Por Alejandro Ordóñez Maldonado
Procurador General de la Nación
Noviembre 05, 2014
En dos declaraciones, las Farc negaron ser un grupo victimario. Afirmaron: “La población no ha sido ni blanco principal ni blanco secundario de las acciones defensivas u ofensivas de nuestras estructuras armadas” y “evidentemente nuestras responsabilidades no son en ningún caso por la comisión de crímenes de guerra o de lesa humanidad”.
La Procuraduría General de la Nación no puede pasar por alto esas declaraciones. Las Farc son una organización victimaria que adoptó como política el ataque generalizado y sistemático contra la población civil, al igual que la ejecución de graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario, al punto de que siempre desconocieron la obligación de aplicarlo.
Solo hay que recordar algunos casos. Por ejemplo, el pleno del Estado Mayor de las Farc, celebrado en medio de los diálogos del Caguán en el año 2000, dictó la que denominaron ‘ley 002’, mediante la cual se pretendió “institucionalizar” en la organización una práctica que venía realizando desde mucho antes. La mal llamada ‘ley 002’ ordenó el secuestro de los ciudadanos que no cedieran a la extorsión. Las estadísticas oficiales registran entre los años 1998 y el 2003 un total de 14.674 secuestros, gran parte ejecutados por las Farc. ¿Tal decisión no es un ataque contra la población civil?
Ese delito tuvo en la mira principalmente a campesinos, comerciantes, profesionales, industriales, ganaderos, entre otros. Hizo parte de una política sistemática ordenada y ejecutada por el grupo terrorista.
Otro ejemplo. Las Farc tienen la política de reclutar niños menores de 15 años. Es un crimen de guerra. Recientemente, los medios de comunicación informaron sobre un estudio de la Universidad Sergio Arboleda que revela que el 47 por ciento de los integrantes de las Farc fueron niños reclutados forzosamente. Las Farc son victimarias hasta de sus propios miembros. ¿No es acaso un ataque permanente contra la población civil?
Uno más. Las Farc emplean el terrorismo contra la población civil. En un solo caso, el carro bomba detonado en el 2003 en el club El Nogal, el grupo terrorista mató a 36 personas e hirió a más de 200. Los atentados terroristas con bomba han sido una práctica permanente de las Farc durante mucho tiempo. ¿No es esto convertir a los civiles en objetivo?
Otro. El asesinato de civiles es también práctica de las Farc. El grupo no acepta el estatus de persona protegida por el Derecho Internacional Humanitario; aún más, de manera consciente y deliberada ordenó asesinar a los civiles secuestrados en caso de que pudieran ser rescatados. La masacre de los 11 diputados del Valle del Cauca, en el 2007, luego de más de 5 años de un cruel secuestro, es prueba de esa política de la organización que se evidenció en más casos. ¿Cómo se califica eso?
Los ataques contra la población civil que se citan –el secuestro, el reclutamiento de niños, el asesinato y los atentados terroristas con explosivos– son una práctica sistemática contra la población civil y elementos fundamentales de su estrategia criminal, nunca han sido un “exceso de fuerza, error involuntario o consecuencias no previstas en circunstancias de guerra”, como lo afirma el grupo armado ilegal.
Los derechos de las víctimas, la justicia y la garantía de no repetición no tienen ninguna oportunidad de ser satisfechos en el actual proceso de La Habana si las Farc no dejan de mentir y si no reconocen su condición de organización victimaria, si no aceptan que son responsables de graves violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.
Solo con un auténtico reconocimiento y arrepentimiento de las Farc la sociedad colombiana podrá perdonar e iniciar la construcción de una paz estable y duradera. Un pacto para la paz que de sostenibilidad jurídica y política a los acuerdos que se suscriban entre el Gobierno Nacional y las Farc, al igual que asegure que se cumplan, solo puede hacerse sobre la base de la verdad y la justicia.
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