CAROLINA PEÑA MAYO 4, 2015 0
Las 6.450 investigaciones sobre minería ilegal, que la Fiscalía ha abierto en los últimos meses, confirman que este negocio subterráneo se ha extendido por todo el territorio nacional.
El mapa que elaboró la Dirección Nacional de Fiscalías es aterrador.
Las bandas de buscadores de oro, coltán y hasta uranio están regadas por 12 regiones del país que incluyen 21 departamentos: Cauca, Antioquia, Chocó, los Santanderes, Amazonas, Guainía, Putumayo, Valle, Vichada, Cundinamarca, Sucre, Boyacá, Vaupés, Bolívar, Magdalena, Cesar, Córdoba, Risaralda, Caldas y Caquetá.
Hasta los indígenas que habitan la isla Yarí –territorio formado por dos brazos del río Caquetá– se han visto afectados. Al menos 30 hombres, vinculados a las Farc y a bandas criminales, llevan meses extrayendo oro a punta de mercurio y cianuro.
De hecho, la Fiscalía le acaba de pedir ayuda al Ministerio de Salud, para que atienda a los indígenas tras comprobar que su alimento está contaminado y que la cadena reproductiva de animales de caza y pesca también está afectada.
“Los altos contenidos de mercurio en los peces hacen prever que los ciudadanos receptores de la pesca, como comunidades indígenas, colonos y demás consumidores, presenten un bioacumulado de este material pesado”, dice un documento en el que la Fiscalía alerta que el fenómeno se está tragando literalmente el suelo del país.
“Allí funciona una cadena delictiva que se gesta desde el tráfico de combustible e insumos, pasa por la extracción y comercialización del material precioso y la financiación de grupos armados al margen de la ley, cumpliendo con todo el fenómeno de macrocriminalidad”, dice el informe, en manos de EL TIEMPO.
El documento fue elaborado tras la investigación de Policía judicial que llevó a tramitar 36 órdenes de captura contra personas vinculadas a la extracción ilegal de oro en isla Yarí y en el Amazonas.
En febrero pasado, todos fueron detenidos en un operativo que requirió el trabajo conjunto de Fiscalía, Policía, Fuerza Aérea y Armada Nacional.
En la redada cayeron el brasileño Raimundo Alves de Souza y el peruano Antonio Francisco Silva Barroso, quienes tendrán que responder por minería ilegal y contaminación ambiental.
Estas conductas son castigadas con penas que van desde los 5 hasta los 12 años de cárcel.
Impacto ambiental
Según cálculos conservadores, la explotación ilegal de oro en Colombia mueve alrededor de 45.000 millones de pesos al mes.
La Fiscalía hoy lleva 512 procesos por extracción ilícita de oro, 124 por carbón, 200 por canteras, 13 por coltán, uno por mercurio, otro por uranio, y por materiales varios, 123.
Es tal el lucro que genera que en algunas regiones, en cuestión de meses, han aparecido asentamientos anormales de población flotante, cerca de cabeceras municipales, como ocurrió en la zona entre Timbiquí y López de Micay (Cauca).
Informes de las alcaldías y de las personerías de esos municipios, recogidos por la Fiscalía en un documento del 15 de marzo, indican que más de mil personas, que llegaron por vía fluvial desde Buenaventura, armaron “entables a cielo abierto”, llevaron dragas y empezaron a explotar oro de aluvión utilizando sustancias peligrosas como el mercurio y el cianuro. El control del negocio y del territorio lo asumieron los frentes 6, 29 y 30 de las Farc.
El oro está siendo sacado de esa región encaletado en viejos camperos que se aventuran por trochas, o en vuelos chárter. Las fotos aéreas de la zona evidencian que la explotación masiva ilegal del oro cambió el paisaje y varió el cauce del río Joli. Por este caso, a finales de marzo fueron capturadas 11 personas, en un operativo realizado simultáneamente en Popayán, Guapi, Buenaventura, Rozo, Jamundí, Bogotá y Cali.
Entre los detenidos están José Urbano Muñoz, Aiber Cabezas, Álvaro Garcés Advincula y Manuel Angulo Riascos. Pero en la investigación hay 18 personas más vinculadas, entre ellas expolicías y miembros de la Armada Nacional.
Incautación de uranio
Las autoridades ya les han incautado retroexcavadoras y dragas, bienes y dinero por valor de 11.500 millones de pesos.
Y si bien también hay minería ilegal en la explotación de bauxita, mercurio, tungsteno, caolín, caliza, gravilla, carbón, níquel, recebo, roca muerta, hidrocarburos e incluso arcilla, hay dos minerales que tienen en alerta a autoridades internacionales: el coltán y el uranio.
En Morichal, Pana y Puerto Colombia (Guainía), la Fiscalía ha incautado en los últimos meses 350 kilos de uranio.
Este material es controlado internacionalmente por usarse para la elaboración de armas nucleares. Según la Fiscalía, ya hay cinco personas vinculadas a su comercialización, dos de ellas en etapa de juicio.
La dimensión del problema es tal, que bajo el manto de títulos mineros y concesiones legítimas se escudan los ilegales. Por eso, ya hay un trabajo interinstitucional entre la Fiscalía, los ministerios de Minas, Salud y Ambiente y las autoridades de parques nacionales, para hacerle frente y evitar que el monstruo siga creciendo.
Sobornos a policías y casos en la impunidad
La Fiscalía investiga a funcionarios del Amazonas por sus presuntos nexos con las bandas dedicadas a la extracción ilegal del oro. El caso estuvo a punto de frustrarse porque sus capturas fueron en la zona de extracción ilegal y, por su lejanía, se dificultó llevar a los detenidos ante un juez antes de las 36 horas, como lo ordena la ley.
En la investigación por minería ilegal en el Cauca están vinculados dos integrantes de la Armada, así como el excomandante de la Policía de López de Micay, Orobio Caicedo. El exuniformado es acusado de dar información a las Farc para el ataque a la isla Gorgona, el 22 de noviembre del 2014.
La Fiscalía también vinculó a un proceso penal al patrullero de la Policía Nelson Palencia, quien trabaja para la Sijín en Cimitarra, Santander. El uniformado es señalado por testigos de recibir un millón de pesos mensuales para no denunciar a los cabecillas de una organización criminal que trafica con madera extraída ilegalmente del parque natural Yariguíes, en el Magdalena Medio.
Fuente: El Tiempo
Las 6.450 investigaciones sobre minería ilegal, que la Fiscalía ha abierto en los últimos meses, confirman que este negocio subterráneo se ha extendido por todo el territorio nacional.
El mapa que elaboró la Dirección Nacional de Fiscalías es aterrador.
Las bandas de buscadores de oro, coltán y hasta uranio están regadas por 12 regiones del país que incluyen 21 departamentos: Cauca, Antioquia, Chocó, los Santanderes, Amazonas, Guainía, Putumayo, Valle, Vichada, Cundinamarca, Sucre, Boyacá, Vaupés, Bolívar, Magdalena, Cesar, Córdoba, Risaralda, Caldas y Caquetá.
Hasta los indígenas que habitan la isla Yarí –territorio formado por dos brazos del río Caquetá– se han visto afectados. Al menos 30 hombres, vinculados a las Farc y a bandas criminales, llevan meses extrayendo oro a punta de mercurio y cianuro.
De hecho, la Fiscalía le acaba de pedir ayuda al Ministerio de Salud, para que atienda a los indígenas tras comprobar que su alimento está contaminado y que la cadena reproductiva de animales de caza y pesca también está afectada.
“Los altos contenidos de mercurio en los peces hacen prever que los ciudadanos receptores de la pesca, como comunidades indígenas, colonos y demás consumidores, presenten un bioacumulado de este material pesado”, dice un documento en el que la Fiscalía alerta que el fenómeno se está tragando literalmente el suelo del país.
“Allí funciona una cadena delictiva que se gesta desde el tráfico de combustible e insumos, pasa por la extracción y comercialización del material precioso y la financiación de grupos armados al margen de la ley, cumpliendo con todo el fenómeno de macrocriminalidad”, dice el informe, en manos de EL TIEMPO.
El documento fue elaborado tras la investigación de Policía judicial que llevó a tramitar 36 órdenes de captura contra personas vinculadas a la extracción ilegal de oro en isla Yarí y en el Amazonas.
En febrero pasado, todos fueron detenidos en un operativo que requirió el trabajo conjunto de Fiscalía, Policía, Fuerza Aérea y Armada Nacional.
En la redada cayeron el brasileño Raimundo Alves de Souza y el peruano Antonio Francisco Silva Barroso, quienes tendrán que responder por minería ilegal y contaminación ambiental.
Estas conductas son castigadas con penas que van desde los 5 hasta los 12 años de cárcel.
Impacto ambiental
Según cálculos conservadores, la explotación ilegal de oro en Colombia mueve alrededor de 45.000 millones de pesos al mes.
La Fiscalía hoy lleva 512 procesos por extracción ilícita de oro, 124 por carbón, 200 por canteras, 13 por coltán, uno por mercurio, otro por uranio, y por materiales varios, 123.
Es tal el lucro que genera que en algunas regiones, en cuestión de meses, han aparecido asentamientos anormales de población flotante, cerca de cabeceras municipales, como ocurrió en la zona entre Timbiquí y López de Micay (Cauca).
Informes de las alcaldías y de las personerías de esos municipios, recogidos por la Fiscalía en un documento del 15 de marzo, indican que más de mil personas, que llegaron por vía fluvial desde Buenaventura, armaron “entables a cielo abierto”, llevaron dragas y empezaron a explotar oro de aluvión utilizando sustancias peligrosas como el mercurio y el cianuro. El control del negocio y del territorio lo asumieron los frentes 6, 29 y 30 de las Farc.
El oro está siendo sacado de esa región encaletado en viejos camperos que se aventuran por trochas, o en vuelos chárter. Las fotos aéreas de la zona evidencian que la explotación masiva ilegal del oro cambió el paisaje y varió el cauce del río Joli. Por este caso, a finales de marzo fueron capturadas 11 personas, en un operativo realizado simultáneamente en Popayán, Guapi, Buenaventura, Rozo, Jamundí, Bogotá y Cali.
Entre los detenidos están José Urbano Muñoz, Aiber Cabezas, Álvaro Garcés Advincula y Manuel Angulo Riascos. Pero en la investigación hay 18 personas más vinculadas, entre ellas expolicías y miembros de la Armada Nacional.
Incautación de uranio
Las autoridades ya les han incautado retroexcavadoras y dragas, bienes y dinero por valor de 11.500 millones de pesos.
Y si bien también hay minería ilegal en la explotación de bauxita, mercurio, tungsteno, caolín, caliza, gravilla, carbón, níquel, recebo, roca muerta, hidrocarburos e incluso arcilla, hay dos minerales que tienen en alerta a autoridades internacionales: el coltán y el uranio.
En Morichal, Pana y Puerto Colombia (Guainía), la Fiscalía ha incautado en los últimos meses 350 kilos de uranio.
Este material es controlado internacionalmente por usarse para la elaboración de armas nucleares. Según la Fiscalía, ya hay cinco personas vinculadas a su comercialización, dos de ellas en etapa de juicio.
La dimensión del problema es tal, que bajo el manto de títulos mineros y concesiones legítimas se escudan los ilegales. Por eso, ya hay un trabajo interinstitucional entre la Fiscalía, los ministerios de Minas, Salud y Ambiente y las autoridades de parques nacionales, para hacerle frente y evitar que el monstruo siga creciendo.
Sobornos a policías y casos en la impunidad
La Fiscalía investiga a funcionarios del Amazonas por sus presuntos nexos con las bandas dedicadas a la extracción ilegal del oro. El caso estuvo a punto de frustrarse porque sus capturas fueron en la zona de extracción ilegal y, por su lejanía, se dificultó llevar a los detenidos ante un juez antes de las 36 horas, como lo ordena la ley.
En la investigación por minería ilegal en el Cauca están vinculados dos integrantes de la Armada, así como el excomandante de la Policía de López de Micay, Orobio Caicedo. El exuniformado es acusado de dar información a las Farc para el ataque a la isla Gorgona, el 22 de noviembre del 2014.
La Fiscalía también vinculó a un proceso penal al patrullero de la Policía Nelson Palencia, quien trabaja para la Sijín en Cimitarra, Santander. El uniformado es señalado por testigos de recibir un millón de pesos mensuales para no denunciar a los cabecillas de una organización criminal que trafica con madera extraída ilegalmente del parque natural Yariguíes, en el Magdalena Medio.
Fuente: El Tiempo
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