viernes, 20 de julio de 2012

CAUCA, COLOMBIA: ENTRE BASTONES Y FUSILES... FELIZ DÍA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL...



FELIZ DÍA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL...

Sargento García, imagen archivo Wordpress
Toribío, Cauca. Julio 20 de 2012


La patética escena del sargento Rodrigo García llorando "por una humillación que ningún colombiano merece" ilustra claramente la situación que se vive en el Cauca, y por extensión, la manera como el país resuelve sus conflictos: por la fuerza, a los balazos, y en añadidura planteándose dilemas inexistentes que conllevan al señalamiento de las víctimas y la complacencia con los opresores.  
               
Porque el reclamo de los indígenas Nasa es puntual: que los dejen en paz. Se lo dicen tanto al Estado colombiano, cuya presencia se reduce a contingentes militares que velan por la seguridad de dos torres telefónicas, utilizadas por multinacionales; y a la guerrillas de las FARC, "cuya nueva estrategia militar es resguardarse en la cordillera Occidental" (Uprimny, Hora 20), con lo cual siembran el terror en la zona para consolidar y fortalecer su posición y las rutas de tráfico de drogas hacia el Pacífico. Uno como otro son indiferentes a la población indígena, pues sus intereses son diferentes y opuestos: el Estado que busca pacificar la zona con el eufemismo de "proteger la inversión extranjera", y las Farc en su lucha desesperada por el control de la zona, cuyos cultivos de hoja de coca son vastísimos. 
CAUCA: ENTRE BASTONES Y FUSILES


Toribío, uno de los escenarios del conflicto




En últimas intereses económicos, que inciden directamente en la población Nasa y es el motivo de sus reclamos airados. Y por este hecho, por hacer valer sus derechos -recurriendo a las vías de hecho, cosa que entiendo pero no justifico- han sido objeto del señalamiento y la estigmatización de medios de comunicación (la entrevista hecha por Luis Carlos Vélez en Caracol noticias fue poco menos que un encerrona amañada que forzó las declaraciones del representante indígena); de la judicialización de los órganos estatales, "los actos reprochables de los indígenas serán judicializados por una comisión de la Fiscalía", señaló el ministro de Defensa (El Tiempo); o de las órdenes perentorias del gobierno, en la búsqueda desesperada por ganar algo de credibilidad: "Vamos a Vichada y luego al Cauca. No quiero ver un solo indígena en las bases militares" escribió el presidente Santos en cuenta de Twitter hace unos días.

Declaraciones y decisiones que intentan solucionar problemáticas coyunturales, no estructurales. Paños de agua tibia que en últimas se reducen a una acción: el orden impuesto por la fuerza pública, que en sí mismo no soluciona nada y prolonga la ineficiencia estatal a la hora de hacer frente a los problemas de la sociedad civil. Que no hagan ruido, que no jodan tanto los indígenas furiosos ni los ciudadanos indignados con el espectáculo enviciado de políticos y senadores; en fin,  que actúen como siempre lo han hecho: en una eterna pasividad, una inalterable obediencia al poder político. Y si recurren a las vías de hecho, como en el Cauca, ahí está el ejército glorioso (nunca he entendido este calificativo si no ha sido capaz de derrotar a sus enemigos domésticos, y su participación internacional ha sido minúscula, apegada a la política estadounidense), enarbolando como héroes "a quienes combatieron ante la furia de la población indígena" (El Tiempo). 

Repito, se discute sobre problemas de forma terca y obstinada: la legitimidad del uso de la fuerza indígena, la legalidad de su jurisdicción, la supuesta infiltración del Farc en el conflicto. Salidas fáciles y cortoplacistas, y por eso mismo innecesarias e insuficientes. Porque el problema del Cauca es sumamente complejo, de larga data: la consolidación del Estado multicultural que reconoce la diversidad como cohesionador de nuestra sociedad, como quedó estipulado en la Constitución de 1991;  la geografía del conflicto armado colombiano, cuyas variantes y replanteamiento de directrices afectan a la población rural; el Cauca como una zona de exclusión social, en la que "no hay goce de derechos humanos mínimos de la población" (Hora 20, Uprimny). En últimas, es el abandono del Estado a la población civil la causa de toda la álgida situación del Cauca. 
El constitucionalista Rodrigo Uprimny comentaba ayer en Hora 20 que "el derecho a la protesta es esencial en una sociedad, (...) especie de derecho instrumental que conduce a la obtención de otros derechos". Y en esta brega "lleva más de 400 años la población indígena" decía Manuel Quintín Lame en una entrevista hecha en 1924 a El Espectador. La situación no ha cambiado mucho en todo este tiempo, y tal como van las cosas, no variará en este gobierno ni los subsiguientes.
La indiferencia y el abandono del Estado son fruto del desconocimiento de la realidad, y de la negligencia de los gobiernos por entender y solucionar las causas de lo que pasa en el Cauca. Ignorancia que se traslada a la gente, unos con una visión racista y engreída que se aterran porque "los indios no saben lo que es el progreso y la democracia" o reducen todo a una "malicia indígena", y otros como escribía Martha Ruíz Navarro que "creen que son seres de luz en comunión con la naturaleza". Ni lo uno ni lo otro, los indígenas son parte del Estado y la sociedad civil, con deberes y derechos ciudadanos. Aquí, se les exigen sus deberes pero se les condena por pedir y reclamar sus derechos.  
                        Manuel Quintín Lame, figura que encarnó la resistencia indígena en el país. 

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