridad que protegen a parques nacionales o resguardos indígenas. Tampoco excluyen de ser fumigadas, las áreas en las cuales ya se ha ejecutado una sustitución manual de cultivos.

El sustento de esta imposición se basa en la premisa actualmente manejada de que se pasa de la “Tolerancia Expansiva” a la “Tolerancia Cero”.

Esta política de TOLERANCIA CERO es la que enfrentan desde la última semana de julio, los campesinos del Putumayo. Esta política es la que ha provocado un incremento de las denuncias frente a la Defensoría del Pueblo ante la poca credibilidad que los organismos judiciales tienen para los campesinos. Esta política es la que ha profundizado los desplazamientos masivos dentro del territorio colombiano, como a movilización de una gran cantidad de refugiados hacia el Ecuador.

Organizaciones Indígenas del Putumayo; AGROAMAZONIA, producto comercial incentivado por AID con 4.800 millones de pesos, para producir y comercializar el palmito nacional e internacionalmente; campesinos y autoridades de Puerto Asís, denunciaron, la semana pasada, los daños económicos, ambientales y de salud que las últimas fumigaciones les han provocado.

Y es que, INCREÍBLEMENTE, se fumigaron las zonas de resiembra de cultivos alternativos, los proyectos de Naciones Unidas, los proyectos de desarrollo alternativo de la AID. Hay 400 hectáreas de plantas de palmito de semillero, de mediano, grande y en producción y 100 hectáreas de palmito en producción que fueron “exitosamente” arrasadas.

Y, junto a los palmitos y al resto de cultivos “lícitos”, también se fumigaron enormes extensiones de potreros causando un serio problema alimentario al ganado que proporcionó AID como parte del programa de seguridad alimentaria. Los potreros se quemaron y las vacas se murieron.

Los “errores” cometidos tuvieron obviamente su explicación por parte de los responsables de las fumigaciones: “las autoridades locales no geo-referenciaron los cultivos alternativos”. Las autoridades y los campesinos contradicen esta afirmación con pruebas en la mano ante el Defensor del Pueblo.

El segundo postulado es que se va a reforzar el glifosato o que se usará un “glifosato alternativo”, como lo dice un funcionario del Departamento de Estado. Esto significa simplemente que en lugar de 8 litros por hectárea, ahora serán 10, que era la fórmula original.

Desde febrero del 99 hasta abril del 2001, en la fórmula de las fumigaciones se utilizó secretamente un aditivo denominado COSMO IN D. Su uso fue prohibido, también secretamente, por el Ministerio de Salud por ser supremamente irritante a las mucosas y a los ojos. Pero como es de fabricación colombiana, Estados Unidos se lava las manos y lo vuelve a utilizar.

Y un tercer postulado es que si existe un efectivo sistema de reparación de daños. Claro que no se reconoce indemnizaciones por daños a la salud y al medio ambiente, y solo se reconocerán a los cultivos que no tengan mezcladas plantas de coca ni cultivos cercanos de la hoja, aunque sean pequeñas parcelas. Además, solamente tienen derecho a reclamar los propietarios “en tierra de colonos”.

Respirar el aire enrarecido por los químicos y enfermar, ver morir a sus animales y constatar que los sembríos y los potreros se acabaron no es cosa fácil. El reclamo ya no tiene eco en las instancias judiciales. Existen miles de denuncias sin trámite, producto, también de miles de campesinos que en algún momento creyeron en la institucionalidad.

Se produce entonces el éxodo masivo. Carreteras atestadas de humildes que buscan la vida y huyen de las armas químicas que el establecimiento utiliza contra ellos en un genocidio que el mundo lo justifica desde el discurso de la moralidad y la ética de la lucha contra la droga. Aparentes errores que esconden macabros propósitos.

¿Despoblar las zonas para futuros bombardeos contra las fuerzas guerrilleras que allí operan? ¿Quitar la base social a la guerrilla para inmovilizarla? ¿Limpiar de vida el territorio para arrasar desde el aire como lo hicieron en Vietnam y facilitar la entrada de los ejércitos de ocupación? ¿Demostrar la ineficacia del ejército colombiano, omo ya adelanta el Presidente Uribe en sus discursos públicos para formar ejércitos multinacionales de intervención?

Poco importan las respuestas exactas pues el resultado, en estos momentos, es aterrador. La población civil, esa porción de gente que se la toma en cuenta sólo en cifras del Informe de Desarrollo Humano, o a nombre de quien se habla, está siendo exterminada en Colombia. El Derecho Internacional Humanitario, tan mentado en los foros de derechos humanos para atribuir su violación a los grupos insurgentes, no existe.

Las fumigaciones y sus errores al parecer son parte de la misma estrategia de apropiación de nuestra bella América junto al ALCA, dentro del Plan Colombia, más adentro aún de la Iniciativa Regional Andina, iguala en su tenebrosidad a las políticas del FMI y alerta sobre la peligrosidad de la prepotencia imperial. Que no tengamos que estremecernos en 30 años,cuando se desclasifiquen los archivos o cuando en el Ecuador también tengamos que contar nuestros muertos de una guerra regional en un país que un día fue...

www.ecoportal.net
www.choike.org

16 de setiembre de 2003
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El Plan Colombia

¿Qué es el Plan Colombia?

Este plan se llamó al principio "Plan por la Paz, la Prosperidad y el Refuerzo del Estado" pero hoy se conoce por Plan Colombia. Fue elaborado por el Presidente colombiano Andrés Pastrana, con la concertación y quizás la orientación, de los asesores del Secretario de Estado de los Estados Unidos hacia finales de 1999. El programa, con un presupuesto total de 7,500 millones de dólares (casi 75,000 millones de pesos mexicanos), se divulgó a la población el 2 de enero de 2000 en el periódico El Espectador. Sin embargo, se presentaron diferentes versiones. La que se divulgó en Estados Unidos y Colombia no mencionaba el aspecto militar. La versión para la Unión Europea insistía sobre los derechos humanos.
Este proyecto supuestamente responde a una disposición constitucional en Colombia mediante la cual cada gobierno tiene que establecer un Plan Nacional de Desarrollo. Pero este Plan no tiene nada que ver con el desarrollo.

¿De qué desarrollo se trata?

Este Plan es en la práctica una operación militar contra las guerrillas colombianas que fortalece el ejército y los cuerpos policíacos. Las cifras que ha arrojado la operación del Plan Colombia desmienten la voluntad del gobierno de "reducir las causas y las manifestaciones de violencia, progresiva y sistemáticamente, fortaleciendo la participación civil y la conciencia colectiva."(1) Es revelador que el 80% del apoyo internacional sea dedicado a la parte militar y solo el 4,8% a las consecuencias del desplazamiento debido a la guerra.
El objetivo principal del Plan Colombia es supuestamente la lucha contra el narcotráfico. Entonces se trata de destruir las plantaciones de coca, los laboratorios de transformación y las redes de comercialización y de tráfico. Una de las tareas más importantes del gobierno colombiano debería ser la eliminación del narcotráfico. Pero se sabe que el ejército mantiene muchos lazos con los paramilitares,(2) quienes operan en una extensión del territorio de la que produce más de la mitad de la cocaína colombiana. Sin embargo, los líderes del narcotráfico y de los paramilitares disfrutan de impunidad. El corazón del Plan Colombia es más bien la guerrilla insurgente, particularmente las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), pero también los movimientos sociales.

¿Quién apoya el Plan Colombia?

Casi la mitad del financiamiento del Plan Colombia viene del exterior. Los Estados Unidos han aportado 1,600 millones de dólares, la Unión Europea se supone paga 1,300 millones de dólares para financiar la "parte social" de este plan de guerra, y las IFIs (BID, BM, Corporación Andina de Desarrollo) 619 millones de dólares. La inversión del Estado colombiano en el proyecto es de 3,300 millones de dólares.
Sin embargo, la cooperación no se mide solamente en términos económicos. Los EU participan con una importante ayuda militar para la formación de cuerpos especiales antinarcóticos realizada por soldados estadounidenses, la entrega de material militar (helicópteros) y la distribución de inteligencia sobre el narcotráfico y mucho más. Obviamente estas ayudas no son puros actos de filantropía.

¿Quién se beneficia del Plan?

La ley estadounidense que impulsó el apoyo financiero del Plan Colombia está clara sobre las demandas. Una sección de la "Ley Alianza" indica lo siguiente: "Insistir para que el gobierno colombiano complete las reformas urgentes de apertura total de su economía para la inversión y el comercio exterior, especialmente para la industria petrolera (...)". La lucha contra las guerrillas tiene como meta la recuperación de zonas bajo su control pues éstas contienen abundantes recursos estratégicos (particularmente el petróleo). Al restablecer el "orden", el gobierno colombiano da luz verde a las transnacionales para instalarse e implantar proyectos.
De hecho, Colombia tiene una situación más estratégica con sus recursos y su ubicación de lazo entre el Norte y el Sur del continente, y con sus dos costas marítimas (sobre el Caribe y el Pacífico). El país tiene una importancia capital para EEUU, sus empresas y su política exterior, y es la razón por la cual el imperio está dispuesto a gastar millonadas para garantizar su control y su estabilidad.
Los latifundistas colombianos respaldan el Plan Colombia porque la guerra contra la guerrilla provoca el desplazamiento de la población y pone a disposición nuevas tierras donde se puede practicar una agricultura intensiva o una explotación petrolera y minera. Además, en estas zonas "recuperadas", el precio de la tierra aumenta debido a la implantación de transnacionales y de megaproyectos (como la creación de un canal interoceánico).
Asimismo, estas tierras vaciadas de su pueblo son un potencial enorme por los paramilitares y narcos que gozan del favor del ejército y del gobierno.

¿Cómo afecta el Plan a los pueblos colombianos y al medio ambiente?

Colombia conoce un ambiente de violencias desde hace 40 años y se antoja pensar que una solución militar al problema de los cultivos ilícitos y del narcotráfico sólo agrava la situación. El Plan Colombia y el gobierno pasan por alto que las causas del cultivo de coca por los campesinos radican en la pobreza y la necesidad de sobrevivir. La apertura económica y el libre comercio arruinaron la vida de los campesinos y debilitaron la agricultura colombiana.
Los pueblos y los campesinos son las primeras víctimas de la militarización y la paramilitarización del país por las mismas razones que existen en México: amenazas, violaciones de mujeres, desplazamientos, masacres en los municipios bajo control de la guerrilla. Y la situación parece mucho a la que existe en Chiapas, México, en el sentido de que los campesinos colombianos están obligados a dejar sus tierras para huir de la guerra y sus estragos. Por el hecho de que cultivan la coca para sobrevivir, están considerados como criminales y tienen que buscar la protección de las FARC. El problema no se resuelve porque los campesinos siguen sembrando pero en otras zonas del territorio.
Además, la técnica más utilizada para destruir las plantaciones de coca se llama "fumigación". Se trata de rociar sobre los cultivos ciertos productos químicos. Pero las consecuencias son la destrucción sin distinción de la biodiversidad y también graves enfermedades para las poblaciones (destrucción de cultivos de primera necesidad, contaminación del agua, úlceras, cáncer).
Finalmente, la Constitución Colombiana de 1991 otorgó a los pueblos indígenas de Colombia tierras comunitarias inalienables. Ahora, el Presidente Uribe quiere rescindir ese derecho fundamental enmendando la Constitución para dejar más libertad a las inversiones extranjeras. Los pueblos indígenas, como los U´wa o los Embera y sus tierras comunitarias constituyen un obstáculo para la explotación de los recursos y la implantación de proyectos (turismo, represas, gas, etc.).
En general, el Plan Colombia y sus consecuencias directas son la negación y violación de los derechos humanos.

¿Qué alternativas existen?

Los colombianos comprenden que la primera víctima de la violencia y la conflictividad es el mismo pueblo. Las noticias que llegan por televisión o periódicos hablan de guerra, del ejército, de la guerrilla y de drogas. Pero más allá de los titulares existen procesos sociales que buscan construir un marco de paz. Estos movimientos surgen de la sociedad civil y utilizan medios no violentos para organizarse. Uno de los mejores ejemplos es la construcción de la red Pueblos Hermanos - Lazos Visibles en 1999. Es un espacio democrático y amplio para compartir, discutir y proponer con el objetivo de promover los derechos humanos y la solidaridad.
Las mujeres se han organizado en Movimiento Federativo de Mujeres Colombianas. Ellas también trabajan para buscar una salida pacífica al conflicto y manifiestan su oposición a la militarización del país. Las resistencias de estos movimientos sociales y civiles impulsaron una iniciativa de Asamblea Permanente de la Sociedad Civil que funciona desde 1996. Ha reunido a miles de personas para ofrecer una solución política del conflicto y invertir la comunidad internacional.
Finalmente, varias organizaciones de derechos humanos o de solidaridad con los pueblos de América Latina han propuesto alternativas. Así la lucha contra el Plan Colombia tiene que ver con la protección del medio ambiente y de la biodiversidad, de la defensa de los recursos del país y sobre todo de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades rurales. Además, hace falta insistir sobre la necesidad de una resolución pacífica y política entre el gobierno y las FARC, ELN, etc. El Estado colombiano tiene que combatir las causas sociales y económicas de la pobreza más que sus consecuencias (cultivos de coca, narcotráfico). Por eso, debe promover una verdadera reforma agraria, así como la participación del pueblo colombiano y de los grupos de base en los programas de desarrollo. Es urgente lograr el respecto a los derechos humanos como a los derechos particulares de los pueblos indígenas (Convenio 169 de la OIT, Constitución Colombiana). Por eso hace falta justicia por tantos crímenes impunes y para transformar el ambiente de impunidad reinante.

NOTAS:

  1. Texto oficial de la embajada de los Estados Unidos, Bogota, Colombia.
  2. Informe de la ONG Human Rights Watch del 23 de febrero de 2000

FUENTES:

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