Armónicos de Conciencia...: La Locomotora de Santos se enfrenta a los Mamos y a la Sierra

Locomotora de Santos se enfrenta a los Mamos y a la Sierra
Por Camila Osorio Avendaño
Julio 27, 2011

En pocos días se cumplirá un año de la posesión de Juan Manuel Santos, cuando éste subió a un resguardo de la Sierra Nevada llamado Seiyua y los cuatro pueblos indígenas le entregaron un collar de cuatro piedras. “Una representa la tierra que debemos cuidar, otra representa el agua que es la fuente de vida, otra representa la naturaleza con la que debemos estar en armonía. La cuarta representa el gobierno, que debe respetar el orden de la naturaleza y la voluntad del creador”, dijo en su discurso el Presidente. Un año después parece que las cuatro piedras están guardadas en un cajón.

Los cabildos indígenas han venido denunciando tres megaproyectos que rodean la Sierra y que ellos consideran que amenazan el agua, la tierra y, sobre todo, sus tradiciones y el respeto a sus pueblos como autoridades del ‘corazón del mundo’.

Y ahora que los indígenas están mucho más organizados que hace unos años, cuando el conflicto estaba en su apogeo y estaban escondidos en el pico de la Sierra o desplazados en las cabeceras municipales, creen que llegó la hora de debatir si la locomotora del desarrollo podrá andar por encima de ellos y del medio ambiente en La Guajira.

Uno de los grandes proyectos que tiene preocupados a los cuatro cabildos es la construcción de Puerto Brisa, un puerto multipropósito que empezó a construirse en 2006 en el municipio de Dibulla, a medio camino entre Santa Marta y Riohacha, en las faldas de la Sierra. Este caso se volvió emblemático para el futuro de los proyectos de la Sierra y el futuro de La Guajira dependerá de cómo se resuelva el pulso entre los indígenas y las empresas

Domingueka

Domingueka (arriba), representantes del pueblo Kankuamo (centro) y el gobernador de la Guajira (abajo).

El viernes de la semana antepasada, a tres horas y media de Santa Marta y a dos de Mingueo, corregimiento de Dibulla, se celebró en un resguardo llamado Domingueka, la primera reunión entre los cuatro cabildos de la Sierra con representantes del Ministerio del Interior y del Ambiente y con el Vicepresidente de Puerto Brisa. El objetivo era planear cómo se iba a hacer la consulta previa que ordenó la Corte Constitucional cuando frenó el proyecto del puerto hace exactamente un año.

Domingueka es un caserío de unas 20 casas indígenas de bahareque y palma construídas alrededor de la maloka principal, donde se llevó a cabo la reunión. Sentados en sillas Rímax, de un lado estaban los mamos de la Sierra y los cabildos con sus poporos, y del otro los blancos. Alrededor de la maloka estaban los jóvenes indígenas, pendientes de los mayores. La jornada empezó a las siete de la mañana, pero la discusión en forma sólo empezó hacia el mediodía.

Los kankuamos y el Gobernador de la Guajira Jorge Pérez llegaron tarde. El gobernador llegó en su camioneta con el Vicepresidente de Puerto Brisa. Que ambos llegaran juntos no pareció sorprender a nadie sino que, por el contrario, ratificó el temor que tienen muchos indígenas de que el Gobernador esté ya del lado de la empresa.

“Nosotros no nos oponemos al desarrollo, pero creemos que hay que tener en cuenta la diversidad étnica también”, dijo al comienzo de la reunión el Cabildo Gobernador Kogui José Santos. Lo que piden son los estudios, ambientales, sociales y de ingeniería que han consultado los ministerios y a los que ellos no han tenido acceso. Uno de los cabildos les recuerda que el convenio 169 de la OIT ordena que la consulta previa sea informada. Y ellos información no tienen.

“Pero ni el Gobernador sabe de qué se trata este proyecto, a nosotros solo nos ha hablado de desarrollo pero sin detalles”, dijo el Cabildo Kogui antes de que el Gobernador interviniera en la reunión. Su intervención fue corta. Habló diez minutos en los que saludó a cada uno de los cabildos y funcionarios de gobierno e insistió en que espera que indígenas y empresa puedan ponerse de acuerdo. Pocos minutos después se fue del resguardo.

Su propósito era ‘dar su bendición’ al proceso de preconsulta que deben programar ambas partes, porque ponerse de acuerdo en las fechas y los horarios no es tarea fácil. Ya eran las cuatro de la tarde, y todavía no había hablado la empresa Puerto Brisa. Faltaba todavía determinar cómo harían la consulta previa. Toda la discusión seguía en revisar conceptos, resoluciones o sentencias como si fueran las reglas de juego en la discusión. Luego del almuerzo de carne, plátano y arroz ofrecido por los indígenas, continuó la reunión.

Mientras todos almorzaban, en la Maloka se quedó mambeando Arregocés Comchacala, quien fue Cabildo gobernador Kogui. “Entre norma y norma, esto es mucho estrés para los pueblos”, dice. Y abre su mochila para que jóvenes que pasan a saludarlo metan unas hojas de coca a cambio de las que él pone en las la mochilas de ellos, una forma de saludo.

Afuera llueve pero dentro de la Maloka no hace frío porque hay dos pequeñas fogatas prendidas. Arregocés cuenta que la noche anterior los cabildos se quedaron hasta las tres de la mañana fijando su posición. Algunos, de hecho, sienten que con solo discutir el proyecto traicionan a los mamos que pidieron oponerse desde un principio a la construcción del puerto. Otros creen que hay que hacer primero la consulta previa, para que luego la Corte no diga que hubo falta de voluntad.

Arregocés fue Cabildo Gobernador por 25 años y se sabe todas las normas: las de antes de la Constitución del 91 y las más recientes y se dedicó en los noventas a que campesinos y terratenientes respetaran el territorio indígena de la Sierra Nevada. Y aunque las leyes y el enemigo para él pudieron cambiar de cara, las únicas leyes que no han cambiado son las de su pueblo.

“Vamos a seguir dando la pelea, a La Sierra le toca estar unida, estos proyectos no pueden dividir al pueblo por la plata. Porque cada cosa que van haciendo la hacen sobre los sitios sagrados”, dice.

Cuando arranca de nuevo la reunión llega una sorpresa. La vocera del Ministerio del Interior, Paula Bernal, pide disculpas públicas por “el Ministerio haber notificado la no presencia de comunidades indígenas en 2005”. La frase fue rápida, pero no pasó desapercibida. Los cuatro cabildos y el representante de la Defensoría del Pueblo pidieron que las disculpas quedaran registradas en el acta de la reunión. La disculpa ellos la merecían desde hace unos años.

Los indígenas recordaron que en 1998 y 1999 el Ministerio de Ambiente no otorgó la licencia a Prodeco S. A. ni a la empresa de carbones el Cerrejón cuando éstas quisieron construir un puerto en esa zona. Y no lo hizo porque, en esos años, la Dirección de Etnias sí ordenó la consulta y en ella quedó claro que en la zona dónde querían construir el puerto está Jukulwa, cerro sagrado de los pueblos indígenas. Así que se frenó.

“Al cortar el cerro se pierde la cadena de comunicación espiritual de la Sierra. La Sierra tiene una conexión con otros países, una conexión espiritual”, explicó a La Silla Comchacala.

Además de que es un sitio dónde los indígenas hacen pagamentos, es también la principal fuente que tienen de caracuchas, conchas de mar que luego son tostadas y cuyas cenizas se introduce en el poporo -calabacín vacío- para mambear. Ninguno de los cuatro pueblos indígenas vive en Dibulla, ni tienen resguardo en Jukulwa. Pero por la importancia espiritual que tiene para ellos el cerro, le habían puesto freno a la construcción. Hasta que llegó Puerto Brisa, la única que sí obtuvo la licencia por el ‘error’ del Ministerio y que ya cortó el cerro sagrado en dos.

A la seis de la tarde llegó por fin la intervención del Vicepresidente de Puerto Brisa, quien se había mantenido en silencio durante toda la reunión. “No tenemos problema con que lo que está en los Ministerios sobre la empresa sea conocido por el público, pero no la información que tiene reserva”, dijo.

Sacó una hoja de su morral y leyó un comunicado oficial de la empresa para la reunión: dice que respetan a las comunidades indígenas, que quieren cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional y que esta los incluye a ellos como miembros de la consulta multicultural. Y termina, “pero no vamos a salir completamente de acuerdo”.

Sobre las implicaciones culturales del puerto no habla. Se queda en que ya tienen la licencia ambiental pero que aun así la Corte ordenó discutir los impactos del proyecto. Y por eso están allí. Pero lo de la licencia y el impacto ambiental tampoco es tan fácil de digerir para los indígenas.

En 1999, tanto el Instituto Humboldt, como Invemar concluyeron que la zona donde se va a construir el puerto era un humedal y por esto inicialmente ni Prodeco ni Cerrejón pudieron construir sus puertos. “Se encuentran ecosistemas de manglar de características únicas en el Caribe Colombiano”, dice la resolución 0621 del Ministerio de Medio Ambiente que negó la licencia a finales de los noventas basándose en los estudios de ambos organismos ambientales.

Además argumentaron que las tortugas marinas, los caimanes y los patos migratorios se verían amenazados. En el mismo sentido se pronunciaron los dos institutos cuando Puerto Brisa propuso construir el puerto en 2001 y solo Corpoguajira, la CAR en este departamento, dio su concepto favorable. Luego lo hizo el Ministerio de Medio Ambiente, bajo la dirección de la ex Ministra Sandra Suárez, en contravía de lo que habían dicho sus antecesores.

“Por no cuidar el medio ambiente es que hay una ola invernal, es que el país está inundado”, dijo uno de los cabildos cuando comenzaron a sonar truenos lejanos. Un par de risas se escucharon entre las gotas de lluvia, como si fuera imposible creer que las inundaciones tuvieran relación con los megaproyectos de la Sierra.

“Yo veo en los ministerios un desconocimiento de los pueblos indígenas”, dijo a La Silla Vacía Andrea Becerra, abogada de los indígenas e investigadora del Ilsa, Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo. Ella ha acompañado a los cuatro pueblos desde el 2005 ante el Tribunal Superior de Bogotá, ante la Corte Suprema y finalmente ante la Corte Constitucional para reclamar su derecho a la consulta previa.

Los cabildos le tienen confianza. Se acercan para preguntarle algún concepto y ella se acerca a ellos para recomendarles qué decir antes de intervenir. Y aunque no mambea, reconoce la importancia que tiene esta tradición en las comunidades. “Su arma es el poporo”, explica. Y no se necesita mucho tiempo con ellos para ver la importancia de este ritual: toda la mañana, tarde y noche, los cabildos discutieron y escucharon a cada uno de los que intervinieron en la reunión, sin dejar de mambear.

A medida que fue anocheciendo, los cabildos tuvieron la oportunidad de reclamarle a la empresa por todo aquello que no les fue consultado y debió serlo.

Aunque Puerto Brisa todavía no ha comenzado a construir sobre el mar y solo se han adelantado obras en tierra, apenas se levante la suspensión impuesta por la Corte, el mar es la última fase que le queda. Y queda algo más: aunque inicialmente no iban a exportar carbón -o al menos eso decía su licencia ambiental inicial- Puerto Brisa presentó una modificación de su licencia al Ministerio de Ambiente en 2010 pidiendo que se les permitiera manejar este mineral también en el puerto. Y se les permitió, de nuevo, sin consulta previa. La Dian también declaró ese mismo año en una resolución que declaró a casi 300 hectáreas de las 1.300 que componen el puerto como zona franca. La minera Cemex y multinacionales chinas están interesadas en la zona franca, según dijo el ingeniero ambiental de Puerto Brisa a La Silla Vacía.

“La zona franca no es de Puerto Brisa, es de un aliado”, dijo a los indígenas el representante de la empresa Javier Méndez cuando se le pidió que explicara ese asunto. Pero algo distinto dijo el ingeniero ambiental de la empresa a La Silla Vacía: “son los mismos dueños”.

A las once de la noche quedó definido: no habría consulta previa hasta que Puerto Brisa no entregara toda la documentación disponible sobre los impactos del puerto a las comunidades. Igualmente debían hacerlo el Ministerio del Interior y el Ministerio de Ambiente. ¿Qué pueden encontrar?

Mingueo

Para llegar a Puerto Brisa hay que pasar por un retén militar, instalado desde hace más de cinco años para controlar el contrabando en la vía principal que conecta a Riohacha y Santa Marta.

La entrada al puerto está restrigida al público y para pasar es necesario mostrar la cédula, carnet de EPS, otro carnet con fotografía y llegar con cita previa. Al entrar, solo se ve una carretera destapada que va hacia el mar, en medio de una planicie. “Esto es todo lo que hay”, dice Olainer Martínez, ingeniero ambiental de Puerto Brisa. Hay un poco más de lo que dice. Pero para verlo hay que caminar hasta la Costa. Es cierto que es poco lo construido aún, sobre todo para lo que falta.

La Zona Franca (arriba), macrocilindros chinos
(medio), y la maquina de construcción para el puerto (abajo).

El puerto va a ser construido para que empresas de carbón del Cesar y del Magdalena puedan exportar por allí y no desde el puerto de Santa Marta, que queda más lejos y que no goza de los beneficios tributarios de la zona franca recién constituida.

Olainer sabe que un puerto como este gastaría 600 litros de agua por segundo, pero argumenta que la empresa piensa construir dos plantas de tratamiento para recuperar el agua.

El carbón necesita ser regado antes de ser transportado, para disminuir la contaminación en el aire con el polvillo que genera.

“Se estima que 246 tractomulas diarias van a pasar por la carretera que lleva a Puerto Brisas”, dijo a La Silla una de las ambientalistas que estudia el transporte del carbón.

Aunque todavía no hay carbón en el puerto, ya están listas las placas de cemento para construirlo y también está instalada una máquina que conectará tierra y mar y que las va a ir poniendo una tras otra. Además de las placas, en la zona designada como Zona Franca hay casi 100 macrotubos de acero. “Son tubos de una empresa China, más fuertes de los que se consiguen en Colombia. Ya los importaron porque la Zona Franca sí puede funcionar”, dice Olainer.

El argumento más fuerte que tiene Puerto Brisas para construir el puerto es el del desarrollo: dice que se disminuirían los fletes en un 35 por ciento para que los empresarios puedan competir a bajos precios en el mercado internacional y tienen la posibilidad de atender buques de gran calado; Puerto Brisas también calcula que generará 1.800 empleos directos y 16 mil indirectos durante su fase de construcción para Mingueo, donde fuera de uno que otro hotel y algunas fincas ganaderas hay pocas fuentes de empleo. Y bajo la promesa del trabajo, es que el corregimiento ha comenzado a oponerse a las comunidades indígenas que exigen la consulta.

“Toda actividad genera un impacto”, dijo Olainer a La Silla Vacía sobre las consecuencias medio ambientales. Pero para él, el impacto es solo ambiental, no cultural, porque en la zona no viven indígenas y por eso la decisión de la Corte le parece absurda.

Aun así, en medio del cerro ahora cortado en dos por el camino que hizo Puerto Brisa, está la máquina lista para construir el puerto. Jukulwa es una montaña pequeña, sin árboles y con poco pasto. Pero tenía algo extra para los indígenas, que es invisible a los ojos del desarrollo: es sagrado.

El mar frente al puerto sigue virgen: no hay tubos enterrados aún, ni siquiera alguna señal del futuro puerto. El horizonte está limpio. Olainer admite que un segundo puerto carbonífero si podría terminar cambiándole totalmente la cara a este paisaje. Y el segundo megaproyecto que tiene a los indígenas en vilo es precisamente el nuevo puerto que quiere construir la multinacional MPX.

Dibulla

Antes de que terminara la reunión en Domingueka, delegados del Ministerio del Interior se acercaron a los cabildos en medio de la oscuridad para anunciarles que pronto estarían convocando a una consulta previa para discutir otro proyecto: el puerto de MPX.

Esta multinacional brasileña ya cuenta con 521 hectáreas en Dibulla y quiere exportar hasta 20 millones de toneladas de carbón al año. Y aunque todavía están preparando la solicitud de licencia ambiental que van a presentar, los empresarios han comenzado a moverse entre las comunidades indígenas y de Dibulla, donde piensan construir.

Dibulla es un pueblo al que se llega por una carretera rodeada de manglares, que tiene solo 22 mil habitantes y donde es posible ver al mismo tiempo las montañas de la Sierra y el horizonte del mar cuando se llega a la playa. No vive del comercio, porque no tiene acceso fácil a la vía principal. No vive del turismo, aunque se están construyendo algunos hoteles cerca. Dibulla vive de la pesca tradicional. Allí, MPX ya no se enfrenta con las tradiciones indígenas, sino con la de los pesqueros.

Una de las playas de Dibulla.

“El puerto nos va a afectar porque está en el sitio dónde nos va bien, donde está la fauna, el pargo, los langostinos. Vamos a perder el sustento”, dijo a La Silla Vacía uno de los pescadores del pueblo que prefirió no dar su nombre. Su casa queda frente a la playa y además de pescar puso un restaurante donde la oferta para almorzar no termina: langostinos, langostas, pargo, sierra, atún, mojarra. “Cualquier marisco lo tengo o lo consigo”, dice.

Ahora está preocupado porque se le acabarán los dos negocios -el restaurante y la pesca- y no tiene un plan B de sustento. “Las empresas quieren que los pescadores hagan cooperativas, eso han ofrecido. No nos han ofrecido algún tipo de indemnización, que es lo que yo quisiera porque pescar ahora va a ser imposible”, dijo.

John Padilla, líder de los pescadores en este pueblo, estima que son 400 los pescadores en Dibulla y que no hay casa en el pueblo que no dependa de uno. Padilla es quien ha alzado la voz en las dos reuniones que ha convocado MPX en el pueblo.

“La última vez nos dijeron 'hagan lo que hagan, el puerto va porque va'”, cuenta él. “Y, aunque no nos han prohibido pescar, el puerto va a estar donde hay arrecifes naturales, donde más se captura”. La diferencia con los indígenas, es que los pescadores no tienen cómo parar la construcción: no están organizados, la consulta previa con ellos no es obligación constitucional y no cuentan con el respaldo del gobierno local.

Como lo informó el diario El Heraldo hace dos semanas, funcionarios de Corpoguajira y concejales de Dibulla fueron invitados por la minera MPX a Brasil. Según Folha de Sao Paulo, en cada invitado la compañía gastó 5 mil dólares.

Uno de los concejales que fue es Fenris Freile, del Partido Liberal, que insiste en que ese viaje solo consistía en conocer los proyectos de Brasil en los que las comunidades locales y los megaproyectos no se enfrentan más en la tensión entre desarrollo y tradición. “La comunidad y las empresas trabajan unidas, porque la mano de obra es local”, le dice a Padilla. Y el pescador, le responde que MPX no quiso contratar a su hijo como buzo ahora que están haciendo exploraciones marítimas. “Ya los traen de Santa Marta”, le respondió.

Para Padilla es claro que MPX hará todo lo que pueda para construir el puerto y los pescadores tienen todas las de perder. “Si MPX ya tiene licencia para explorar carbón, ¿cómo no les van a dar licencia para tener por dónde sacarlo?”.

Cañaverales

La pelea contra MPX no es solo en Dibulla, es también en Cañaverales, un pueblo al otro lado de la Sierra donde la multinacional piensa explotar carbón.

MPX tiene 65 mil hectáreas para explotar en la Guajira y tiene planeado arrancar operaciones en este semestre. La explotación que tiene planeada es a cielo abierto, es decir que por medio de explosivos fragmentan material estéril, que es luego removido con excavadoras y camiones. El resultado: un cráter donde queda al descubierto la capa geológica donde está el carbón. Por la alta contaminación en el aire que provoca, MPX se ha comprometido con programas sociales en Cañaverales.

La multinacional ha firmado acuerdos con las alcaldías en los que se compromete a ayudar a disminuir la pobreza extrema y a trabajar por la primera infancia en los centros poblados de los municipios bajo su influencia. También tiene una alianza con el Sena Regional Guajira para capacitar jóvenes del área de influencia del proyecto y para apoyar proyectos de emprendimiento.

Pero las promesas sociales se han quedado cortas. Por ahora MPX ha sido denunciado porque sus camiones han empeorado las vías en la zona y se dice que -aparte de organizar una jornada para que los jóvenes obtengan su tarjeta militar- es poco lo que han hecho en lo social. Y tampoco están compensando con lo ambiental. Por medio de una acción popular, Cañaverales pidió al Ministerio de Medio Ambiente que no le otorgue la licencia ambiental de explotación a la multinacional minera, porque ésta planea explotar tan solo a 790 metros de este corregimiento. La contaminación en el aire sería mortal.

Aunque la acción popular dice que los habitantes están sobre todo preocupados por la exposición a las partículas que expide la explotación de carbón a cielo abierto, hay un tema aún más grave: el agua.

En 2009, la fundación ambientalista Biocolombia hizo un estudio para Corpoguajira en el que establecía qué zonas del corregimiento debían declararse zonas protegidas para garantizar el acceso al agua de sus habitantes. Cañaverales se surte de un manantial que lleva su mismo nombre. “Una parte, el extremo noroccidental, se cruza con el área de donde MPX propone hacer el tajo, el hueco donde van a hacer la exploración”, dijo a La Silla Vacía uno de los investigadores. “Se corre el riesgo muy grande de que el manantial pueda desaparecer”.

El informe fue entregado a CorpoGuajira en octubre del año pasado, estos pidieron al Instituto Humboldt un concepto para declarar la zona como protegida y el Instituto se pronunció a favor. Pero la Corporación pidió al Ministerio de Minas y Energía un concepto - requisito para declarar las zonas como protegidas de acuerdo al Código de Minas, aunque el concepto no es vínculante- y han pasado nueve meses sin que el Ministerio se pronuncie.

Mientras Corpoguajira se pronuncia, el clima se está calentando en Cañaverales. El 21 de mayo, 270 familias cerraron la vía de San Juan del Cesar, Fonseca y Conejo desde las 6 de la mañana. “La protesta es porque los entes del Estado, no solo departamental y municipal, han hecho caso omiso al llamado que nosotros les hemos hecho para que socialicen junto con la empresa. Aquí la empresa MPX vino de Brasil a Cañaverales y entró como Pedro por su casa, sin presencia de los entes del Estado. Por eso nosotros nos sentimos desplazados”, dijo entonces Ramón Rosellón, habitante de Cañaverales, al Diario del Norte, el principal periódico de la Guajira.

¿Lograrán los indígenas que las multinacionales no caminen como Pedro por su casa? Después de la reunión en Domingueka, los cabildos pasaron la madrugada discutiendo que Puerto Brisa era apenas la punta del iceberg.

Ellos aún no se han reunido para discutir cómo piensan enfrentar las amenzas ambientales que implican los otros macroproyectos. Aunque Cañaverales no está en territorio indígena, el agua del que se surte viene de la Sierra y ese sí les concierne. Al igual que el agua que utilizará Puerto Brisa con el río Cañas, o el puerto de MPX con el río Ancho. Alrededor de una fogata y con la luna llena como foco de luz, los cuatro cabildos decidieron que tendrán que mantenerse unidos, para que no pase con el agua de estos ríos lo que pasó con el río Ranchería cuando se construyó la Represa de El Cercado en San Juan del Cesar.

La Ranchería

Pedro Loperema es líder del pueblo Wiwa y se dedica a enseñar a los más jóvenes sobre el riesgo que corre el agua desde que llegaron los megaproyectos. Viajó a Bogotá hace dos semanas a buscar recursos destinados a un taller de derechos humanos para los jóvenes de 14 comunidades Wiwas. “Al final del taller, se les hará un recorrido por la línea negra dónde están los lugares sagrados alrededor de los proyectos. A los estudiantes les hablamos de las amenazas al territorio, y luego queremos que vean los hechos”, cuenta Loperema.

Cuando él cuenta la historia de los megaproyectos, comienza siempre por la historia de los derechos humanos. Los Wiwas eran los que vivían en parte más baja de la Sierra Nevada, en la cuenca media del río Ranchería. Y fue el pueblo indígena más afectado cuando el conflicto reinó en la zona. La guerrilla llegó a finales de los ochentas (primero el EPL, luego las Farc y el ELN). En 2001 se instalaron los paramilitares, el comando 45 de las AUC del Bloque Norte se tomó la zona dónde vivía su pueblo. Cuando cuenta esta historia, va recordando el nombre de cada uno de los líderes wiwas asesinados y la fecha exacta en la que murieron.

¿Qué tienen que ver ellos con los megaproyectos?

“Pues que mientras que el pueblo Wiwa estaba amenazado, los interesados en construir la represa de la Ranchería se movilizaban por ahí, como si nada”, dice.

“La empresa UTG -Unión Temporal Guajira- tenía que consultar a los pueblos indígenas, pero a los líderes los estaban matando. La multinacional dividió entonces a las comunidades, dijo que solo consultaría a los que tenían influencia en la zona”.

Pero cuando se trata de consulta previa en la Sierra Nevada, la autoridad de consulta es el Consejo Territorial Cabildo o CTC, que reúne a los cuatro pueblos. “Porque todos se ven afectados, cambiar el curso del río es como mochar un brazo a toda la Sierra Nevada”. El curso fue afectado, la represa se construyó, y ahora se ven las consecuencias ambientales de la decisión.

Cuando arrancó el proceso de construcción en 2006, no se retiró la biomasa. Es decir, en vez de retirar los árboles y vegetación que estaba en la zona, la inundaron con agua. Esto implica que se necesita un proceso de oxigenación muy costoso para que el agua no se pudra y no se propaguen enfermedades. Y este proceso no se ha llevado a cabo. Por eso, en el corregimiento de Caracolí, ya van varios casos de muertes por dengue por la contaminación en el agua.

Durante la ola invernal a finales del año pasado, la represa se llenó y terminó afectando -por inundaciones y enfermedades- a 16 comunidades indígenas Wayúus. Pero a pesar de los daños ambientales, el Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo dijo que el gobierno está comprometido con construir una segunda fase del proyecto y sólo se ha quejado por el enorme costo que implica.

“Cuando se llenó la represa, eso no fue culpa del fenómeno de la Niña, fue por estar dañando los lugares sagrados”, piensa Loperema, al igual que lo hicieron los cuatro cabildos en la reunión en Domingueka y al igual que todos los líderes de la Sierra Nevada. La culpa del invierno tiene nombre, tiene NIT y tiene plata.

La pregunta es si Santos recordará las cuatro piedras que le regalaron los mamos de la Sierra y si será capaz de poner a andar su locomotora minera en la Guajira sin pasar por encima de las consultas, de las tradiciones, de los pescadores y de los ríos. Por ahora, parece que las hubiera usado solo el día de su discurso frente a las cámaras de televisión.

Nota de la editora: Después de publicada esta nota, CorpoGuajira se comunicó con La Silla Vacía para aclarar que ellos han llevado a cabo todos los procedimientos jurídicos para declarar la zona de Cañaverales como área protegida, pero que el Ministerio de Minas aún no les ha dado el concepto que se requiere. Incluimos esta información en la Historia.