Colombia es un país muy desequilibrado en lo que concierne al desarrollo socioeconómico.
Históricamente, el país se ha concentrado en la creación de centros de poder socioeconómico alrededor de las ciudades andinas, como Bogotá y Medellín.
En el curso de dos siglos de vida republicana de la nación, las zonas periféricas del país, como la costa pacífica y la inmensa área de la cuenca del Orinoco y de la Amazonía, fueron prácticamente abandonadas a sí mismas y, por desgracia, en los últimos cincuenta años, varios grupos armados ilegales se instauraron allí creando “feudos”, cuyo objetivo principal ha sido la actividad de narcotráfico.
La zona de la cuenca de los ríos Meta y Guaviare (llamada Orinoquía) y la Amazonía colombiana, que unidas conforman el 60% del territorio colombiano (unos 720.000 kilómetros cuadrados), donde vive apenas el 4% de la población total del país, ha sido por largo tiempo dejada en condición de semi-abandono por parte del Estado.
En los últimos diez años, las políticas de pacificación efectuadas en Colombia han dado considerables frutos, y estos inmensos territorios, hoy parcialmente libres de las precedentes amenazas de grupos violentos dedicados al narcotráfico, han comenzado a atraer a grandes grupos económicos nacionales y extranjeros, tanto para realizar megaproyectos agrícolas como para invertir en el sector petrolero y minero.
Según la opinión de varios expertos socioeconómicos colombianos, mientras que la Orinoquía (285.000 kilómetros cuadrados, 1.250.000 habitantes) debería ser utilizada para expandir la agricultura y transformar a Colombia en uno de los grandes productores mundiales de arroz, maíz, aceite de palma, caucho, soya y caña de azúcar, la Amazonía colombiana (483.000 kilómetros cuadrados, 900.000 habitantes) debería estar totalmente preservada, evitando por todos los medios destruir su biomasa.
En la Orinoquía, en efecto, se están llevando a cabo grandes proyectos para ampliar la zona agrícola. Tales inversiones las realizan principalmente grupos económicos colombianos que ya operan en el sector agrícola. Falta ver si, con la entrada del TLC (Tratado de Libre Comercio) con los EEUU (mayo 2012), resultará ventajoso producir arroz y maíz en Colombia, cuando contemporáneamente enormes cantidades de estos cereales llegarán del país norteamericano a precios muy competitivos.
En la Orinoquía, en todo caso, están tomando fuerza grandes proyectos infraestructurales, como por ejemplo la carretera Puerto-Gaitán – Puerto Carreño (700 km), la cual, una vez terminada, conectará enormes territorios, hasta hoy prácticamente abandonados, con el centro del país.
Respecto a la Amazonía colombiana, en cambio, la idea inicial, que apoyaba el proteccionismo ambiental, fue pisoteada por la realidad de los hechos.
Las áreas que el Estado ha dado en concesión para la explotación minera, por ejemplo, mientras que de 1998 al 2005 llegaban en promedio a 209 hectáreas al año, del 2006 al 2012 subieron en promedio a 16.000 hectáreas al año.
Solamente en el 2012 se dieron en concesión (para “exploración”) 48.000 hectáreas de tierras amazónicas.
Estos datos no tienen en cuenta la explotación minera ilegal que a menudo provoca una fuerte contaminación de los ríos y de los lagos a causa de la utilización del mercurio.
Algunas reservas forestales recientemente creadas, como la del Yagoyé Apaporis, están de nuevo en peligro. Aunque en el 2009 esta área del Vaupés había sido declarada Parque Nacional, hoy una multinacional canadiense (Cosigo Frontier) está pidiendo el permiso de extraer oro de la zona, poniendo en duda la constitucionalidad de la reserva forestal.
También la explotación petrolera está aumentando a ritmos alarmantes, principalmente en la región de la Orinoquía (Meta, Casanare, Arauca), pero también en la Amazonía colombiana (departamentos de Caquetá y Putumayo).
Como recalcaron justamente algunos analistas colombianos y extranjeros, por cada barril de petróleo extraído se sustraen de las reservas hídricas subterráneas el equivalente a tres barriles de agua. Si no se implementan adecuados programas de reforestación en las áreas deforestadas, en poco tiempo podrían secarse las fuentes subterráneas y los torrentes superficiales.
Es opinión difundida que este tipo de explotación de los suelos debería ser contingentada y controlada. Las empresas que operan en el territorio amazónico deberían destinar la mitad de sus ganancias a programas de instrucción y de desarrollo eco-sostenible en el área de la agricultura biológica y de la reforestación.
El debate sobre la Amazonía colombiana se está haciendo cada día más actual en Colombia.
En mi opinión, un bioma tan delicado e importante para el mantenimiento del ecosistema amazónico en su complejo debería ser preservado en su globalidad. Las únicas actividades permitidas deberían ser: la incentivación de la agricultura biológica y de la reforestación, la implementación de pueblos ecológicos con impacto cero en el ambiente, con generación de energía creada por implantes fotovoltaicos y microcentrales hídrica, y el sostenimiento de las producciones locales.
YURI LEVERATTO
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