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Sargento García, imagen archivo Wordpress |
Toribío, Cauca. Julio 20 de 2012
La patética escena del sargento Rodrigo García llorando "por una humillación que ningún colombiano merece" ilustra claramente la situación que se vive en el Cauca, y por extensión, la manera como el país resuelve sus conflictos: por la fuerza, a los balazos, y en añadidura planteándose dilemas inexistentes que conllevan al señalamiento de las víctimas y la complacencia con los opresores.
Porque el reclamo de los indígenas Nasa es puntual: que los dejen en paz. Se lo dicen tanto al Estado colombiano, cuya presencia se reduce a contingentes militares que velan por la seguridad de dos torres telefónicas, utilizadas por multinacionales; y a la guerrillas de las FARC, "cuya nueva estrategia militar es resguardarse en la cordillera Occidental" (Uprimny, Hora 20), con lo cual siembran el terror en la zona para consolidar y fortalecer su posición y las rutas de tráfico de drogas hacia el Pacífico. Uno como otro son indiferentes a la población indígena, pues sus intereses son diferentes y opuestos: el Estado que busca pacificar la zona con el eufemismo de "proteger la inversión extranjera", y las Farc en su lucha desesperada por el control de la zona, cuyos cultivos de hoja de coca son vastísimos.
CAUCA: ENTRE BASTONES Y FUSILES
Toribío, uno de los escenarios del conflicto
En últimas intereses económicos, que inciden directamente en la población Nasa y es el motivo de sus reclamos airados. Y por este hecho, por hacer valer sus derechos -recurriendo a las vías de hecho, cosa que entiendo pero no justifico- han sido objeto del señalamiento y la estigmatización de medios de comunicación (la entrevista hecha por Luis Carlos Vélez en Caracol noticias fue poco menos que un encerrona amañada que forzó las declaraciones del representante indígena); de la judicialización de los órganos estatales, "los actos reprochables de los indígenas serán judicializados por una comisión de la Fiscalía", señaló el ministro de Defensa (El Tiempo); o de las órdenes perentorias del gobierno, en la búsqueda desesperada por ganar algo de credibilidad: "Vamos a Vichada y luego al Cauca. No quiero ver un solo indígena en las bases militares" escribió el presidente Santos en cuenta de Twitter hace unos días.
Declaraciones y decisiones que intentan solucionar problemáticas coyunturales, no estructurales. Paños de agua tibia que en últimas se reducen a una acción: el orden impuesto por la fuerza pública, que en sí mismo no soluciona nada y prolonga la ineficiencia estatal a la hora de hacer frente a los problemas de la sociedad civil. Que no hagan ruido, que no jodan tanto los indígenas furiosos ni los ciudadanos indignados con el espectáculo enviciado de políticos y senadores; en fin, que actúen como siempre lo han hecho: en una eterna pasividad, una inalterable obediencia al poder político. Y si recurren a las vías de hecho, como en el Cauca, ahí está el ejército glorioso (nunca he entendido este calificativo si no ha sido capaz de derrotar a sus enemigos domésticos, y su participación internacional ha sido minúscula, apegada a la política estadounidense), enarbolando como héroes "a quienes combatieron ante la furia de la población indígena" (El Tiempo).
Repito, se discute sobre problemas de forma terca y obstinada: la legitimidad del uso de la fuerza indígena, la legalidad de su jurisdicción, la supuesta infiltración del Farc en el conflicto. Salidas fáciles y cortoplacistas, y por eso mismo innecesarias e insuficientes. Porque el problema del Cauca es sumamente complejo, de larga data: la consolidación del Estado multicultural que reconoce la diversidad como cohesionador de nuestra sociedad, como quedó estipulado en la Constitución de 1991; la geografía del conflicto armado colombiano, cuyas variantes y replanteamiento de directrices afectan a la población rural; el Cauca como una zona de exclusión social, en la que "no hay goce de derechos humanos mínimos de la población" (Hora 20, Uprimny). En últimas, es el abandono del Estado a la población civil la causa de toda la álgida situación del Cauca.
El constitucionalista
Rodrigo Uprimny comentaba ayer en Hora 20 que "el derecho a la protesta es esencial en una sociedad, (...) especie de derecho instrumental que conduce a la obtención de otros derechos". Y en esta brega "lleva más de 400 años la población indígena" decía Manuel Quintín Lame en una entrevista hecha en 1924 a El Espectador. La situación no ha cambiado mucho en todo este tiempo, y tal como van las cosas, no variará en este gobierno ni los subsiguientes.
La indiferencia y el abandono del Estado son fruto del desconocimiento de la realidad, y de la negligencia de los gobiernos por entender y solucionar las causas de lo que pasa en el Cauca. Ignorancia que se traslada a la gente, unos con una visión racista y engreída que se aterran porque "los indios no saben lo que es el progreso y la democracia" o reducen todo a una "malicia indígena", y otros como escribía Martha Ruíz Navarro que "creen que son seres de luz en comunión con la naturaleza". Ni lo uno ni lo otro, los indígenas son parte del Estado y la sociedad civil, con deberes y derechos ciudadanos. Aquí, se les exigen sus deberes pero se les condena por pedir y reclamar sus derechos.
Manuel Quintín Lame, figura que encarnó la resistencia indígena en el país.
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